Los procesos especiales: disposiciones generales

El divorcio no está entre los procesos en que el fiscal es siempre parte (art. 749.1); entra en los «demás procesos» del art. 749.2, y ahí su intervención es preceptiva solo si algún interesado es menor, persona con discapacidad o está en situación de ausencia legal. No depende de que lo pidan los cónyuges ni de que el tribunal lo considere complejo; y si fuera por faltar el consentimiento del otro, lo sería en todo divorcio contencioso.

El art. 752.1 rompe aquí la preclusión de las alegaciones: estos procesos se deciden con los hechos debatidos y probados, con independencia del momento en que se alegaron. La regla general es la contraria —lo que no se alega en la demanda o la contestación precluye (art. 400), y después solo caben los hechos nuevos o de nuevo conocimiento (art. 286)—, pero no rige aquí. Tampoco hace falta la aquiescencia de la contraria. La regla no vale para las pretensiones sobre materias de libre disposición, como la pensión compensatoria (art. 752.4).

La regla del art. 751.2 es que el desistimiento necesita la conformidad del fiscal, y las excepciones son cuatro: la filiación sin menores, personas con discapacidad con apoyo representativo ni ausentes interesados; la nulidad por minoría de edad pedida por el propio cónyuge ya mayor; la nulidad por error, coacción o miedo grave, y la separación y el divorcio. La bigamia no es ninguna de esas causas de nulidad, la filiación de un menor queda fuera de la primera excepción y la oposición al desamparo no está en la lista.

El art. 753.3 da tramitación preferente a todos los procesos del título en que algún interesado sea menor, persona con discapacidad con apoyo representativo o ausente legal. La preferencia la impone la ley por la sola presencia del menor: no depende de que la pida el fiscal ni de quién promueva el proceso.

El art. 752.1 permite al tribunal, además de las pruebas que propongan el fiscal y las partes, decretar de oficio cuantas estime pertinentes. Es uno de los casos en que la ley autoriza la prueba de oficio que el art. 282 reserva a lo que la ley establezca; por eso no rige aquí la regla general de que solo se practica lo que proponen las partes. Las diligencias finales son un trámite posterior a la prueba (art. 435), y la iniciativa del tribunal no está limitada a ellas ni a completar lo que pidieron otros. Salvo en las pretensiones sobre materias de libre disposición, a las que no se aplican estas especialidades (art. 752.4).

El art. 753.1 emplaza a quienes deban ser parte para que contesten en veinte días, conforme al art. 405, que es el plazo de contestación del juicio ordinario. Aunque estos procesos siguen el juicio verbal, no se aplican los diez días del verbal común. La preferencia del art. 753.3 no acorta el plazo, y que sea parte el fiscal no lo alarga.

El art. 753.1 manda tramitarlos por el juicio verbal, con una diferencia importante: la demanda se contesta por escrito conforme al art. 405, que regula la contestación del juicio ordinario. Esa contestación escrita es lo que hace tentador el juicio ordinario, pero el cauce es el verbal. No son expedientes de jurisdicción voluntaria, porque hay contienda, ni el tribunal elige el procedimiento.

La comunicación a los Registros Civiles es de oficio, pero la que va al Registro de la Propiedad y a los demás registros públicos se hace a petición de parte. En las medidas de apoyo el art. 755 la restringe más: solo la pide la persona en cuyo favor se ha constituido el apoyo, que decide si su situación consta en esos registros. No basta con que lo pida cualquier parte, ni el fiscal, ni quien presta el apoyo.

El art. 748.4.º solo trae a estos procesos los alimentos que un progenitor reclama contra el otro en nombre de los hijos menores (y la guarda y custodia de esos hijos). La reclamación de un hijo que ya es mayor, la de un hermano o la de un abuelo son alimentos entre parientes y no están en la lista cerrada del art. 748, aunque el vínculo familiar las haga parecer de la misma familia.

El art. 752.2 dice que la conformidad de las partes sobre los hechos no vincula al tribunal, y que este no puede decidir basándose solo en ella (ni en el silencio o las evasivas de la contraria). Tenerlos por ciertos es la regla de los procesos dispositivos, no la de estos. La ley no hace excepción por la conformidad del fiscal, y el art. 752.3 extiende la regla a la segunda instancia: tampoco vincula en la apelación. Salvo en las pretensiones sobre materias de libre disposición, a las que no se aplican estas especialidades (art. 752.4).

El art. 753.1 manda consultar el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y el sistema de gestión procesal, para verificar la competencia conforme al art. 49 bis; la consulta se repite antes de la vista. La ley no pide un informe al fiscal ni una declaración jurada, aunque sí requiere a las dos partes, en el decreto de admisión, que comuniquen en cinco días los procedimientos de violencia que existan. Tampoco remite la demanda para que decida otro órgano: la competencia la verifica quien la recibe. La LEC sigue hablando de «juzgado civil» y «juzgado de violencia sobre la mujer».

El art. 750.2 permite que los cónyuges de una separación o un divorcio de común acuerdo compartan defensa y representación, pero cuando el tribunal rechaza algún pacto el acuerdo ya no es completo y sus intereses pueden chocar. Por eso el letrado les requiere para que, en cinco días, digan si continúan con la defensa única o prefieren cada uno la suya. La ley no archiva, no nombra abogados de oficio ni encarga al fiscal que redacte pactos.

El art. 754 dice que los tribunales lo deciden mediante providencia, de oficio o a instancia de parte. Es la diferencia con la regla general del art. 138.3, que pide auto para acordar la puerta cerrada en los demás procesos civiles: en los de capacidad, filiación, matrimonio y menores basta una providencia. Y no hace falta que lo pida una parte: el tribunal puede acordarlo por su propia iniciativa.

Pedir la ejecución enfrenta a quienes antes iban juntos, y la defensa única deja de tener sentido. El art. 750.2 manda al letrado requerir a la otra parte para que nombre su propio abogado y procurador. Preguntar a los dos si mantienen la defensa única es lo que se hace cuando el tribunal no aprueba algún pacto, no cuando se pide la ejecución: aquí la ley no deja elegir. Seguir con la misma defensa es justo lo que evita, y tampoco suspende la ejecución ni impone el turno de oficio.

El art. 755 atribuye al letrado de la Administración de Justicia acordar la comunicación de oficio de las sentencias y demás resoluciones a los Registros Civiles, para que se practiquen los asientos que correspondan. No es un pronunciamiento del fallo ni una carga de la parte: precisamente por ser de oficio no depende del procurador, y el fiscal no la acuerda.

El art. 749.1 hace parte al Ministerio Fiscal, siempre, en cuatro clases de procesos: los de medidas de apoyo a personas con discapacidad, los de nulidad matrimonial, los de sustracción internacional de menores y los de filiación. La separación, el divorcio y la modificación de sus medidas caen en el art. 749.2: allí el fiscal solo interviene si hay un menor, una persona con discapacidad o un ausente legal entre los interesados, y en estos casos, sin hijos, no los hay.