La garantía de la traba, el depósito y la administración judicial

El art. 627.2 hace depositario interino al ejecutado de forma automática: las obligaciones del depósito le incumben sin aceptación ni requerimiento previos, y también a sus administradores, representantes o encargados, o al tercero que tenga los bienes, si conocían el embargo. Así no queda un hueco sin responsable entre el embargo y el nombramiento del depositario.

El art. 625 fija el momento en el depósito o en la orden de retención: desde entonces, lo embargado se protege como dinero público, y quien lo distrae (el depositario, por ejemplo) responde como si dispusiera de caudales públicos. Ni la resolución que acuerda el embargo ni su notificación o su anotación registral son el punto de partida que la ley escoge.

El art. 621.2 exige que la entidad cumplimente la orden en el mismo momento en que se le presenta, y que expida un recibo con las cantidades de que el ejecutado dispone en ese instante. La inmediatez es la razón de ser de la regla: cualquier plazo, por corto que fuera, dejaría al ejecutado tiempo para vaciar la cuenta antes de la retención.

El art. 632.1 da al administrador judicial las facultades ordinarias de los administradores a los que sustituye, con una excepción: para enajenar o gravar participaciones, inmuebles u otros bienes que el letrado haya señalado necesita autorización del letrado responsable de la ejecución. El tribunal solo interviene si se recurre esa decisión en revisión (art. 632.3).

El art. 631.1 reparte la decisión según haya acuerdo o no. Si lo hay, el letrado fija por decreto los términos de la administración en consonancia con él; ese decreto es el distractor tentador. Si no lo hay y se quiere practicar prueba, se convoca a las partes ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución, que resuelve por auto.

El art. 621.3 dirige la orden a quien paga el sueldo, la pensión o la prestación periódica: la persona, entidad u oficina pagadora, que lo retiene antes de que llegue al ejecutado. La entidad de crédito en la que se cobra la nómina recibiría, en todo caso, una orden de retención de saldos (art. 621.2), que es otro embargo. La salvedad del enunciado es la del art. 607.7, que permite entregar lo embargado directamente al ejecutante si así lo acuerda el letrado.

El art. 622.1 distingue dos clases de lo embargado: si son intereses, quien los paga o los percibe los ingresa a su devengo en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones; si son rentas o frutos de otra clase, como los alquileres, los retiene a disposición del tribunal. Ingresarlos es la regla de los intereses, y es el distractor tentador. La orden puede ir al propio ejecutado porque es quien percibe las rentas.

El art. 626.3 manda nombrar depositario al ejecutado cuando viene destinando los bienes embargados a una actividad productiva, o cuando son de transporte o almacenamiento difícil o costoso: retirarle la maquinaria pararía la actividad que genera ingresos. El establecimiento adecuado es para los títulos valores y los objetos valiosos o delicados (art. 626.1). El ejecutante o el Colegio de Procuradores entran por otra puerta, el art. 626.4: en los casos distintos de los anteriores o cuando el letrado lo considere más conveniente, puede nombrar depositario al ejecutante o, oyéndole, a un tercero. Esa facultad es del 626.4, no lo que manda el 626.3.

El art. 630.1 la permite al embargar una empresa o grupo de empresas, o acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común o de los bienes de la empresa: lo que justifica administrar es tener en la mano el control. Un paquete minoritario no lo da, y un vehículo o los saldos de una cuenta tienen sus garantías propias (depósito y orden de retención).

El art. 633.3 da cinco días para impugnar la cuenta final, prorrogables hasta treinta si su complejidad lo pide. Si hay oposición, se cita a los interesados de comparecencia y el letrado resuelve por decreto, recurrible directamente en revisión ante el tribunal.

El art. 628.1 reconoce el reembolso al depositario que es persona distinta del ejecutante, del ejecutado y del tercero poseedor del bien: es decir, a quien asume el depósito sin tener interés en la ejecución ni la cosa ya en su poder, como el tercero que nombra el letrado oyendo al ejecutante. El tercero que ya tenía los bienes es el distractor tentador: también es «tercero», pero la ley lo excluye expresamente.

El art. 632.3 abre el recurso directo de revisión, sin reposición previa, ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución, contra las resoluciones del letrado que autorizan enajenar o gravar y las que dicta tras oír a los interventores. La reposición ante el letrado es el recurso ordinario contra sus decretos no definitivos, y aquí la ley lo salta.

El art. 629.1 permite que el procurador del ejecutante diligencie el mandamiento; el registrador le comunica directamente la práctica de la anotación o sus defectos, y él lo traslada al órgano judicial en dos días hábiles. No hay que confundirlo con el mandamiento que expide el letrado sin procurador, que se remite al registro el mismo día de su expedición.

El art. 623.3 pide a los administradores que informen de los pactos de limitación a la libre transmisión y de cualquier cláusula estatutaria o contractual que afecte a lo embargado: son lo que condiciona su realización posterior. El valor de las participaciones se fija más adelante, en el avalúo, y la ley no les encarga identificar a los socios ni informar de los dividendos.

El art. 631.1 da por conformes con lo acordado a los interesados que no comparecen sin justificación: la ausencia no detiene la constitución de la administración ni permite discutir después el acuerdo de los demás. El paso de las actuaciones al tribunal está previsto para otra cosa: los extremos en que no hay acuerdo y nadie pide prueba.

El art. 627.1 permite al letrado encargado de la ejecución remover al depositario que incumple sus obligaciones a instancia de parte o de oficio, por decreto, y designar a otro, sin perjuicio de su responsabilidad penal y civil. No hace falta que intervenga el tribunal ni que lo pida una parte, y la ley no prevé multas para mantenerlo en el cargo.

El art. 629.2 resuelve el caso en que la anotación de embargo no puede practicarse porque la finca no está inmatriculada, o está inscrita a nombre de otra persona de la que trae causa el ejecutado: se toma una anotación preventiva de suspensión, en la forma de la legislación hipotecaria. La anotación de embargo ordinaria del art. 629.1 es justo la que no cabe sin inmatriculación.