La nulidad de las actuaciones

Con ocasión de un recurso, el art. 227.2 no deja al tribunal decretar de oficio una nulidad que nadie ha pedido en ese recurso. Las únicas salvedades son la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional y la violencia o intimidación que afectara a ese mismo tribunal, y omitir un trámite esencial no es ninguna de ellas. La opción tentadora es la de que la nulidad radical se aprecia siempre de oficio: la ley dice «en ningún caso». La audiencia previa a las partes es requisito de la declaración de oficio antes de que recaiga la resolución que pone fin al proceso, no una puerta para hacerlo al resolver un recurso. Y la indefensión no abre otra salvedad: es la condición de la nulidad del 225.3.º, no una excepción a la regla del recurso.

El art. 230 conserva dos clases de actos posteriores al nulo: los independientes de él y, aunque dependan de él, aquellos cuyo contenido habría sido el mismo sin la infracción, porque anularlos y repetirlos llevaría al mismo resultado. Lo que cuenta es la relación con el acto nulo y el contenido, no que la parte los consintiera, que se practicaran ante otro tribunal o que hubieran ganado firmeza.

El art. 228.1 manda inadmitir, mediante providencia sucintamente motivada, el incidente que pretenda suscitar cuestiones distintas de la vulneración de un derecho fundamental que lo justifica, y añade que contra esa resolución no cabe recurso. El auto tienta porque la ley lo usa en el mismo artículo para condenar en costas al desestimar; pero para inadmitir basta una providencia, y sin audiencia previa. El decreto y la diligencia de ordenación son del letrado, y decidir si se admite el incidente es del tribunal.

El art. 227.1 lleva a los recursos contra la resolución de que se trate, junto con la nulidad de pleno derecho, dos clases de defectos de forma: los que causan efectiva indefensión y los que privan al acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin. La medida es el fin del acto, no la forma externa del escrito ni el consentimiento de la otra parte. El escrito presentado fuera de plazo es otra cosa: para el acto de parte, pasado el plazo se produce la preclusión y se pierde la oportunidad de realizarlo (art. 136), sin necesidad de anular nada.

El art. 229 no anula sin más la actuación judicial hecha fuera de tiempo: solo puede anularse si lo impone la naturaleza del término o plazo. El retraso del tribunal tiene otra respuesta, la corrección disciplinaria de quien lo causó sin justa causa (art. 132.3), no la invalidez de lo actuado. Que los plazos sean improrrogables (art. 134.1) quiere decir que no se alargan, no que lo hecho fuera de ellos por el tribunal sea nulo; y ni la denuncia de una parte ni la indefensión son la medida que pone este artículo. El art. 242 de la LOPJ dice lo mismo con las mismas palabras.

El art. 226.1 manda al tribunal que se ha visto intimidado o violentado, además de declarar nulo lo practicado, promover la formación de causa contra los culpables y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La Sala de Gobierno y la presidencia del tribunal son órganos de gobierno, no de persecución de delitos, y el tribunal superior conoce de los recursos, no de esta comunicación.

El art. 228.1 atribuye el incidente al mismo tribunal que dictó la resolución que adquirió firmeza. Es lógico: el incidente solo cabe cuando esa resolución ya no admite recurso ordinario ni extraordinario, así que no hay un tribunal superior que pueda conocer de él. Por eso fallan el superior en grado y el que conocería del recurso, que no existe, y la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, que no tiene aquí ningún papel.

El art. 225.6.º de la LEC incluye entre los actos nulos de pleno derecho los casos en que, mediante diligencia de ordenación o decreto —las resoluciones del letrado—, se resuelven cuestiones que la ley reserva a providencia, auto o sentencia, que son las del tribunal. Es una causa propia de la LEC: la lista del art. 238 de la LOPJ no la recoge y la deja a las leyes procesales. Los distractores son retrasos, y ninguno anula de pleno derecho: el escrito de parte fuera de plazo precluye (art. 136); la actuación judicial fuera de plazo solo se anula si lo impone la naturaleza del término (art. 229); y los tres días son el plazo máximo para notificar las resoluciones (art. 151.1), cuyo incumplimiento no está en la lista.