El capítulo IV del título I del libro I de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: lo que las partes pueden hacer con el proceso y con lo que piden: la renuncia, el desistimiento, el allanamiento, la transacción y la suspensión del proceso para negociar, el fin del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, y la enervación del desahucio por el arrendatario.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.
El art. 20.3 da al demandado diez días para decir si está conforme con el desistimiento o se opone. Si deja pasar el plazo sin oponerse, se le trata como si estuviera conforme.
Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dará traslado por plazo de diez días.
Con oposición del demandado, el art. 20.3 deja la decisión al juez, que resolverá lo que estime oportuno: puede aceptar el desistimiento o rechazarlo. El decreto de sobreseimiento del letrado es lo que procede si el demandado está conforme o no se opone en plazo, y es la opción tentadora. La oposición no deja el desistimiento sin efecto de forma automática, ni obliga al actor a renunciar a la acción.
Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolverá lo que estime oportuno.
Cuando una parte niega que haya habido satisfacción extraprocesal, el letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia ante el tribunal, que decide por auto, dentro de los diez días siguientes, si el juicio sigue o no. La ley distingue según lo que decida: si ordena que continúe, el pleito no se ha cerrado y no cabe recurso alguno; si acuerda la terminación, pone fin al proceso y cabe apelación. Lo tentador es aplicar el régimen general de los autos, reposición contra el que no pone fin al proceso y apelación contra el definitivo, pero aquí la ley cierra todo recurso contra el auto que manda seguir. Y el que acuerda la terminación no va en reposición: como cierra el pleito, se apela.
Contra el auto que ordene la continuación del juicio no cabrá recurso alguno. Contra el que acuerde su terminación, cabrá recurso de apelación.
Una renuncia que la ley no admite no produce su efecto: no hay sentencia absolutoria, y el tribunal dicta auto mandando seguir el proceso adelante (art. 20.1). Absolver al demandado sería dar efecto a la renuncia que la ley rechaza, y archivar o sobreseer cerraría un proceso que tiene que continuar.
salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso, se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.
El inquilino no puede enervar el desahucio —pagar o consignar lo reclamado y lo debido hasta ese momento, dentro del plazo del requerimiento judicial— en dos casos, y basta cualquiera de ellos: si ya enervó una vez antes (salvo que el cobro fallara por causa imputable al arrendador), o si el arrendador le requirió de pago por cualquier medio fehaciente con al menos treinta días de antelación a la demanda y al presentarla seguía sin pagar. Aquí hubo cuarenta días y el impago seguía, así que ese requerimiento previo le cierra la puerta por sí solo, aunque no hubiera enervado nunca. Pagar «antes de la celebración de la vista» era el límite hasta la reforma de 2013; hoy el plazo es el del requerimiento judicial, que aquí no salva nada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.
El allanamiento total termina con sentencia condenatoria «de acuerdo con lo solicitado» por el actor (art. 21.1): el demandado acepta lo pedido, y el tribunal no lo rehace a su criterio. No es un auto de homologación, que es lo propio de la transacción (art. 19.2), ni lo resuelve el letrado.
el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste
La transacción judicial la homologa «el tribunal que esté conociendo del litigio» (art. 19.2), y mientras pende la apelación quien conoce es la Audiencia, no el tribunal que dictó la sentencia, que es la opción tentadora. Transigir en la segunda instancia está permitido: el art. 19.3 admite los actos de disposición en los recursos. Y la homologación es del tribunal, no del letrado.
será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin
El art. 19.4 atribuye la suspensión al letrado de la Administración de Justicia, y la forma es el decreto, la resolución del letrado que decide cuando la ley lo dispone. La diligencia de ordenación es del mismo autor, pero sirve para dar al proceso el curso ordenado por la ley, no para decidir una suspensión. Auto y providencia son resoluciones del tribunal, que aquí no interviene.
será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto
El juez o el letrado pueden proponer la derivación «en cualquier momento del procedimiento», con resolución motivada, pero no imponerla: el art. 19.5 exige la conformidad de las partes, que pueden pedir además, de forma conjunta, la suspensión. La iniciativa es del juez o del letrado, sin petición previa de parte, y no se limita a la primera instancia ni pasa por el fiscal.
