La tasación de costas y la buena fe procesal

El art. 245.5 premia al condenado que intentó de verdad un acuerdo: puede pedir, en el mismo plazo de la impugnación, que se le exonere del pago o se modere la cuantía si su propuesta no fue aceptada y la resolución que pone término al procedimiento es sustancialmente coincidente con ella. Lo que importa es el parecido entre la propuesta y el fallo, no la forma de la propuesta ni lo que hiciera la contraria, ni una proporción de lo estimado.

El traslado de la tasación es por un plazo común de diez días (art. 244.1), y en ese mismo plazo se impugna (art. 245.1) o se pide la exoneración o la moderación (art. 245.5). Cinco días es el plazo para oír al abogado cuyos honorarios se impugnan por excesivos (art. 246.1): es un trámite del incidente de impugnación, que se abre después, no el traslado de la tasación a las partes.

La multa por mala fe procesal o abuso del servicio público de Justicia oscila de ciento ochenta a seis mil euros, se impone en pieza separada, por acuerdo motivado y con proporcionalidad (art. 247.3). Además de la horquilla tiene un tope: no puede superar la tercera parte de la cuantía del litigio. De noventa a seiscientos euros es otra multa: la que se impone, además de las costas, a quien promueve con temeridad el incidente de nulidad (art. 228.2).

Sin impugnación ni solicitud de exoneración o reducción, el letrado de la Administración de Justicia aprueba la tasación mediante decreto (art. 244.3), y contra ese decreto cabe recurso directo de revisión. La diligencia de ordenación es suya, pero sirve para dar a los autos el curso que la ley ordena, no para aprobar una cuantía. El auto y la providencia son del tribunal, que en la tasación solo entra por la revisión.

Si el abogado no acepta la reducción, se pasa testimonio de los autos, o de la parte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe (art. 246.1). La excepción es el ámbito del procedimiento testigo del art. 438 bis cuando ya hay un informe previo, y por eso el enunciado dice «como regla general». El traslado por tres días es el del cauce de las partidas indebidas (art. 246.4), y la ley no prevé ni perito ni vista.

Contra el decreto que resuelve la impugnación por partidas indebidas cabe recurso de revisión —«directo», dice la ley—, que resuelve el tribunal, y contra el auto que resuelve la revisión no cabe recurso alguno (art. 246.4). La reposición es la tentación de quien recuerda que se recurren así los decretos no definitivos del letrado (art. 451), pero aquí la ley abre directamente la revisión. La apelación es contra resoluciones del tribunal, no contra las del letrado, y «no cabe recurso alguno» es lo que la ley dice del auto que resuelve la revisión, no del decreto.

De todos los gastos del proceso, solo algunos son costas, y el primero de la lista del art. 241.1 son los honorarios de la defensa y de la representación técnica «cuando sean preceptivas». «Ninguno» es la tentación de quien confunde gastos y costas. Si la intervención no era preceptiva, esos honorarios pueden entrar aun así en la condena en costas por la excepción del art. 32.5: temeridad o abuso del servicio público de Justicia, o domicilio de la parte en otro partido judicial. Y el párrafo segundo del art. 32.5 añade un caso: el consumidor que, sin ser preceptivos, se vale de abogado y procurador para demandar tras una reclamación extrajudicial previa ve incluidas en la tasación la cuenta del procurador y la minuta del abogado, esta sin el límite del art. 394.3. Ni la designación de oficio ni una autorización previa del tribunal deciden nada.

El art. 241.2 permite a los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales —el perito por sus derechos— reclamarlos de la parte que debe pagarlos sin esperar a que el proceso termine y con independencia de lo que se decida sobre costas. Es coherente con la regla del 241.1: cada parte paga lo que se causa a su instancia a medida que se produce. La condena en costas decide después quién reembolsa a quién, pero no aplaza el pago al acreedor.

El art. 246.2 aplica a los peritos el mismo trámite que a los abogados, pero el dictamen lo emite el Colegio, Asociación o Corporación profesional a que pertenezcan: quien conoce la profesión del perito, no el Colegio de Abogados, que informa sobre los honorarios de sus colegiados (art. 246.1). La ley no prevé ni un perito que valore a otro ni la intervención del fiscal.

