Lo que puede alegar el ejecutado, la suspensión y el fin de la ejecución

El art. 556.1 da al ejecutado diez días desde la notificación del auto que despacha la ejecución, y el art. 557 remite a ese mismo tiempo y forma cuando el título no es judicial. Cinco días es el plazo de la oposición a la ejecución provisional (art. 529.1), la cifra con la que se confunde; veinte días es la espera para despachar la ejecución (art. 548), y tres días no es plazo de nada en este trámite.

Estimada la oposición, los embargos se alzan (art. 561.3). Si el ejecutante apela, el art. 561.4 le permite pedir que se mantengan, y el tribunal lo acuerda por providencia siempre que preste caución suficiente, fijada en la misma resolución, para indemnizar al ejecutado si la estimación se confirma. El daño de difícil reparación es lo que acredita el ejecutado para suspender una actuación recurrida (art. 567), no esto.

El art. 558.2 distingue dos salidas. Si las dos partes están conformes o ninguna alega en plazo, el letrado dicta decreto de conformidad con el dictamen. Si hay controversia o alega solo una de ellas, como aquí, el letrado señala vista ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. El decreto de conformidad es, por tanto, la respuesta tentadora y equivocada: la alegación del ejecutante basta para llevar la cuestión a la vista.

El art. 560 trata distinto a cada ausente. Si falta el ejecutado, que es quien se opone, se le tiene por desistido de la oposición, con las resoluciones del art. 442. Resolver sin oír a quien no viene es la regla cuando el que falta es el ejecutante, y por eso tienta. La ley no prevé citar de nuevo, y resolver con los documentos es lo que se hace cuando no hay vista.

El art. 561.1 dice que el auto que resuelve la oposición decide «a los solos efectos de la ejecución», y de ahí sale el distractor más tentador. Pero el art. 561.2 hace una excepción con la abusividad: una vez firme el auto, ese pronunciamiento tiene eficacia de cosa juzgada, y no puede volver a discutirse en un declarativo.

El art. 559.1 enumera los defectos procesales: carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda, la falta de capacidad o representación del ejecutante, la nulidad radical del despacho y la falta de autenticidad del laudo no protocolizado. La caducidad, la pluspetición y el pago son motivos de fondo (arts. 556 y 557), que se sustancian aparte y después (art. 560).

El art. 560 ordena el incidente: primero se resuelven los motivos procesales, y los cinco días para impugnar los de fondo se cuentan desde que se notifica esa resolución. El traslado del escrito de oposición es el día inicial solo cuando no se alegaron defectos procesales, que no es el caso. La ley habla de notificación, no de firmeza, y el auto del despacho queda muy atrás.

El art. 559.2 manda conceder, mediante providencia, diez días para subsanar. No hay que confundirlo con los cinco días que el mismo apartado da antes al ejecutante para alegar sobre los defectos. Ni dos ni quince días aparecen en este trámite.

Las causas de oposición son tasadas. Lo que no cabe en ellas no se cuela en la ejecución, ni abre en ella un incidente que la suspenda: el art. 564 manda hacerlo valer en el proceso que corresponda. El escrito al tribunal del art. 562 sirve para denunciar infracciones de los actos de ejecución, no hechos nuevos sobre la deuda, y el auto que despacha la ejecución no admite recurso, sin perjuicio de la oposición (art. 551.4).

El art. 562.1 da tres vías según el caso: reposición si la infracción está en una resolución del tribunal o del letrado, apelación donde la ley lo prevé, y un escrito dirigido al tribunal cuando no hay resolución expresa que recurrir, que es este caso. Sin resolución no hay nada que reponer; la vía de la nulidad (arts. 225 y siguientes) solo se abre si la infracción entraña nulidad de actuaciones (art. 562.2), y la oposición a la ejecución es otra cosa: se dirige contra el despacho, no contra un acto concreto.

El art. 558.1 parte de que la pluspetición sola no suspende la ejecución y da una única salida: que el ejecutado consigne la cantidad que reconoce deber, para que el letrado de la Administración de Justicia se la entregue enseguida al ejecutante. Prestar caución por lo que se discute no es lo mismo que pagar lo que se reconoce, y ni la proporción del exceso ni pedir vista cambian nada.

El art. 556.1 admite como motivo de oposición los pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución, pero solo si constan en documento público. Un documento privado, aunque lo firmen las dos partes, no basta; la homologación judicial y la comunicación previa al tribunal no son lo que pide la ley.

Con un título no judicial, la oposición por una de las causas del art. 557.1 suspende el curso de la ejecución, y lo acuerda el letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación (art. 557.2). No hace falta decreto ni resolución del tribunal: el auto es para resolver la oposición, no para suspender mientras tanto. Si el título fuera una sentencia, la oposición no suspendería nada (art. 556.2).

El art. 567 permite pedir al tribunal que despachó la ejecución que suspenda la actuación recurrida si el ejecutado acredita que la resolución le produce un daño de difícil reparación, y además presta caución por los perjuicios del retraso. La apariencia de buen derecho es un presupuesto de las medidas cautelares, no de esto. Que la resolución contradiga el título abre los recursos del art. 563, pero no es lo que exige el 567.

El art. 566.1 permite al tribunal de la ejecución suspenderla, a instancia de parte y con caución, cuando se admite una demanda de revisión o de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía. Si se trata de una revisión, antes de decidir oye el parecer del Ministerio Fiscal. La suspensión la decide el tribunal de la ejecución, no el de la revisión, y ni el letrado ni la Abogacía del Estado intervienen en ese trámite.

El art. 569.1 distingue. Una denuncia o una querella, por sí solas, no suspenden la ejecución, y de ahí sale el distractor que más tienta. Pero si está pendiente una causa criminal que investiga hechos que harían falso o nulo el título, el tribunal que autorizó la ejecución, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acuerda la suspensión. La caución es la del ejecutante para que la ejecución siga pese a todo (art. 569.3), no un requisito que se pida al ejecutado.

La declaración de concurso suspende la ejecución frente al concursado (art. 568.2), pero el art. 568.3 limita el efecto a quien está en concurso: respecto de los demás demandados, la ejecución no se suspende. La ley no condiciona que continúe a que el ejecutante preste caución, ni hace esperar a los demás al final del concurso o a su convenio.

Sin consignación, la ejecución sigue (art. 558.1), pero lo que exceda de la cantidad que el ejecutado reconoce deber no se entrega al ejecutante mientras la oposición esté pendiente. Aquí se reconocen 20.000: eso puede entregarse, y los 8.000 que exceden quedan retenidos. Retenerlo todo castigaría al ejecutante por lo que nadie discute, y la ley no prevé entregar el exceso con caución ni a reserva de devolverlo.

El art. 556.2 dice que la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales y de acuerdos de mediación no suspende su curso. La suspensión por diligencia de ordenación del letrado es la regla contraria, la de los títulos no judiciales (art. 557.2); retener lo que exceda de lo reconocido es lo que pasa en la oposición por pluspetición (art. 558.1), y la caución no aparece en este artículo.

Someterse a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias suspende la ejecución (art. 565.1). Si termina sin acuerdo, la suspensión no se alza sola ni de oficio: se alza a petición de cualquiera de las partes, no solo del ejecutante. Si hay acuerdo y se cumple, el ejecutante lo comunica y el órgano judicial archiva.