El proceso monitorio

Si la cuantía no excede de la del juicio verbal, el art. 818.2 manda dar traslado de la oposición al actor, que puede impugnarla por escrito en diez días. Cinco días es el plazo que, presentada la impugnación o pasado el plazo, se da después a las dos partes para proponer la prueba que quieran practicar en la vista.

El art. 815.3 dice que la aceptación nunca se entiende como renuncia parcial: la parte no satisfecha puede pedirse, pero únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda. No por un monitorio nuevo ni dentro de la ejecución, que solo alcanza a la cantidad por la que se requirió.

El art. 812.1 abre el monitorio a la deuda dineraria «de cualquier importe», con tal de que sea líquida, determinada, vencida y exigible y se acredite por alguno de los medios que enumera. Los 15.000 euros son el límite del juicio verbal por razón de la cuantía, no del monitorio: esa cifra solo importa después, si el deudor se opone, para decidir por qué juicio sigue el asunto (art. 818.2).

Para las deudas del art. 812.2.2.º (gastos comunes de comunidades de propietarios), el art. 813 añade al fuero del deudor el del lugar donde se halle la finca, y la elección es del solicitante. Ni el domicilio del administrador ni el del presidente son fueros, y lo que digan los estatutos sería una sumisión, que el mismo artículo excluye en todo caso.

El art. 812.2.2.º permite acreditar con certificaciones de impago las cantidades debidas por gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. El 812.2 solo tiene dos casos especiales: este y el de los documentos comerciales que acreditan una relación anterior duradera. Las rentas, los suministros y las cuotas de un préstamo se acreditan, en su caso, por los medios generales del 812.1.

El art. 812.1.2.ª admite documentos creados por el propio acreedor (facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, telefax…) con una sola condición: que sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que haya entre acreedor y deudor. La firma o el sello del deudor es lo que pide el medio 1.º para los documentos que provienen de él, no para estos, que precisamente pueden ser unilaterales.

El art. 812.1 exige que la deuda sea dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible: todos los rasgos a la vez. Aquí el documento sirve (lo firma el deudor, que es el primer medio de acreditación del art. 812.1) y la cantidad es determinada, pero falta lo esencial: la deuda no ha vencido. Que el documento valga no basta si la deuda todavía no se puede exigir.

Cuando la reclamación excede de la cuantía del juicio verbal, la oposición no convierte el monitorio en juicio: el art. 818.2 obliga al peticionario a interponer la demanda correspondiente dentro de un mes desde el traslado del escrito de oposición, y la demanda sigue los trámites del ordinario (arts. 404 y siguientes). Veinte días tienta por ser una de las cifras más repetidas de la LEC, pero este plazo se cuenta por meses.

El art. 815.1 da al deudor veinte días para pagar, acreditándolo ante el tribunal, o para comparecer y alegar en escrito de oposición, de forma fundada y motivada, por qué no debe en todo o en parte. Cinco días es otro plazo del monitorio, y no del deudor: el que se da a las dos partes para proponer prueba cuando, tras la oposición, el asunto sigue por el juicio verbal (art. 818.2).

El art. 815.3 declara directamente apelable, por la parte personada, el auto que tiene al demandante por desistido. No hay que pasar antes por la reposición; y la revisión es el recurso contra ciertos decretos del letrado, no contra un auto del juez. Poder llevar la pretensión al declarativo es una consecuencia del desistimiento, no un sustituto del recurso.

El art. 816.2 cierra la puerta en los dos sentidos: ni el solicitante del monitorio ni el deudor ejecutado pueden pretender después en proceso ordinario la cantidad reclamada o la devolución de lo obtenido con la ejecución. Lo que el deudor tenga que alegar lo alega en la oposición a la ejecución, que sigue las reglas de la de sentencias judiciales.

El art. 818.2 manda dictar decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor que deja pasar el mes sin demandar. No hay paso automático al verbal, que es el cauce de las reclamaciones que no exceden de su cuantía, y el silencio del acreedor no abre una ejecución: el que se opuso fue el deudor.

El art. 817 es breve: si el deudor paga, tan pronto como lo acredite el letrado de la Administración de Justicia acuerda el archivo de las actuaciones. El traslado para instar la ejecución es lo que pasa en el caso contrario, cuando el deudor ni paga ni comparece (art. 816.1), y en el monitorio no hay sentencia salvo que haya oposición y se siga el juicio que corresponda.

El art. 813 atribuye la competencia «exclusivamente» al tribunal del domicilio o residencia del deudor (en la letra, el Juzgado de Primera Instancia; hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia), y su segundo párrafo excluye en todo caso la sumisión expresa o tácita. Por eso la cláusula a favor de Barcelona no sirve, y ni el lugar del contrato ni el domicilio del acreedor son fueros del monitorio.

La dispensa del art. 814.2 vale solo para la petición inicial. El escrito de oposición, dice el art. 818.1, irá firmado por abogado y procurador cuando su intervención sea necesaria por razón de la cuantía según las reglas generales.

Si los documentos son del art. 812.2 o son principio de prueba, el letrado requiere de pago; «en caso contrario», dice el art. 815.1, da cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión a trámite. La inadmisión no la decide el letrado por decreto: la decide el juez. Y el letrado no requiere al deudor con una petición que no reúne los requisitos.

El art. 815.3 da al silencio el valor de aceptación: la propuesta se entiende aceptada si el demandante deja pasar los diez días sin manifestarse, y entonces se requiere al deudor por esa cantidad. No hay plazo nuevo ni vuelta a la cantidad inicial.

El art. 818.3 hace una excepción a la regla de la cuantía del art. 818.2: cuando se reclaman rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y este se opone, el asunto se resuelve definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. Por eso no va al ordinario aunque pase de 15.000 euros, y no depende de que lo pida el arrendador. Tampoco lo decide el arrendatario al oponerse.

El art. 815.3 da al demandante diez días para aceptar o rechazar la propuesta, tanto si nace de que la cantidad no es correcta como de una cláusula que puede ser abusiva en un contrato con un consumidor. Veinte días tienta por ser una de las cifras más repetidas de la LEC, pero no es la de este trámite.