El art. 243.2 deja fuera de la tasación los derechos de los procuradores por los actos de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, y por las demás actuaciones meramente facultativas que podría haber hecho la Oficina judicial. No es un problema de justificación: aunque la cuenta esté detallada, la partida no entra. Ni la ley prevé reducirla ni hace salvedad alguna por haber acordado el tribunal que actuara el procurador.

Las dos impugnaciones se tramitan simultáneamente, cada una por su cauce, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos queda en suspenso hasta que se decide si la partida es debida (art. 246.5): no tiene sentido discutir cuánto vale lo que quizá no se debe. Se admiten las dos desde el principio, y lo que se escalona es la decisión, no la tramitación.

La impugnación no es solo del condenado. La parte favorecida puede impugnar la tasación por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados, o la totalidad de la minuta de su abogado o de su perito, o correctamente los derechos de su procurador (art. 245.3). La reserva para reclamar aparte es la de las partidas que nunca se pidieron (art. 244.2), no la de las pedidas y olvidadas en la tasación.

El art. 247.2 manda a los tribunales rechazar fundadamente las peticiones e incidentes formulados con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley o procesal. Es la consecuencia sobre el acto; la multa del art. 247.3 es otra, sobre la parte, y la ley dice que el tribunal «podrá» imponerla, no que lo haga siempre. Ni se difiere a la sentencia ni pasa por el fiscal.

La tasación la practica el letrado de la Administración de Justicia del tribunal que conoció del proceso o del recurso, o el encargado de la ejecución (art. 243.1, que aún dice «Secretario»), y el art. 244.1 parte de ahí: «practicada por el Letrado de la Administración de Justicia». El juez impone las costas, pero no las cuantifica. El procurador presenta la cuenta o la minuta, y el Colegio de Abogados solo informa si se impugnan por excesivos los honorarios del abogado (art. 246.1).

Si la mala fe puede ser imputable a un profesional, el tribunal da traslado al colegio profesional respectivo por si procede una sanción disciplinaria, y cuando la parte litiga con justicia gratuita, la comunicación se remite también a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (art. 247.4). «Solo al colegio» es la regla general, que olvida el añadido de la justicia gratuita; «solo a la Comisión» se queda con el añadido y pierde la regla.

El art. 243.2 manda al letrado de la Administración de Justicia reducir el importe de los honorarios de los profesionales no sujetos a arancel cuando excedan del límite del art. 394.3 y no se haya declarado la temeridad: lo hace él, al tasar, sin esperar a que nadie impugne. No los excluye, los reduce. El informe del Colegio de Abogados es otro cauce: el de la impugnación por honorarios excesivos (art. 246.1).

El escrito de impugnación tiene que mencionar las cuentas o minutas, las partidas concretas y las razones de la discrepancia; sin esa mención, el letrado de la Administración de Justicia inadmite la impugnación a trámite mediante decreto, recurrible en revisión (art. 245.4). El traslado por tres días es el trámite de la impugnación que sí se admite por partidas indebidas (art. 246.4): aquí no se llega a él.

Las copias, certificaciones, notas y testimonios que hay que pedir conforme a la ley son costas (art. 241.1.5.º), con una salvedad: los que reclama el tribunal a registros y protocolos públicos «serán gratuitos». «Se incluyen en las costas» aplica la regla y olvida la excepción; las dos últimas presuponen un importe que la ley suprime. Que cada parte pague a medida lo que se causa a su instancia (art. 241.1) vale para lo que cuesta algo.

La multa del art. 247.3, que va de ciento ochenta a seis mil euros, no puede superar en ningún caso la tercera parte de la cuantía del litigio: en un pleito pequeño, el tope lo pone la cuantía y no la horquilla. Ojo con la LJCA, que usa también la tercera parte, pero para otra cosa: el límite de lo que paga el condenado en costas en lo contencioso (art. 139.4 de la Ley 29/1998).

Cualquier partida puede impugnarse por indebida, pero la impugnación por excesiva se reserva a los honorarios de abogados, peritos y demás profesionales no sujetos a arancel (art. 245.2): lo que fija un arancel no se discute por caro. Por eso no vale para los derechos del procurador, sujetos a arancel (art. 242.4), ni para los edictos o los depósitos, que son costas (art. 241.1) pero no honorarios.