La ejecución no dineraria: entregar cosas, hacer y no hacer

El art. 711.1 toma como base el precio o la contraprestación del hacer personalísimo fijados en el título; pero si no constan o, como aquí, se trata de deshacer lo mal hecho, la referencia es el coste dinerario que el mercado atribuye a esa conducta. La naturaleza del daño y la capacidad económica del condenado son los criterios de otra multa: la diaria de la acción de cesación en defensa de los consumidores (art. 711.2). Los daños y perjuicios se indemnizan aparte; no miden la multa.

El art. 699 permite al tribunal, en el mismo requerimiento en que ordena cumplir el título en sus propios términos, apercibir al ejecutado con apremios personales o multas pecuniarias: es lo que da fuerza a la ejecución en forma específica. El embargo que la ley prevé en esta ejecución es otra cosa: el de garantía del art. 700, limitado a lo suficiente para las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas, no todos los bienes. La oposición y las costas no dependen de este apercibimiento.

El art. 708.2 distingue: si lo que falta son elementos no esenciales, el tribunal los fija oídas las partes conforme a lo usual en el mercado o en el tráfico; si falta algún elemento esencial, el tribunal no puede suplir la voluntad de las partes y procede la ejecución por los daños y perjuicios, que se liquidan por los arts. 712 y siguientes. La primera opción es la tentadora porque es la regla del otro supuesto del mismo apartado.

Son cosas genéricas que pueden adquirirse en el mercado, y para ellas el art. 702.1 deja al ejecutante pedir que se le ponga en posesión de las cosas debidas o, como alternativa, que se le faculte para comprarlas a costa del ejecutado, con embargo de bienes para pagar la compra. Interrogar sobre el paradero es lo propio de la cosa mueble cierta y determinada (art. 701.2), que no se puede comprar en otro sitio; las multas mensuales son del hacer personalísimo (art. 709).

La regla general del art. 706.1 deja al ejecutante elegir entre la realización por un tercero y el resarcimiento; pero cuando el título trae una disposición expresa para el incumplimiento, se está a ella y la elección desaparece. Por eso falla la opción que añade la cantidad del título a las dos vías ordinarias, y también la que las acumula. El art. 709.4 dice lo mismo para el hacer personalísimo.

La rendición de cuentas sigue el mismo cauce que los frutos y rentas (arts. 718 y 719), con una diferencia: el art. 720 permite al letrado ampliar los plazos mediante decreto cuando lo estime necesario, por la importancia y complicación del asunto. Una administración puede tener años de movimientos; por eso la ley flexibiliza, y no acorta, los plazos. La ampliación es cosa del letrado y por decreto, no del tribunal por auto.

El art. 701.3 reserva la decisión al tribunal, a instancia del ejecutante, y le da la forma de providencia. El letrado es quien busca la cosa e interroga al ejecutado o a terceros (art. 701.2), pero no quien acuerda sustituirla por dinero. El auto es lo tentador porque es la resolución con que el tribunal tiene por emitida una declaración de voluntad (art. 708) o resuelve sobre el hacer personalísimo (art. 709); aquí la ley dice providencia. La cuantía de la compensación se fija después por los arts. 712 y siguientes.

En el hacer personalísimo nadie más que el deudor puede cumplir, así que el art. 709.1 deja al ejecutante elegir entre seguir la ejecución por un equivalente pecuniario o apremiar al ejecutado con una multa por cada mes que pase sin hacerlo. Encargarlo a un tercero es la salida del hacer no personalísimo (art. 706), y es la confusión que hay que evitar: si el tribunal estima que la prestación no es personalísima, la ejecución sigue precisamente por ese art. 706.

El art. 714.2 equipara a la conformidad dos conductas: dejar pasar los diez días sin contestar y limitarse a negar genéricamente los daños, sin concretar los puntos de discrepancia ni sus razones y alcance. Una negativa genérica no es oposición: la oposición que lleva la liquidación al juicio verbal, y en la que el tribunal puede nombrar perito, tiene que ser motivada (art. 715). La ley no da un segundo plazo ni habla de rebeldía.

Es un hacer no personalísimo, y el art. 706.1 da al ejecutante dos salidas: que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado, o el resarcimiento de daños y perjuicios. Las multas por cada mes son del hacer personalísimo (art. 709), que solo puede hacer el deudor; tener algo por hecho mediante auto es lo que el art. 708 prevé para la declaración de voluntad, no para una obra.

