El lugar y el tiempo de las actuaciones: días hábiles y plazos

Los plazos de la LEC son improrrogables (art. 134.1): ni la conformidad de la otra parte ni la justa causa que aprecie el tribunal permiten ampliarlos. Lo que la ley admite es interrumpirlos por fuerza mayor y reanudar su cómputo cuando cesa (art. 134.2), y eso no es una prórroga; aquí no se alega. La ampliación por no más de la mitad del plazo es la del procedimiento administrativo (art. 32 de la Ley 39/2015), no la del proceso civil.

El plazo encadenado se computa, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento del anterior (art. 133.1, segundo párrafo). Es la misma lógica del día siguiente que rige la regla general, sin una comunicación intermedia. La diligencia con que el letrado deja constancia del transcurso de un plazo (art. 136) no abre el siguiente.

La regla vale para la presentación de escritos y documentos sujetos a plazo, procesal o sustantivo, cualquiera que sea la forma (art. 135.5). Tienta pensar que es solo para el papel, porque la presentación electrónica puede hacerse a cualquier hora (art. 135.1), pero la ley no distingue; y tampoco limita la regla a los plazos procesales.

Contra las resoluciones de habilitación no se admite recurso alguno (art. 131.4), las dicte el tribunal o el letrado de la Administración de Justicia. La revisión tienta porque la habilitación puede venir de un letrado, y la reposición porque es el recurso ordinario contra las resoluciones no definitivas; pero aquí la ley cierra toda vía.

Transcurrido el plazo o pasado el término para un acto procesal de parte, se produce la preclusión y se pierde la oportunidad de realizarlo (art. 136). No hay un nuevo requerimiento ni una suspensión a la espera de la parte: el letrado de la Administración de Justicia deja constancia por diligencia y el proceso sigue, con lo que acuerde él o resuelva el tribunal. La última opción recuerda la LJCA, que sí admite el escrito presentado dentro del día en que se notifica la resolución, salvo en los plazos para preparar o interponer recursos (art. 128.1 de la Ley 29/1998): la LEC no tiene esa salvedad.

La fuerza mayor la aprecia el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió y con audiencia de las demás (art. 134.2). No decide el tribunal, aunque luego pueda conocer del recurso de revisión. La diligencia es la resolución con que el letrado deja constancia del transcurso del plazo (art. 136), no la que resuelve sobre la fuerza mayor.

Si no hay plazo ni término, la actuación ha de practicarse sin dilación (art. 132.2). No hay un plazo supletorio de tres ni de cinco días, aunque sean cifras frecuentes en la LEC para otros actos, ni la ley deja al letrado de la Administración de Justicia que lo fije.

La presentación de escritos sujetos a plazo puede hacerse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5). Las veinticuatro horas son la hora en que expira el propio día del vencimiento (art. 133.1), y las veinte, el final de las horas hábiles generales (art. 130.3).

Las actuaciones urgentes son las del art. 131.2, entre ellas las que, demoradas, pueden causar grave perjuicio a los interesados, y para ellas los días de agosto son hábiles sin necesidad de habilitación expresa (art. 131.3). La dispensa es de agosto: un sábado o un festivo siguen necesitando que se habiliten (art. 131.1). El consentimiento de las partes no hace hábil ningún día, y el reglamento del Consejo General del Poder Judicial es para los casos que las leyes no prevén.

En los plazos de las actuaciones urgentes, agosto no es inhábil y solo se excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos (art. 133.2, segundo párrafo). Por eso tampoco se excluye el período del 24 de diciembre al 6 de enero en bloque: dentro de él, solo cuentan como excluidos los días que sean sábado, domingo o festivo. «Ninguno» va demasiado lejos: el fin de semana y los festivos siguen fuera.

En los plazos señalados por días se excluyen los inhábiles (art. 133.2): el viernes es el día uno, el sábado y el domingo no cuentan, y el lunes, el martes, el miércoles y el jueves son los días dos a cinco. El martes sale de contar días naturales; el viernes, de no contar el día en que el plazo empezó a correr.

La regla general es que habilitan los tribunales, de oficio o a instancia de parte, si hay causa urgente; pero la habilitación la realizan los letrados de la Administración de Justicia cuando la actuación es de su exclusiva competencia, cuando la han ordenado ellos o cuando tiende a cumplir lo que el tribunal ha resuelto (art. 131.1). No hace falta que la acuerde el tribunal a propuesta suya. El Consejo General del Poder Judicial habilita por reglamento, según la LOPJ, para los casos que las leyes no prevén: es otro mecanismo, no la habilitación caso a caso.

Para los actos de comunicación y de ejecución, la LEC suma a las horas hábiles generales, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, las que van desde las ocho hasta las diez de la noche (art. 130.3). La ampliación es solo para esos actos: las demás actuaciones siguen acabando a las ocho de la tarde, salvo que la ley disponga otra cosa para una concreta. Las doce de la noche recuerdan las veinticuatro horas en que expira el día del vencimiento de un plazo (art. 133.1), que es otra regla.

Ante una interrupción no planificada, quien remite puede presentar el escrito en la oficina judicial el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de la interrupción (art. 135.2). El justificante es parte de la regla, y el plazo no precluye por un fallo del servicio. Si hay prórroga de los plazos de inminente vencimiento, la anuncia el aviso de la propia interrupción; no la pide la parte ni la concede el tribunal a su instancia. El juzgado de guardia no admite escritos en lo civil (art. 135.5).

Los plazos corren desde el día siguiente a aquel en que se efectuó el acto de comunicación del que la ley hace depender su inicio (art. 133.1). Son dos ejes: el día del acto no cuenta, y lo que importa es la comunicación a la parte, no la fecha en que se dictó la resolución, que la parte puede no conocer.

El día del vencimiento se cuenta entero y expira a las veinticuatro horas (art. 133.1). Las quince horas son otra regla: el límite para presentar un escrito sujeto a plazo el día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5). Las veinte y las veintidós son el final de las horas hábiles, la general y la de los actos de comunicación y ejecución (art. 130.3).

Los plazos que concluyen en sábado, domingo u otro día inhábil se entienden prorrogados hasta el siguiente hábil (art. 133.4), que aquí es el lunes. El domingo también es inhábil, y la ley nunca anticipa el vencimiento al día hábil anterior.

No hace falta habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes iniciadas en horas hábiles (art. 131.3). El límite es el tiempo indispensable, no una hora fija: las diez de la noche son el final de las horas hábiles que la ley añade para los actos de comunicación y de ejecución (art. 130.3), que es otra regla. Suspender o pedir habilitación expresa es justo lo que la ley dispensa.

Contra ese decreto cabe recurso de revisión, que produce efectos suspensivos (art. 134.2). Son dos ejes, y los dos están en la misma frase de la ley: la reposición es el recurso contra las resoluciones no definitivas en general, y la falta de efecto suspensivo es lo habitual en ella; aquí la ley elige la revisión y le da efecto suspensivo.

La infracción se corrige disciplinariamente conforme a la LOPJ, sin perjuicio de que la parte perjudicada exija las demás responsabilidades que procedan (art. 132.3). La nulidad tienta, pero una actuación judicial fuera de tiempo solo puede anularse si lo impone la naturaleza del término o plazo (art. 229). Los plazos de la parte no se prorrogan por el retraso del tribunal: los de la LEC son improrrogables (art. 134.1).