La subasta de bienes muebles

La regla 6.ª del art. 648 permite al mismo postor hacer nuevas posturas por importe superior o inferior al de la anterior, y solo cuenta la última que haga antes del cierre. Por eso la rebaja es válida sin autorización de nadie: la puja de 8.000 euros deja de contar en cuanto la sustituye la de 7.000. Como las pujas son secretas durante la subasta, el postor no compite a la vista con las de los demás.

El art. 650.3 fija un día inicial propio para quien mejora la postura: los diez días para pagar el resto se computan desde el día en que ingresó el depósito. El cierre de la subasta es el día inicial de otros plazos —el del ejecutado para presentar a esa persona y el del mejor postor para pagar—, y por eso es el distractor tentador.

La regla 2.ª del art. 648 hace pagar la tasa al solicitante de la subasta y, si no lo hace en diez días desde la remisión, permite que la pague cualquiera de las demás partes de la ejecución, dando cuenta al órgano judicial antes del inicio. La ley no lo tiene por desistido ni hace adelantar la tasa al Portal; y la subasta no se abre sin el pago, porque se da cuenta de él previamente a su inicio.

El art. 646.1 dice que el anuncio en el BOE contiene «exclusivamente» su fecha, la oficina judicial, el número de identificación y la clase del procedimiento y la dirección electrónica de la subasta en el Portal. El valor de los bienes no está en esa lista: el informe de avalúo va en el edicto que se incorpora al Portal de Subastas (art. 646.2), y el valor de tasación puede figurar en la publicidad por otros medios (art. 646.3).

El art. 647.3 reconoce la facultad de ceder el remate al ejecutante y a los acreedores posteriores, y la reconoce por el solo hecho de participar, sin manifestación expresa. No se limita al ejecutante, pero tampoco se extiende a cualquier postor que haya consignado, que puja para sí, ni al ejecutado, que es el dueño de los bienes que se subastan.

El art. 647.1.3.º exige, para obtener la acreditación que permite pujar, haber consignado el 10 % del valor de los bienes, con un mínimo de mil euros cuando ese porcentaje dé menos. Es la regla general: el letrado de la Administración de Justicia puede elevar o reducir el porcentaje según las circunstancias de la subasta. El 2 % aparece en el art. 644, pero es otra cosa: la reducción de la deuda que puede lograr el ejecutado que colabora en la subasta de un inmueble.

El art. 652.1 devuelve de inmediato los depósitos de todos, salvo el del mejor postor; pero si los demás postores lo solicitan, también se reservan los suyos, para que, si el rematante no paga, el bien pueda adjudicarse al siguiente por el orden de sus posturas. La reserva depende de la petición de cada postor: no se retienen todos, ni el del siguiente de forma automática, ni lo decide el letrado a petición del ejecutante.

Es la quiebra de la subasta del art. 653.1: quien no paga pierde el depósito y se convoca nueva subasta, salvo que con los depósitos perdidos se pueda pagar al ejecutante capital, intereses y costas. El depósito garantizaba precisamente ese pago, así que no se devuelve. Y el embargo no se alza, porque la deuda sigue sin cobrarse: el alzamiento es la salida de la subasta sin postores (art. 651), no de la que quiebra.

El art. 647.2 dispensa al ejecutante de las dos cosas: puja sin consignar nada y puede hacerlo aunque no concurra nadie más. El depósito es una garantía que se pide a los demás licitadores; y exigir otros postores para que el ejecutante pueda pujar no tiene apoyo en la ley.

El art. 650.3 rebaja el listón cuando el ejecutado no usa la facultad de mejora o esta no tiene efecto: basta una postura igual o superior al 30 % del valor de subasta, o una menor que alcance para satisfacer por completo al ejecutante. El 50 % es el umbral para aprobar el remate de inmediato, el día siguiente al cierre; el 40 % y el 60 % son cifras de la subasta de inmuebles (art. 670).

