Los medios de prueba y el interrogatorio de las partes

El art. 306.1 regula el interrogatorio cruzado: después del abogado del proponente preguntan, por este orden, los abogados de las demás partes y el de la parte que declara. El tribunal también puede preguntar para obtener aclaraciones y adiciones, pero no en exclusiva; y el abogado de quien declara sí pregunta, solo que el último.

El art. 315.1 da al Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los demás organismos públicos un régimen propio: sin esperar al juicio se les remite la lista de preguntas que el tribunal declare pertinentes, y responden por escrito antes de la fecha señalada. En el acto se leen las respuestas, y las preguntas complementarias se entienden con su representación procesal (art. 315.2); no declara su autoridad en el juicio.

El art. 305.1 prohíbe responder con un borrador de respuestas, lo revise quien lo revise, pero permite consultar documentos y notas o apuntes cuando el tribunal los considera convenientes para auxiliar a la memoria. La ley no los limita a los ya aportados al proceso, y lo que exige es que responda por sí misma: no a través de lo que le pase su abogado.

Como regla, cada parte pide el interrogatorio de las demás; entre quienes litigan del mismo lado, el art. 301.1 solo lo admite si hay entre ellos oposición o conflicto de intereses. No depende del consentimiento del interrogado, ni de que el tribunal lo vea útil con intereses coincidentes, ni de que tengan representantes distintos: la llave es el conflicto.

El art. 313 hace de la videoconferencia, en los términos del art. 137 bis, la regla para la parte que reside fuera de la demarcación. El auxilio judicial queda como alternativa, solo cuando concurren las circunstancias a las que remite el propio art. 313 (hoy, en el párrafo segundo del art. 169.4: que la videoconferencia no sea conveniente y la comparecencia resulte imposible o muy gravosa). Comparecer en la sede es lo de quien reside en la demarcación, y la declaración en el domicilio, la de quien no puede comparecer por enfermedad u otra circunstancia (art. 311).

El art. 316.2 deja la valoración del resto del interrogatorio a la sana crítica, sin perjuicio de lo que disponen los arts. 304 y 307 para la incomparecencia y la negativa a declarar. Tener por ciertos los hechos es lo que el art. 316.1 reserva a los propios y enteramente perjudiciales que no contradigan las demás pruebas; y la ley no rebaja la declaración a indicio ni le niega valor por venir de una parte: la valora como prueba.

El art. 299.1 enumera seis medios: el interrogatorio de las partes, los documentos públicos, los documentos privados, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial y el interrogatorio de testigos. Las presunciones son un modo de fijar hechos, no un medio de la lista; el juramento decisorio no está en ella, y el abogado no es fuente de prueba: quien declara es la parte.

El art. 309.1 obliga a alegarlo en la audiencia previa y a identificar entonces a la persona que intervino en nombre de la entidad, para que sea citada al juicio. Así la persona que sabe de los hechos llega ya citada al juicio, en vez de descubrirse en él que el representante no puede contestar.

El reconocimiento de un hecho propio y enteramente perjudicial vale como cierto en la sentencia, pero el art. 316.1 lo subordina a que no lo contradiga el resultado de las demás pruebas. No exige que otra prueba lo confirme: basta con que ninguna lo desmienta. Y el interrogatorio de la LEC no se presta bajo juramento.

El art. 302.1 manda formular las preguntas oralmente, en sentido afirmativo y con claridad y precisión. El pliego escrito es lo excepcional: solo aparece cuando la parte proponente no puede o no debe estar presente (arts. 313 y 311.2) o cuando declara una Administración (art. 315).

El art. 301.2 extiende el interrogatorio de las partes al sujeto de la relación jurídica controvertida o al titular del derecho cuando la parte legitimada que actúa en el juicio es otra. Puede pedirse aunque no sea parte y sin que lo consienta quien actúa, y no declara como testigo: la ley lo asimila a las partes, hasta el punto de que sus declaraciones se valoran como las de ellas (art. 316.2).

El art. 309.3 cierra la salida de alegar ignorancia: si la representación de la persona jurídica dice desconocer a quien intervino, el tribunal lo trata como respuesta evasiva o resistencia a declarar, con los efectos del art. 307. No es una incomparecencia, que tiene su propia regla en el art. 304, ni una admisión automática de todos los hechos.

El art. 308 permite al declarante proponer que conteste un tercero con conocimiento personal de los hechos, aceptando las consecuencias de su declaración, pero la sustitución solo se admite si la acepta la parte que propuso la prueba. El tribunal entra después: si esa parte no la acepta, el declarante puede pedir que el tercero sea interrogado como testigo, y entonces decide el tribunal.