El juicio ordinario: la audiencia previa, el juicio y la sentencia

El juicio sirve para practicar las pruebas personales y orales —declaración de las partes, testifical, informes de peritos, reconocimiento judicial y reproducción de palabras, imágenes y sonidos— y, practicadas, para formular las conclusiones sobre ellas (art. 431). Lo demás pertenece a la audiencia previa: allí se intenta el acuerdo (art. 415), se examinan las cuestiones procesales (art. 416) y cada parte se pronuncia sobre los documentos aportados de contrario (art. 427).

El art. 434.1 dispone que la sentencia del juicio ordinario se dicte dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio. Diez días es el plazo de la sentencia en el juicio verbal (art. 447), y es la confusión que hay que evitar: el enunciado fija el ordinario. Dos y quince días no son plazos para dictar sentencia en ninguno de los dos.

El acuerdo homologado judicialmente «surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial» (art. 415.2). Se ejecuta por los trámites de la ejecución de sentencias, y de ahí la tentación de verlo como una sentencia firme, pero no lo es: se impugna por las causas y en la forma previstas para la transacción judicial. Tampoco es un simple contrato privado ni un desistimiento, que es otra salida distinta que el mismo artículo ofrece a las partes.

El art. 429.1 permite al tribunal poner de manifiesto la posible insuficiencia de la prueba e indicar los hechos afectados, y también señalar las pruebas que considere convenientes, pero «ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos». El límite protege su imparcialidad: no busca pruebas fuera de lo que consta. No depende de que una parte se lo pida ni está limitado a ciertas clases de prueba, y los hechos conformes no necesitan prueba.

El art. 414.1 manda al letrado de la Administración de Justicia convocar a las partes a la audiencia «dentro del tercer día» desde que se contesta la demanda (y, en su caso, la reconvención) o transcurren los plazos para hacerlo. Es el plazo corto de la convocatoria, que no hay que confundir con el de celebración, más largo y contado desde la propia convocatoria. El segundo, el cuarto y el octavo día no son plazos de este trámite.

La litispendencia, como la cosa juzgada, impide un segundo pronunciamiento sobre el mismo objeto. Por eso el art. 421.1 manda dar por finalizada la audiencia y dictar auto de sobreseimiento. Suspender el proceso a la espera del otro sería tratarla como una cuestión prejudicial, y acumularlos no resuelve la identidad de objeto. Tampoco se deja para la sentencia: es una cuestión procesal que se despacha en la audiencia.

Según el art. 421.2, si el tribunal considera inexistente la litispendencia o la cosa juzgada, lo declara así, motivadamente, en el acto, y decide que la audiencia prosiga para sus restantes finalidades. Solo si la cuestión es difícil o compleja puede resolverla por auto en los días siguientes, y aun entonces la audiencia continúa (art. 421.3): nunca termina por desestimar la excepción. No se aplaza a la sentencia ni hay trámite escrito.

El art. 429.3 permite, a solicitud de parte, señalar el juicio dentro de dos meses cuando toda la prueba o gran parte de ella haya de realizarse fuera del lugar en que tiene su sede el tribunal. La previsión de que el juicio no termine en una sesión tiene otra respuesta, la del apartado 7: la citación indica las sesiones siguientes, en días sucesivos o en otros. Los edictos y el número de testigos no amplían el plazo.

El art. 426.6 permite al tribunal requerir aclaraciones o precisiones sobre los hechos y argumentos de la demanda o de la contestación. Si no se hacen, la advertencia es que puede tener a la parte por conforme con los hechos y argumentos aducidos de contrario. La consecuencia recae sobre la fijación de los hechos, no es una sanción ni borra lo que la parte alegó, y el sobreseimiento no está previsto para este caso.

El art. 429.1 obliga a las partes a aportar en el acto un escrito detallado de la prueba que proponen de palabra. Si no lo hacen, la prueba no se inadmite, pero queda condicionada a que el escrito se presente «en el plazo de los dos días siguientes». Ni tres, ni cinco, ni quince días son plazos de este trámite: la ley quiere que el escrito llegue enseguida, porque sobre él se decide la admisión.

