La inmediación, la publicidad, la lengua y la fe pública judicial

Para las víctimas de violencia de género, violencia sexual o trata, y las menores de edad o con discapacidad, el art. 137 bis.3 abre los lugares donde reciben oficialmente asistencia, atención, asesoramiento y protección, y cualquier otro si el juez lo estima oportuno. La oficina judicial del domicilio es la regla general del 137 bis.2, no su único sitio.

El art. 140.3 no crea causas nuevas: remite a las del art. 138.2, las mismas que permiten excluir la publicidad de las vistas (orden público, seguridad nacional, intereses de los menores, vida privada, intereses de la justicia). El secreto de las deliberaciones (art. 139) es otra institución.

El art. 147 deja esa valoración al propio letrado, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas, al número de intervinientes, a la posibilidad de incidencias que no puedan grabarse u otras circunstancias excepcionales. Es la segunda vía, junto a la petición de las partes.

Cuando la causa son los intereses de la justicia, el art. 138.2 mide la excepción: solo en la medida estrictamente necesaria, de modo que la puerta cerrada puede alcanzar a una parte de la vista. No depende de que las partes lo pidan: el tribunal las oye antes de acordarlo (138.3), pero decide él.

La protección de la vida privada de las partes está en la lista del art. 138.2, junto al orden público, la seguridad nacional y los intereses de los menores. La complejidad del asunto y el número de intervinientes son de otra lista: las razones por las que el letrado puede decidir asistir a una vista grabada (art. 147).

El art. 137.4 anuda la nulidad de pleno derecho a la sola infracción de la presencia judicial, sin pedir además que se pruebe indefensión, que es el requisito que la LOPJ (art. 238.3) pone a quien prescinde de normas esenciales del procedimiento. La grabación documenta el acto, pero no suple la inmediación.

El art. 138.3 no admite recurso alguno contra esa resolución, pero deja a salvo la protesta y la posibilidad de suscitar la cuestión, si es admisible, en el recurso contra la sentencia definitiva. La reposición es la vía contra el decreto del letrado que acuerda la misma medida.

El art. 143.1 permite habilitar a cualquier persona que conozca la lengua, sin título ni lista oficial, y le exige una sola cosa: jurar o prometer que traducirá fielmente.

El «siempre» del art. 137.2 cierra la puerta a cualquier sustituto: ni el letrado de la Administración de Justicia, que da fe y documenta pero no decide, ni un juez exhortado, ni el acuerdo de las partes. Oye a las partes el mismo tribunal que va a resolver.

El art. 146.2 pone en cada interviniente el deber de decir en voz alta, ante quien preside, su nombre y apellidos, de forma que queden en la grabación. Las demás medidas de identificación se suman a esta, no la sustituyen.

El interés legítimo y directo abre la información y las copias de lo que no está reservado (art. 140.1); declarada la reserva, el art. 140.3 limita el conocimiento a las partes, sus representantes y sus defensores. La disociación de datos es una cautela de la LOPJ para el acceso de terceros a lo que sí es accesible.

La regla del art. 144.2 es que la traducción oficial va a costa de quien presentó el documento, que es quien aportó la traducción discutida. Solo cuando la oficial resulta sustancialmente idéntica a la privada pagan sus gastos quienes la pidieron.

El art. 147 reconoce a las partes copia o acceso electrónico de las grabaciones originales, pagándolo ellas. La transcripción no es la vía: las vistas grabadas no se transcriben salvo que una ley lo disponga.

Cuando hay que dar a conocer personalmente una resolución a quien no conoce ni el castellano ni la lengua oficial propia, el art. 143.1 encarga la habilitación del intérprete al letrado de la Administración de Justicia (la cita conserva su nombre antiguo, «Secretario»), mediante decreto. La providencia del tribunal es la del art. 142.5, que habilita intérprete en las actuaciones orales.

El art. 137 bis.3 deja la decisión al juez y le pone una sola condición: que haya medios que permitan asegurar la identidad de quien interviene, en los términos que fije el reglamento. No exige el consentimiento de las partes ni la residencia en el extranjero.

La regla del art. 137 bis.2 es intervenir desde la oficina judicial del partido judicial del domicilio o del lugar de trabajo. Hacerlo desde cualquier lugar es la excepción que el juez puede autorizar si lo estima oportuno y hay medios para asegurar la identidad (137 bis.3).

El art. 143.1 pide las dos versiones en el acta, la original y la traducida, para que pueda comprobarse la fidelidad de la traducción; además la firma también el intérprete. Una sola de las dos versiones no permitiría ese control.

La inmediación exige que vea la prueba quien va a juzgarla: el art. 137.1 obliga a los jueces y a todos los magistrados del tribunal que conoce del asunto, sin reducirlo al ponente ni a un magistrado delegado. Que el letrado documente el acto (arts. 146 y 147) no sustituye esa presencia.

El art. 144.2 da cinco días desde el traslado para impugnar la traducción privada, diciendo que no se tiene por fiel y exacta y por qué. Los plazos más cortos no son de este trámite: dos días es la antelación con que las partes piden que el letrado asista a una vista grabada (art. 147).

La regla del art. 144.2 es que la traducción oficial va a costa de quien presentó el documento. La excepción castiga la impugnación sin fundamento: si la oficial, hecha a instancia de parte, resulta sustancialmente idéntica a la privada, sus gastos los paga quien la solicitó. Si se aparta de ella, se vuelve a la regla.