Los recursos: la reposición, la revisión, la apelación y la queja

Cuando desisten solo algunos de los recurrentes, el art. 450.2 dice dos cosas: la resolución recurrida «no será firme en virtud del desistimiento», y se tienen por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueran exclusivas de quienes desistieron. «Gana firmeza respecto de quien desiste» contradice lo primero. El desistimiento de uno no arrastra el recurso del otro, ni necesita que este lo acepte.

El art. 454 cierra la vía contra el auto que resuelve la reposición, pero no del todo: la cuestión puede reproducirse al recurrir, si procede, la resolución definitiva. Por eso la apelación tienta, aunque no cabe contra este auto, sino, en su caso, contra la definitiva. La revisión es el recurso contra el decreto del letrado (art. 454 bis), no contra el auto del tribunal, y la ley no admite reposiciones encadenadas.

La queja de la LEC tiene hoy un solo objeto: el auto del tribunal que dictó la resolución y deniega la tramitación de un recurso de casación (art. 494). La apelación no entra porque sobre su admisión decide el propio tribunal que conoce de ella (art. 458.4). La inadmisión de la revisión es una providencia sin recurso (art. 454 bis.2), y contra el auto que resuelve la revisión cabe, en su caso, apelación (art. 454 bis.3).

El art. 456.2 niega efectos suspensivos a la apelación contra las sentencias que desestiman la demanda y contra los autos que ponen fin al proceso, los dos a la vez. Las sentencias estimatorias van por otro apartado: el 456.3 les da la eficacia que regula la ejecución provisional (título II del libro III), y no son las que nombra el 456.2. Las opciones que dejan fuera los autos rompen un par que la ley trata igual.

El art. 448.2 cuenta los plazos para recurrir desde el día siguiente al de la notificación de la resolución recurrida «o, en su caso», de su aclaración o de la denegación de esta. Pedida la aclaración, el plazo no arranca con la notificación de la sentencia, que es la tentación de quien aplica la regla general y olvida el «en su caso». Ni la fecha en que se pide la aclaración ni el fin del plazo para pedirla mueven el cómputo: lo mueve la notificación de lo que se resuelva sobre ella.

El art. 451.1 manda que contra las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos quepa reposición ante el propio letrado que dictó la resolución, salvo que la ley prevea recurso directo de revisión. «Reposición, ante el tribunal» es la celda de las providencias y los autos no definitivos (art. 451.2). La revisión ante el tribunal es el recurso contra el decreto que resuelve la reposición o pone fin al procedimiento (art. 454 bis), y no hay revisión ante el letrado.

El art. 465.5 prohíbe que la apelación empeore la situación de quien recurre, con una salvedad: el perjuicio que nace de estimar la impugnación formulada por el inicialmente apelado (la del art. 461.1). Oponerse al recurso no basta: hay que impugnar la resolución. Ni la revisión de oficio ni que la sentencia fuera parcialmente estimatoria abren la puerta, porque el tribunal solo se pronuncia sobre lo planteado en el recurso y en esos escritos.

El art. 465.1 hace que la resolución de la apelación siga la forma de lo apelado: auto si se apeló un auto, y sentencia en otro caso. Que haya habido vista o no solo cambia el plazo para resolver (art. 465.2), y ni el sentido de la sentencia apelada ni la impugnación del apelado deciden la forma.

El requisito de estar al corriente no se agota al interponer el recurso: el art. 449.2 manda declarar desierta la apelación, «cualquiera que sea el estado en que se hallen», si durante su sustanciación el recurrente deja de pagar los plazos que vencen o los que debe adelantar. «Solo se exige al interponerlo» es justo lo que la ley descarta. Antes de declararlo desierto, el art. 449.6 remite al art. 231 para que se puedan subsanar los defectos.

