El requerimiento de pago, el embargo y la tercería de dominio

El art. 582 fija como lugar ordinario el domicilio que figure en el título, pero, a petición del ejecutante, el requerimiento puede hacerse además en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado. La ley no exige haber fracasado antes en el domicilio ni una autorización del tribunal: basta la petición del ejecutante.

El apartado 1 bis del art. 575 limita en todo caso las costas exigibles al deudor al 5 por cien de lo reclamado cuando se ejecuta su vivienda habitual. Es un tope propio de las costas, distinto de la cantidad provisional que, con carácter general, se prevé para intereses y costas juntos en el apartado 1. El 2, el 3 y el 4 por cien no son el tope de la ley.

Si el título fija la cantidad en moneda extranjera, la ejecución se despacha para obtener y entregar esa moneda, pero las costas y gastos y los intereses de demora procesal se abonan en moneda nacional (art. 577.1). Lo que se paga en la moneda del título es el principal, no las costas, y la ley no deja la elección a ninguna de las partes.

Frente a los terceros que no colaboran, el art. 591.2 reserva las multas coercitivas periódicas al tribunal, previa audiencia de los interesados y en pieza separada. Es el contraste con el ejecutado que no manifiesta sus bienes, a quien las multas se las impone el letrado por decreto (art. 589.4). Ni de plano ni sin audiencia: la ley exige oír antes a los interesados.

El art. 599 remite a los trámites del juicio verbal. No va por el ordinario, ni se tramita como la oposición del ejecutado ni como una cuestión incidental del proceso: es la demanda de un tercero que no es parte en la ejecución, con su propio cauce.

El art. 598.1 limita el efecto de la admisión: la ejecución solo se suspende respecto del bien al que se refiere la tercería, y sigue sobre los demás bienes embargados. La suspensión es efecto de la propia admisión, sin que haga falta pedirla, y la oposición del ejecutante no la extiende ni la evita.

Con los bienes cuyo dominio es inscribible, el art. 593.3 manda embargar en todo caso, salvo que el tercero acredite ser titular registral mediante certificación del Registrador; el titular no inscrito conserva su derecho, que hará valer contra quien y como corresponda. El documento privado solo cuenta cuando el bien es la vivienda familiar del tercero y las partes se muestran conformes con no embargarla. Y la tercería de dominio no evita la traba: se interpone desde que el bien ya está embargado (art. 596.1).

En el orden del art. 592.2, las joyas y objetos de arte ocupan el tercer lugar, detrás del dinero o cuentas corrientes y de los créditos realizables a corto plazo y los valores admitidos a negociación. Los bienes muebles o semovientes son el sexto, los inmuebles el séptimo, y los sueldos, salarios y pensiones el octavo, solo por delante de los créditos realizables a medio y largo plazo.

El art. 583.3 atribuye al letrado de la Administración de Justicia la terminación de la ejecución una vez satisfechos intereses y costas, y la forma es el decreto, porque pone fin al procedimiento; la diligencia de ordenación solo le da impulso. No decide el tribunal, así que no hay auto ni providencia.

La sentencia o resolución que condena al pago de una cantidad líquida devenga a favor del acreedor un interés anual igual al legal del dinero incrementado en dos puntos, salvo pacto de las partes o disposición especial de la ley (art. 576.1). La regla vale también para las resoluciones de cualquier orden jurisdiccional, los laudos y los acuerdos de mediación que impongan el pago de cantidad líquida (art. 576.3). Uno, tres y cuatro puntos no son el incremento legal.

El auto estimatorio del art. 604 deshace el embargo y lo que lo garantizaba: alza la traba, remueve el depósito y cancela la anotación preventiva y cualquier otra medida de garantía sobre el bien. Todo se refiere al bien de la tercería: no suspende la ejecución sobre los demás bienes embargados, que sigue su curso, como ya la admisión de la demanda solo la suspendía respecto de ese bien (art. 598.1).

El art. 581.2 ahorra el requerimiento en la ejecución cuando la demanda viene con un acta notarial que acredita haber requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de antelación: el deudor ya sabe lo que se le reclama y ha tenido tiempo de pagar. Con menos antelación, el requerimiento se practica en la ejecución. Veinte días es otro plazo de la ejecución, la espera para despachar las resoluciones procesales y arbitrales (art. 548).

Pagar en el acto del requerimiento no libra de las costas: según el art. 583.2, son de cargo del deudor todas las causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo pagar antes de que el acreedor promoviera la ejecución. Como no justifica nada, las paga él. Ni el pago voluntario las traslada al ejecutante ni la falta de oposición las borra.

Admitir la tercería pone en duda que el bien sirva a la ejecución, y el art. 598.3 lo considera razón suficiente para que el letrado, a instancia de parte, ordene por decreto la mejora del embargo. El alzamiento de la traba solo lo ordena el auto que estima la tercería (art. 604), y el tercerista no es ejecutado: la ejecución no se amplía contra él.

El art. 594.1 declara eficaz el embargo trabado sobre bienes que no son del ejecutado. El verdadero titular tiene que hacer valer su derecho por medio de la tercería de dominio; si no lo hace, no podrá impugnar la enajenación cuando el rematante o adjudicatario haya adquirido de modo irreivindicable, aunque le quedan las acciones de resarcimiento, de enriquecimiento injusto o de nulidad de la enajenación (art. 594.2). El letrado no lo alza de oficio.

El art. 593.2 da al tercero cinco días: si no comparece ni da razones, el letrado dicta decreto mandando trabar el bien, salvo que las partes, en el mismo plazo, se hayan mostrado conformes con que no se embargue. Si se opone razonadamente, el letrado da traslado a las partes por un plazo común, también de cinco días, y remite los autos al tribunal para que resuelva.

El art. 572.1 resuelve la disconformidad entre distintas expresiones de la cantidad a favor de la que consta con letras. No prevalece la expresada en cifras, ni la menor por favorecer al deudor, ni la que elija el ejecutante: la regla es objetiva y la fija la propia ley.

El art. 572.2 permite ejecutar por el saldo de operaciones cuando así se pactó en el título, pero solo si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación. La ley no exige que el deudor se muestre conforme con la liquidación, ni una aprobación judicial previa, ni inscripción registral alguna.

El art. 580 dispensa del requerimiento de pago cuando el título es una resolución del letrado de la Administración de Justicia, una resolución judicial o arbitral, la que aprueba una transacción o un convenio alcanzados en el proceso, o un acuerdo de mediación. La escritura pública no está en esa lista, así que en su ejecución se requiere de pago al ejecutado (art. 581.1), salvo que con la demanda se acompañe el acta notarial de un requerimiento hecho con la antelación que fija el art. 581.2.

Con varios titulares solo se embarga la parte del deudor, y en las cuentas indistintas o mancomunadas se entiende que el saldo corresponde a los titulares a partes iguales, salvo que conste una titularidad material distinta (art. 588.3). Con tres titulares, un tercio. Que cada titular indistinto pueda disponer de todo frente al banco no hace suyo el saldo entero a efectos del embargo, y no hace falta el consentimiento de los demás.