La derivación requerirá la conformidad de las partes
El art. 21.1 rechaza el allanamiento que se hace en fraude de ley o que supone renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero: entonces se dicta auto rechazándolo y el proceso sigue adelante, la contracara de la sentencia condenatoria del allanamiento válido. La ley no pone momento al allanamiento, ni pide que el actor lo acepte, y pedir las costas no lo impide.
si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo
El auto del allanamiento parcial exige que la naturaleza de las pretensiones permita un pronunciamiento separado que no prejuzgue las cuestiones no allanadas, sobre las que el proceso continúa (art. 21.2). Lo pide el demandante, no hace falta que el demandado acepte resolver por separado, y el actor no renuncia a nada: lo demás sigue en el pleito. La ley no pone momento al allanamiento.
será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas
El corte es el emplazamiento o la citación: desde que el demandado es llamado al proceso tiene interés en que el pleito termine con una sentencia que le proteja, y por eso a partir de ahí se le oye (art. 20.3). La contestación es tentadora porque llega poco después, pero el desistimiento deja de ser unilateral antes, en cuanto se le emplaza. La audiencia previa y la sentencia quedan aún más lejos.
El demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio.
La regla es la libertad de disposición: renunciar, desistir, allanarse, acudir a mediación, a otro medio adecuado de solución de controversias o a arbitraje, y transigir. Su único límite general está en la ley, cuando lo prohíbe o lo limita por razones de interés general o en beneficio de tercero. No depende de la clase de juicio, de que el demandado esté o no en rebeldía ni de una autorización del fiscal.
excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero
El art. 19.3 admite los actos de disposición, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia, de los recursos y de la ejecución de sentencia. La opción tentadora es la que deja fuera la ejecución, como si una sentencia ya dictada cerrase la puerta a transigir o a renunciar; la ley no lo hace. Tampoco quedan fuera los recursos.
podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia
La rebeldía es la excepción del art. 20.2: el demandante puede desistir unilateralmente «en cualquier momento» si el demandado está en rebeldía. El traslado para oponerse es el trámite que se sigue con un demandado emplazado que sí se ha personado (art. 20.3), y no se pide al rebelde una conformidad que no ha querido prestar compareciendo. Que haya pasado la audiencia previa no cierra la puerta.
También podrá desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeldía.
El art. 19.4 permite suspender el proceso a petición de las partes con dos condiciones, y una es que la suspensión no pase de sesenta días. Treinta y cuarenta y cinco se quedan cortos frente al tope legal, y noventa lo rebasan.
y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días
Enervar no es ganar el pleito: el arrendatario evita el desahucio pagando lo que debía, y por eso la resolución que declara enervada la acción le condena a las costas devengadas. La única salvedad es que las rentas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador, y aquí el impago fue del inquilino. La opción de que no hay condena en costas confunde este caso con la terminación por satisfacción extraprocesal con acuerdo de las partes del art. 22.1, donde la ley sí la excluye. Tampoco las paga el arrendador ni se reparten por mitad.
La resolución que declare enervada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.
La renuncia abandona el derecho o la acción, no solo el juicio, y por eso termina con sentencia que absuelve al demandado (art. 20.1): decide el fondo y el actor no puede volver a demandar lo mismo. Tenerle por desistido o sobreseer sin entrar en el fondo es lo propio del desistimiento, que deja abierta una nueva demanda (art. 20.3). La renuncia no la resuelve el letrado por decreto.
Cuando el actor manifieste su renuncia a la acción ejercitada o al derecho en que funde su pretensión, el tribunal dictará sentencia absolviendo al demandado