El art. 649.2 distingue por la duración: si la suspensión supera los quince días naturales, la subasta se cancela, se devuelven los depósitos y todo vuelve al momento anterior a la publicación del anuncio. Reanudarla por el tiempo que le quedaba es lo que ocurre cuando la suspensión no pasa de quince días, y es el distractor tentador. Una subasta cancelada no se declara desierta: eso es que no haya postores.

El art. 645.2 hace pagar a cada parte los gastos de la publicidad que haya pedido. Lo único que va a la tasación de costas son los gastos que la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» haya causado al ejecutante: es el distractor tentador, pero no alcanza a la publicidad que pide otra parte. La ley no reparte ese gasto por mitad ni lo carga al rematante.

El art. 652.1 suma al segundo postor el depósito que pierde el primero: basta que su oferta, junto con ese depósito, alcance el importe del remate fallido, que pasa a ser el precio de adjudicación. Exigir que su oferta lo alcance por sí sola sería ignorar ese depósito. Tampoco se aprueba en todo caso: no se aprueba si el depósito del primer rematante ya basta para pagar capital, intereses y costas.

El art. 651 prevé una sola salida para la subasta de muebles sin postores: el alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado. El ejecutante no puede pedir la adjudicación, porque el art. 647.2 se lo niega si no hubo pujas. Designar a quien se adjudique el bien tras la subasta desierta es un remedio de la subasta de inmuebles (art. 671), y la ley no prevé una segunda subasta con tipo rebajado.

El art. 644 manda advertir de ello al ejecutado en el propio decreto de convocatoria: el plazo para pagar el resto del precio, y también el traslado para que el ejecutado presente a quien mejore la postura, corren desde la fecha de cierre de la subasta, sin necesidad de notificación personal. Ni la notificación ni la firmeza del decreto que aprueba el remate abren ese plazo, y el Portal, al acabar, solo publica el importe del mejor precio ofrecido.

El art. 650.2 resuelve el caso en un solo paso: si la postura del ejecutante no supera el principal reclamado, no hay nada que pagar, y se le pone inmediatamente en posesión de los bienes con el decreto de adjudicación. La liquidación y la consignación de la diferencia son para cuando su postura supera el principal. Consignar en diez días lo que falta de la postura es la regla del mejor postor que no es ejecutante, que sí ha hecho depósito.

El art. 650.5 permite al ejecutado liberar sus bienes pagando todo lo debido en cualquier momento anterior a la aprobación del remate, y entonces el letrado acuerda por decreto la cancelación de la subasta o, si ya concluyó, dejarla sin efecto. Que la subasta esté cerrada no impide el pago: el límite es la aprobación del remate, que aquí todavía no se ha producido. Por eso no se aprueba ningún remate, ni para entregar el precio al ejecutado ni para archivar la ejecución.

El art. 654.3 fija el orden de imputación cuando lo obtenido no alcanza: primero los intereses remuneratorios, después el principal, luego los intereses moratorios y, por último, las costas. El principal es el distractor tentador porque es lo que se reclamó, pero va en segundo lugar; los intereses de demora y las costas quedan detrás de él. El letrado expide además certificación de la deuda que queda pendiente por cada concepto.

El art. 644 pone la convocatoria en manos del letrado de la Administración de Justicia y le fija la forma: decreto. La diligencia de ordenación es la resolución del letrado para dar al proceso el curso que la ley establece, no para acordar la subasta. La diligencia de constancia solo deja constancia de hechos con trascendencia procesal, y la providencia es una resolución del tribunal, no del letrado.

El art. 647.1.3.º fija el depósito en el 10 % del valor de los bienes, pero con un suelo: un mínimo de mil euros si el porcentaje da una cantidad inferior. El 10 % de 6.000 euros son 600, que es el distractor tentador; como no alcanza el mínimo, el depósito es de 1.000 euros. Las otras dos cifras no salen de ninguna regla del artículo.