La prueba: disposiciones generales

El art. 281.4 libera de prueba los hechos que gozan de notoriedad absoluta y general. No basta una notoriedad local, como la del partido judicial, ni lo que el juez sepa por su cuenta. Y el silencio del rebelde no fija nada: la declaración de rebeldía no se considera allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda (art. 496.2).

El art. 298.6 da veinte días, desde la notificación de la providencia, para oponerse a la medida de aseguramiento adoptada sin audiencia previa; pueden hacerlo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido y quien haya de soportar la medida. Los cinco días que aparecen en el mismo artículo son el plazo para la vista sobre la oposición (298.8), no para oponerse.

El art. 281.3 exime de prueba los hechos en los que las partes están plenamente conformes, con una sola salvedad: que la materia objeto del proceso esté fuera de su poder de disposición. Lo que las partes no pueden disponer tampoco pueden fijarlo por acuerdo. Las dudas del tribunal, el momento en que se manifiesta la conformidad o el perjuicio a un tercero no aparecen en el precepto como límite.

El art. 281.2 exime de probar la costumbre con dos condiciones que han de darse a la vez: que las partes estén conformes en su existencia y en su contenido, y que sus normas no afecten al orden público. Ni el conocimiento propio del tribunal por ser costumbre del lugar, ni un certificado de la autoridad local, ni una sentencia anterior la eximen: son, como mucho, medios para probarla.

Los materiales de la prueba anticipada quedan bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia del tribunal que la acordó (art. 296.1). Si de la demanda conoce otro tribunal, el art. 296.2 le manda reclamarlos, a instancia de parte, por conducto oficial: no actúa de oficio ni carga a la parte con aportarlos. Repetir la prueba es otra cosa, la del art. 295.4, que exige que lo pida una parte y que sea posible practicarla.

El art. 284 exige consignar, al proponer la prueba, el domicilio o residencia de quienes hayan de ser citados. Si en el juicio ordinario la parte no dispone aún de esos datos, puede aportarlos dentro de los cinco días siguientes. Tres, ocho o veinte días no aparecen en el precepto.

El art. 285.2 solo admite recurso de reposición contra la resolución que admite o inadmite cada prueba, y lo concentra: se sustancia y se resuelve en el acto, no por escrito en cinco días como la reposición ordinaria. Si se desestima, a la parte le queda formular protesta para hacer valer sus derechos en la segunda instancia: no es otro recurso, sino lo que cabe tras la reposición desestimada. La queja no sirve aquí: solo cabe contra el auto que deniega la tramitación de un recurso de casación (art. 494), no contra el que inadmite una prueba; y la revisión es el recurso contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra lo que decide el tribunal.

El art. 286.1 permite alegar los hechos nuevos o de nueva noticia de inmediato, por medio de un escrito que la ley llama de ampliación de hechos; si la alegación puede hacerse en el juicio o en la vista, se hace allí. Las alegaciones complementarias son las que se formulan en la audiencia previa (art. 426), y las diligencias finales solo entran, en el juicio ordinario, si la prueba del hecho nuevo ya no cabe por el estado de las actuaciones (art. 286.3).

El art. 291 manda citar a las partes, aunque no sean sujetos u objetos de la prueba, con antelación suficiente, que será de al menos cuarenta y ocho horas, para todas las pruebas que se practiquen fuera del juicio o vista. Allí tienen la intervención que la ley autorice según el medio de prueba. No hay que confundirlo con los cinco días con que el letrado señala esas pruebas (art. 290).

El art. 298.8 manda dar traslado del escrito de oposición y citar a todos a una vista en el plazo de cinco días; celebrada esta, el tribunal decide sobre la oposición en tres días, por un auto irrecurrible. Los cinco días son, por tanto, el plazo para la vista, no para resolver.

El art. 290 permite que el tribunal acuerde, por providencia, que determinadas pruebas se practiquen fuera del juicio o vista; el letrado de la Administración de Justicia señala el día y la hora con al menos cinco días de antelación. Pero esas pruebas se practican en todo caso antes del juicio o vista. Las diligencias finales son otra figura, con sus propios supuestos (art. 435).

Contra lo que se decide sobre la prueba ilícita, el art. 287.2 solo admite reposición, interpuesta y resuelta en el mismo acto del juicio o vista. Pero deja a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación en la apelación contra la sentencia definitiva. No hay, por tanto, apelación inmediata, y la revisión es el recurso contra decretos del letrado de la Administración de Justicia.

El art. 287.1 obliga a alegar la ilicitud de inmediato, permite que el tribunal la suscite de oficio y manda resolverla en el acto del juicio, oídas las partes y practicadas, en su caso, las pruebas sobre ese extremo. No se deja para la sentencia ni se abre pieza separada. En el juicio verbal la cuestión se resuelve como dispone el art. 438.10 (287.3).

El art. 289.3 enumera lo que puede hacerse ante el letrado de la Administración de Justicia: presentar documentos originales o copias auténticas, aportar otros medios probatorios, reconocer la autenticidad de un documento privado, formar cuerpos de escritura para el cotejo y la mera ratificación de la autoría del dictamen pericial. La declaración de testigos, el reconocimiento de lugares y las explicaciones de los peritos exigen, en cambio, la presencia judicial inexcusable (289.2).

El art. 297.4 deja sin efecto las medidas de aseguramiento acordadas antes del proceso si el solicitante no presenta la demanda en los veinte días siguientes a su efectiva adopción. Entonces el tribunal, de oficio y por auto, alza o revoca lo hecho, condena al solicitante en costas y lo declara responsable de los daños causados. Los dos meses de la prueba anticipada (art. 295.3) son otro plazo y para otra figura.

El art. 293.2 dirige la petición previa al proceso al tribunal que se considere competente para el asunto principal, que vigila de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva y la territorial fundada en normas imperativas, sin que quepa la declinatoria. Iniciado el proceso, se dirige al que esté conociendo del asunto. Ni el lugar de la prueba ni el domicilio del solicitante deciden la competencia.

El art. 283 distingue dos defectos. Es impertinente la prueba que no guarda relación con el objeto del proceso (283.1); es inútil la que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puede contribuir a esclarecer los hechos controvertidos (283.2). La prueba ilícita es otra cosa: la actividad prohibida por la ley (283.3) o la obtenida vulnerando derechos fundamentales (art. 287).

El art. 295.4 permite repetir la prueba anticipada si en el momento de proponer prueba es posible llevarla a cabo y una parte lo pide. Entonces el tribunal la admite y valora según las reglas de la sana crítica tanto la realizada anticipadamente como la posterior: ninguna desplaza a la otra, y la ley no condiciona la repetición a ningún defecto de la primera.

Según el art. 295.3, si la prueba se anticipó antes del proceso, lo actuado pierde su valor probatorio si la demanda no se interpone en dos meses desde que se practicó, salvo que se acredite que la fuerza mayor u otra causa de análoga entidad impidió iniciar el proceso en ese plazo. Los demás plazos no aparecen en el precepto.