El art. 454 bis.2 da cinco días para interponer la revisión, en un escrito que cite la infracción en que incurre la resolución. Diez días son los de la queja (art. 495.1), y quince, los de la apelación en lo contencioso-administrativo, que es otra ley.

La queja salta por encima de quien denegó la tramitación: se interpone ante el órgano al que corresponda resolver el recurso no tramitado (art. 495.1). Interponerla ante el mismo tribunal que denegó sería pedirle que se corrija a sí mismo, que es lo que la queja evita. El letrado no interviene en esta decisión, y la Sala de Gobierno no tiene funciones jurisdiccionales.

Lo que abre la puerta a recurrir es el gravamen: el art. 448.1 deja recurrir a las partes las resoluciones «que les afecten desfavorablemente», sean del tribunal o del letrado. «Las que pongan fin a la instancia o al proceso» confunde la resolución recurrible con la definitiva: también se recurren las que no lo son, como las providencias y los autos no definitivos en reposición (art. 451.2). Ni la falta de audiencia ni que la resolución no sea de trámite son la condición que pone la ley.

Del escrito de interposición se da traslado a las demás partes, emplazándolas por diez días para oponerse al recurso o, en su caso, para impugnar la resolución en lo que les sea desfavorable (art. 461.1). Cinco días son los de la reposición y la revisión, y tres, los del letrado para tener por interpuesta la apelación (art. 458.4).

El art. 452.2 tiene dos celdas. La reposición contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos que no cumple los requisitos se inadmite «mediante decreto directamente recurrible en revisión». La que se dirige contra providencias y autos no definitivos se inadmite mediante providencia no susceptible de recurso: esa es la opción tentadora, pero corresponde a la otra celda. Ningún auto interviene en esta inadmisión.

En los procesos con lanzamiento, el demandado solo es admitido a apelar o a recurrir en casación si acredita por escrito que está al corriente: las rentas vencidas y también las que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas. La caución por las rentas futuras no sustituye a estar al corriente, y las costas no entran en el requisito, y desalojar la finca no es condición para recurrir: lo que el artículo protege es que el arrendador siga cobrando mientras dura el recurso.

El art. 452.1 da cinco días para la reposición y exige que el escrito exprese la infracción en que, a juicio del recurrente, incurre la resolución. Tres días es el plazo de la reforma y la súplica en la LECrim (art. 211), un cruce entre leyes que conviene no hacer; veinte días son los de la apelación (art. 458.1), y treinta, los del emplazamiento de las partes ante el tribunal de casación (art. 482.1).

El art. 495.2 da dos salidas. Estimarla es considerar mal denegada la tramitación, y entonces el órgano ordena al tribunal que la denegó que continúe con la tramitación. Comunicarlo al tribunal que la denegó para que conste en los autos es la otra salida, la de la denegación bien hecha. La queja no lleva a resolver el fondo ni a anular la sentencia: solo decide si el recurso no tramitado debe seguir.

El art. 458.1 da veinte días desde la notificación de la resolución que se apela, y pide acompañar copia de ella. Cinco días son los de la reposición (art. 452.1) y quince, los de la apelación en lo contencioso-administrativo, que es otra ley. Ocho días no es plazo de ningún recurso civil.

En los procesos por daños derivados de la circulación de vehículos de motor, el art. 449.3 no admite la apelación ni la casación del condenado a indemnizar si no acredita el depósito «del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles». La mitad de la condena sin intereses se queda corta, las costas no forman parte del requisito y tener seguro no sustituye al depósito. El mismo apartado añade que ese depósito no impide la ejecución provisional de la sentencia.

Contra la resolución que tiene por interpuesta la apelación no cabe recurso alguno, y por eso fallan la reposición y la queja. Pero la apelada no queda indefensa: el art. 458.4 le permite alegar la inadmisibilidad en el trámite de oposición al recurso del art. 461. El tribunal de primera instancia, mientras se sustancia la apelación, solo conserva lo relativo a la ejecución provisional (art. 462).