La división judicial de la herencia

El art. 783.4 hace cesar la representación del Fiscal respecto de los ausentes cuando se presentan en el juicio o pueden ser citados personalmente, y añade que no revive aunque vuelvan a ausentarse. No depende de un hito del procedimiento, como la aprobación de las operaciones o la entrega de los bienes, ni de un plazo: depende de que el ausente aparezca.

El art. 784.3 resuelve la falta de acuerdo con un sorteo, conforme al art. 341, entre abogados ejercientes con especiales conocimientos en la materia y despacho profesional en el lugar del juicio. El sorteo entre notarios es el distractor cercano: hay sorteo, pero no entre notarios. Ni el tribunal ni el letrado de la Administración de Justicia eligen a su criterio; a ese contador se le aplica además el régimen de recusación y provisión de fondos de los peritos (art. 784.4).

El art. 787.5 dice que esa sentencia se lleva a efecto como las particiones aprobadas, pero no tiene eficacia de cosa juzgada: los interesados pueden hacer valer sus derechos sobre los bienes adjudicados en el juicio ordinario que corresponda. Por eso falla la opción que cierra la discusión por la cosa juzgada, y también la que la abre solo a los acreedores. La revisión es un medio extraordinario contra sentencias firmes con causas tasadas; aquí no hace falta, porque la vía es un juicio ordinario.

El art. 783.2 convoca a la Junta a los herederos, a los legatarios de parte alícuota y al cónyuge sobreviviente. Los legatarios de un bien concreto no están en la lista. Los acreedores de los coherederos solo se convocan si están personados en el procedimiento (art. 783.5); a los que no lo están no se les cita, aunque pueden participar si acuden ese día con los títulos de sus créditos. Y los peritos no se convocan: se nombran en la propia Junta.

El art. 787.1 emplaza a las partes por diez días para oponerse, y durante ese plazo pueden examinar los autos y las operaciones en la Oficina judicial. Veinte días es el plazo de la contestación en el juicio ordinario y tienta por eso, pero aquí no aplica. La oposición se formula por escrito, con los puntos a que se refiere y sus razones.

El art. 782.4 deja deducir esa petición «en cualquier momento», con un único límite: antes de que se entreguen los bienes adjudicados a cada heredero. Por eso la aprobación de las operaciones divisorias, que es el distractor más tentador, no la cierra: entre aprobar y entregar todavía cabe, y si se pide, el art. 788.3 impide la entrega hasta que el acreedor esté pagado o garantizado. La Junta y la presentación de las operaciones son trámites aún más tempranos.

El art. 787.6 permite que el letrado de la Administración de Justicia alce la suspensión, sin esperar a la resolución firme de la causa, en cuanto los interesados, prescindiendo del avalúo impugnado, presenten otro hecho de común acuerdo; la sentencia se dicta entonces con arreglo a este. Sustituir al perito por sorteo parece lo natural, pero la ley exige el acuerdo de los interesados sobre el nuevo avalúo, no un nombramiento.

El art. 787.5 manda al tribunal oír a las partes, admitir las pruebas pertinentes y útiles y seguir la sustanciación con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. El ordinario tienta porque es el declarativo por defecto, pero no es el cauce de esta oposición. Que el contador rehaga las operaciones es lo que pasa cuando sí hay conformidad (art. 787.4).

El contador sigue la ley aplicable a la sucesión, pero si el testador dejó reglas propias se atiene a ellas con un único límite: que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. No hace falta que las acepten los coherederos ni que el tribunal las apruebe antes, que es lo que tienta en los dos distractores condicionales. El mismo artículo le encarga evitar la indivisión y la excesiva división de las fincas.