La regla general del art. 418.2 es que el defecto no subsanado pone fin al proceso por auto. Pero el apartado 3 la exceptúa cuando el defecto afecta a la personación en forma del demandado: entonces se le declara en rebeldía, sin que quede constancia en autos de lo que hubiera hecho. Poner fin al proceso perjudicaría al actor, que no tiene la culpa del defecto. Ni el allanamiento ni la conformidad con los hechos se deducen de la falta de subsanación.

Si no hay hechos controvertidos no hay nada que probar, y el juicio, cuyo objeto es practicar la prueba, sobra. Por eso el art. 428.3 manda al tribunal dictar sentencia dentro de los veinte días siguientes a la terminación de la audiencia. La ley no prevé un juicio solo para informes jurídicos ni un trámite de conclusiones escritas, y la conformidad en los hechos no es una transacción: queda por resolver la discrepancia jurídica.

Según el art. 418.1, los defectos de capacidad o representación subsanables se corrigen en el acto y, si no es posible, se concede un plazo «no superior a diez días», con la audiencia suspendida entre tanto. La ley fija solo el techo: el tribunal puede dar menos, pero no más. Por eso dos, tres o seis días podrían ser el plazo concedido en un caso concreto, pero ninguno es el máximo que pregunta el enunciado.

Según el art. 429.5, cuando el tribunal estima necesario el auxilio judicial para declaraciones e interrogatorios, acuerda en el acto la remisión de los exhortos y da a las partes «un plazo de tres días» para que presenten, cuando sea necesario, una lista de preguntas. Además, que el exhorto no se cumplimente no suspende el juicio. Ocho, diez y quince días no son plazos de este trámite.

Según el art. 414.1, la audiencia «habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria». Cinco, quince y treinta días no aparecen en el precepto. La convocatoria, en cambio, tiene su propio plazo, más corto, que corre antes y desde otro momento: no hay que sumarlo al de celebración.

Las diligencias finales suspenden el plazo para dictar sentencia (art. 434.2), y el art. 436.2 fija cuándo se reanuda: cuando transcurre el plazo otorgado a las partes para presentar su escrito de resumen y valoración. No basta con que se practique la última diligencia ni con que una parte presente antes su escrito, porque el tribunal ha de esperar a que venza el plazo de todas. La notificación del auto que las acuerda es el comienzo del trámite, no su final.

El art. 435.1 abre las diligencias finales «sólo a instancia de parte» y exige que el tribunal las acuerde «mediante auto»; una de sus reglas es precisamente la de la prueba admitida que no se practicó por causas ajenas a quien la propuso. La iniciativa de oficio existe, pero para otro supuesto excepcional, el del apartado 2: volver a practicar pruebas que ya se practicaron y no resultaron conducentes. La providencia no es la forma prevista.

Para suspender el proceso hace falta el común acuerdo de las partes (art. 415.1, con remisión al art. 19.4), pero para reanudarlo no: según el art. 415.3, terminada la actividad, «cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión» y se señale fecha para continuar la audiencia. Exigir otra vez el acuerdo de las dos dejaría el proceso en manos de quien no quiere seguir.

El art. 433.3 permite a cada parte, tras sus conclusiones sobre los hechos, informar sobre los argumentos jurídicos que apoyan sus pretensiones, «que no podrán ser alteradas en ese momento». Lo que queda fijado es lo que se pide, no los argumentos: el precepto no limita las normas ni la jurisprudencia que se pueden invocar, y el informe jurídico no se ciñe a los hechos admitidos, porque abarca también los que se han probado o se discuten.

Para que el intento de acuerdo tenga sentido, el art. 414.2 exige que la parte vaya en persona o que su procurador lleve poder para renunciar, allanarse o transigir; si no se da ninguna de las dos cosas, «se les tendrá por no comparecidos a la audiencia». No se suspende ni se sigue sin el intento de acuerdo, y tampoco se le tiene por desistido: lo que pase después es lo que la ley prevé para la parte que no comparece.