Los procesos matrimoniales: competencia, procedimiento y medidas

El art. 771.5 cuenta los treinta días desde la adopción de las medidas: no desde que se notifica el auto, ni desde la solicitud o la comparecencia. Si en ese plazo no se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio, los efectos y medidas acordados dejan de subsistir. En las medidas cautelares comunes pedidas antes de la demanda, el plazo es de veinte días desde su adopción (art. 730.2).

La regla 6.ª del art. 770 remite, para las medidas cautelares de los procesos que versan solo sobre guarda y custodia o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, a los trámites que la ley establece para las medidas previas, simultáneas o definitivas de la nulidad, la separación o el divorcio. El régimen general de las cautelares del libro III es el que tienta, pero aquí la ley lo desplaza por uno propio.

El art. 773.1 permite a los cónyuges someter a la aprobación del tribunal su acuerdo sobre las medidas provisionales, pero dice que no es vinculante ni para las pretensiones de las partes ni para la decisión del tribunal sobre las medidas definitivas. Cada cónyuge puede pedir otra cosa en la vista, y el tribunal decide las definitivas en la sentencia (art. 774).

El art. 774.4 enumera las materias de las medidas definitivas que el tribunal fija a falta de acuerdo: los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, los animales de compañía, la disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas. De la vivienda familiar se decide el uso, no la propiedad; la indemnización de daños entre los cónyuges y las deudas privativas de cada uno quedan fuera de las medidas definitivas.

El art. 774.5 prevé que, si la impugnación afecta solo a los pronunciamientos sobre medidas, el letrado de la Administración de Justicia declare la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, la separación o el divorcio. Así el cambio de estado civil no espera a que se resuelva la discusión sobre las medidas, que además no se suspenden por el recurso.

El art. 771.4 fija tres días para que el tribunal resuelva, una vez finalizada la comparecencia o, si hubo prueba que no pudo practicarse en ella, el acto señalado para practicarla. Los diez días son otros plazos del mismo artículo: el de celebración de la comparecencia y el de práctica de la prueba pendiente.

La regla 4.ª del art. 770 obliga a oír a los hijos que hayan alcanzado los doce años; por debajo de esa edad pueden ser oídos si se estima necesario. Los dieciséis años salen en la regla 8.ª, para otra cosa: los hijos comunes mayores de esa edad que necesiten medidas de apoyo por razón de su discapacidad.

El art. 769.1 fija como fuero de los procesos matrimoniales el lugar del domicilio conyugal, y solo cuando los cónyuges residen en partidos judiciales distintos deja elegir al demandante entre el último domicilio del matrimonio y la residencia del demandado. Ni el lugar de nacimiento de los cónyuges, ni el de la boda, ni el de la inscripción cuentan. La cita dice «Juzgado de Primera Instancia»: desde la LO 1/2025 es el Tribunal de Instancia, y en él la Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5.a LOPJ).

El art. 773.5 hace durar las medidas provisionales hasta que las sustituyen las que establece definitivamente la sentencia, o hasta que el procedimiento termina de otro modo. No se espera a la firmeza: los recursos contra la sentencia no suspenden la eficacia de las medidas que acuerda (art. 774.5). La ley tampoco les pone plazo de caducidad.

La regla 3.ª del art. 770 obliga a las partes a concurrir a la vista por sí mismas, además de con sus abogados, y advierte de que la incomparecencia sin causa justificada puede llevar a tener por admitidos los hechos que alegue la parte que comparece, pero solo para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. No alcanza a la causa del divorcio ni a las medidas sobre los hijos, y la ley no prevé tenerla por desistida.

Cuando los cónyuges residen en partidos judiciales distintos, el art. 769.1 deja elegir al demandante entre el último domicilio del matrimonio y la residencia del demandado. La elección es de quien demanda, no del demandado, y su propio domicilio no es una de las dos opciones: el del actor solo entra como último recurso, si el demandado no tiene domicilio ni residencia fijos y la competencia no puede fijarse por el lugar en que se halle ni por su última residencia.

El art. 770 se aplica a las demandas de separación y divorcio, a las de nulidad del matrimonio y a las demás del título IV del libro I del Código Civil, pero excluye expresamente las previstas en el art. 777: la separación o el divorcio pedidos de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro, que tienen su propio procedimiento. La nulidad no está excluida aunque la pida un solo cónyuge, y la separación y el divorcio contenciosos son el caso típico del art. 770.

La regla 2.ª del art. 770 admite la reconvención fundada en una causa de nulidad, la del demandado de separación o de nulidad que pretende el divorcio, la del demandado de nulidad que pretende la separación y la del demandado que pide medidas definitivas no solicitadas en la demanda sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. Pedir la separación frente a una demanda de divorcio no está en la lista: la separación solo cabe reconvenirla frente a una demanda de nulidad.

El art. 769.4 cierra la puerta a la sumisión: el tribunal examina de oficio su competencia y son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en el artículo. Ni la ratificación posterior lo salva, y la existencia de hijos no es lo que decide: el pacto es nulo con hijos o sin ellos. Tampoco cabe la sumisión tácita: el demandado no puede aceptar un fuero que la ley no permite pactar.

Admitida la demanda, el art. 772 manda al letrado de la Administración de Justicia unir a los autos las actuaciones de las medidas previas, pidiendo testimonio si se siguieron ante otro tribunal; que fueran de otro tribunal solo obliga a ese testimonio, no a una nueva comparecencia. Esta se convoca solo si el tribunal considera que procede completar o modificar lo acordado, y se sustancia como la del art. 771.

El art. 771.1 exime de abogado y procurador solo la solicitud inicial de medidas previas; todo escrito y actuación posterior los exige. Por eso el mismo artículo manda que el cónyuge demandado acuda a la comparecencia asistido por su abogado y representado por su procurador. La exención no se extiende a todo el procedimiento.

El art. 771.1 permite al cónyuge que se proponga demandar la nulidad, la separación o el divorcio pedir los efectos y medidas de los arts. 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio. Es una regla distinta de la de la demanda principal (art. 769), y por eso, admitida esta, el art. 772 prevé pedir testimonio cuando las medidas se adoptaron en un tribunal distinto del que conoce del proceso.

El art. 771.2 manda citar siempre a los cónyuges, y al Ministerio Fiscal solo si hay hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Sin hijos, el fiscal no es citado. Tampoco hay un trámite de oposición por escrito: la comparecencia busca el acuerdo de las partes y, a falta de él, oírlas y practicar la prueba.

El art. 771.2 manda celebrar la comparecencia, que señala el letrado de la Administración de Justicia, en los diez días siguientes. Los treinta días son el plazo para presentar la demanda principal si se quiere que las medidas subsistan (art. 771.5).