El art. 710.1 enumera tres cosas: deshacer lo mal hecho si es posible, indemnizar los daños y perjuicios y, en su caso, abstenerse de reiterar el quebrantamiento. La caución no aparece: la ley asegura el cumplimiento repitiendo el requerimiento cada vez que se incumple y, para deshacer lo mal hecho, con multas por cada mes de retraso.

El art. 703.2 da cinco días desde el desalojo para pedir que la propia ejecución resuelva si hay que abonar el valor de plantaciones o instalaciones no separables y estrictamente necesarias para el uso ordinario del inmueble. El plazo es corto porque la cuestión se decide dentro de la ejecución, sin abrir otro proceso. Diez días es el plazo de otro trance del mismo lanzamiento: el que tienen los terceros que ocupan el inmueble para presentar los títulos que justifiquen su situación (art. 704.2).

El art. 716 declara apelable el auto que fija los daños y perjuicios, pero sin efecto suspensivo: la ejecución sigue mientras se resuelve. La reposición es el recurso contra los autos no definitivos, y este pone fin a la liquidación. El mismo auto se pronuncia expresamente sobre las costas, conforme al art. 394.

Cuando el ejecutante opta por encargar el hacer a un tercero, el art. 706.2 encarga la valoración previa a un perito tasador designado por el letrado de la Administración de Justicia, que aprueba la cantidad por decreto. Si el ejecutado no la deposita ni afianza el pago, se embargan y realizan bienes suyos hasta obtenerla. No la fija el ejecutante a través de su propio perito ni el tercero con su presupuesto, que serían parte interesada; y no hay vista: la vista de juicio verbal es para la oposición a la liquidación de daños (art. 715).

El art. 700 atribuye las medidas de garantía al letrado de la Administración de Justicia, y solo a instancia del ejecutante: nunca de oficio. Lo tentador es el tribunal, porque es quien despacha la ejecución y quien hace el requerimiento del art. 699; pero las medidas de garantía las acuerda el letrado por decreto, y el tribunal solo interviene si ese decreto se recurre en revisión.

En la entrega de cosa mueble determinada es el letrado quien pone al ejecutante en posesión, con los apremios que crea precisos; pero si hay que entrar en lugares cerrados, el art. 701.1 le obliga a recabar la autorización del tribunal que ordenó la ejecución. La fuerza pública es un auxilio que puede pedir además, si hace falta, no algo que sustituya a la autorización. Ni el ejecutado ni el ejecutante tienen aquí nada que consentir.

El art. 704.1 exige fijar el día y la hora exactos del lanzamiento en la resolución inicial, en la que acuerde la prórroga y en cualquier resolución posterior que lo acuerde, aunque se haya intentado practicar antes. Así el ocupante sabe siempre cuándo se le va a desalojar. No basta con el día, no se arrastra lo fijado en la resolución inicial, y el plazo de un mes para desalojar es el del principio, prorrogable una sola vez otro mes: una vez vencidos, se procede de inmediato al lanzamiento.

El art. 711.1 permite que las multas mensuales lleguen a un 20 por ciento del precio o valor, y la multa única, la que acompaña al equivalente pecuniario, al 50 por ciento. La diferencia tiene lógica: la mensual se repite mientras dura el incumplimiento, y la única se impone una sola vez.

Cuando el incumplimiento de una condena de no hacer no es susceptible de reiteración ni se puede deshacer lo mal hecho, el art. 710.2 convierte la ejecución en resarcimiento de daños y perjuicios. Las multas mensuales sirven para que se deshaga lo mal hecho, y los requerimientos reiterados, para impedir que el quebrantamiento se repita: aquí no cabe ni una cosa ni otra. La ejecución no se archiva: cambia de objeto.

El art. 705 permite al letrado delegar la práctica del requerimiento en el profesional de la Procura del ejecutante, a petición de este y a su costa. La ley repite la misma facultad para el requerimiento de publicar la sentencia (art. 707) y para los requerimientos del hacer personalísimo (art. 709.3), y siempre en el procurador: ni el abogado, ni un notario, ni la policía local aparecen en el precepto.