Los títulos ejecutivos y la ejecución provisional

Revocada una condena a hacer que ya se cumplió, el art. 534.2 deja pedir, junto a la indemnización de los daños y perjuicios, que se deshaga lo hecho. No lo condiciona a la mala fe del ejecutante —quien ejecuta provisionalmente asume el riesgo de la revocación—, no lo descarta porque la obra ya exista, y no prevé ninguna sanción por el valor de la obra.

El art. 528.4 suma a las causas del 528.2 y 528.3 dos más: el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, justificado con documentos, y los pactos o transacciones documentados en el proceso para evitar la ejecución provisional. La pluspetición es motivo de la oposición a la ejecución ordinaria, no de esta; la prescripción es cuestión de fondo que se discute en el recurso, y la caución no se exige al pedir la ejecución provisional (art. 526).

El art. 518 enumera las acciones que caducan: las fundadas en sentencia, en la resolución que aprueba una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral y en acuerdo de mediación. Los títulos no judiciales ni arbitrales —la escritura pública, la póliza notarial, los títulos al portador— no están en esa lista: su plazo no es este. Que el acuerdo de mediación haya de elevarse a escritura pública no lo convierte en una escritura cualquiera: el artículo lo nombra por su nombre.

El art. 527.4 trata distinto el auto que deniega y el que despacha. Contra el que deniega cabe apelación, tramitada y resuelta con preferencia; contra el que la despacha no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado. La revisión es el recurso contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra autos del tribunal, y la reposición no es la vía que da el artículo.

El art. 521.1 excluye de la ejecución las sentencias meramente declarativas y las constitutivas: no condenan a nada que haya que imponer por la fuerza. Pero si una constitutiva contiene también un pronunciamiento de condena, ese pronunciamiento sí se ejecuta (art. 521.3), así que la opción que lo niega es falsa. Las condenas no firmes admiten ejecución provisional, y las condenas a hacer y a no hacer se ejecutan como ejecución no dineraria.

El art. 530.4 cierra el incidente: contra el auto que decide la oposición a la ejecución provisional o a medidas ejecutivas concretas no cabe recurso alguno. La apelación preferente es la del auto que deniega la ejecución provisional (art. 527.4), y la revisión es contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra autos.

En la condena dineraria el art. 528.3 no deja oponerse a la ejecución provisional por el riesgo de no recuperar lo pagado —el dinero, en principio, se devuelve—, sino a actuaciones concretas del apremio que causarían una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar. No es lo único: también cabe oponerse si se despachó infringiendo el art. 527 (528.2.1.º), y alegar el pago o los pactos para evitarla (528.4). Por eso «A nada» es falso, y los motivos de la oposición a la ejecución ordinaria no se trasladan en bloque.

El art. 524.4 no deja cancelar ni inscribir con una sentencia no firme, pero tampoco obliga a esperar sin más: procede su anotación preventiva, que avisa a terceros del pleito. La caución no abre la puerta a la cancelación definitiva. La misma regla rige para la sentencia firme dictada en rebeldía mientras no han pasado los plazos para pedir su rescisión.

El art. 527.5 premia el cumplimiento rápido: si el ejecutado cumple el auto que despachó la ejecución provisional dentro de los veinte días siguientes a su notificación, las costas de esa ejecución no corren de su cuenta. Las demás cifras no están en el artículo.

El art. 520.1 exige, para los títulos no judiciales ni arbitrales del art. 517.2 (números 4.º a 7.º: escrituras, pólizas, títulos al portador y certificados de anotaciones en cuenta), una cantidad determinada que exceda de 300 euros. Por debajo, el acreedor tiene que acudir a un proceso declarativo o al monitorio. Las demás cifras no aparecen en el artículo.

También la sentencia de segunda instancia se ejecuta provisionalmente en el tribunal de primera instancia: el art. 535.2 manda presentar allí la solicitud, con certificación de la sentencia y testimonio de lo necesario. Esos documentos sí se piden a la Audiencia que dictó la sentencia de apelación, o al tribunal de la casación, y por eso es la opción que tienta; pero la solicitud no va a ellos.

La sentencia constitutiva no se ejecuta (art. 521.1), pero firme produce efectos en los Registros: basta su certificación y, cuando haga falta, el mandamiento judicial (art. 521.2). La anotación preventiva es lo que procede mientras una sentencia no es firme (art. 524.4), no el camino de la firme; y no hay juicio contra el registrador.

El art. 519.1 deja que los interesados pidan al tribunal de la ejecución que los reconozca como beneficiarios y, con testimonio de ese auto, insten la ejecución; y añade que el Ministerio Fiscal puede instarla en beneficio de los consumidores afectados. La ejecución no se abre de oficio, ni por el tribunal ni por el letrado de la Administración de Justicia, y el Defensor del Pueblo no tiene ese papel en la LEC.

El art. 525.1 cierra la ejecución provisional a tres clases de sentencias, y una es la que condena a emitir una declaración de voluntad: tenerla por emitida antes de la firmeza produciría efectos difíciles de deshacer. Las condenas a pagar, a entregar un inmueble o a hacer una obra sí se ejecutan provisionalmente; si la sentencia se revoca, la ley regula cómo se devuelve o se deshace lo hecho (arts. 533 y 534).

El art. 520.2 permite alcanzar el límite de cantidad sumando varios títulos ejecutivos de los que nombra el apartado anterior, entre ellos las pólizas. No exige que cada título lo supere solo, ni un monitorio previo, ni que los vencimientos coincidan.

El art. 525.3 excluye de la ejecución provisional los pronunciamientos indemnizatorios de las sentencias que declaran vulnerados el honor, la intimidad o la propia imagen. No es una condena dineraria más, y la caución no la habilita. Confirmarla en apelación tampoco la abre: la ejecución provisional de la sentencia de segunda instancia se rige por las mismas reglas (art. 535.1).

La suspensión por consignación es cosa del letrado de la Administración de Justicia y se acuerda por decreto (art. 531), que luego decide también si la ejecución continúa o se archiva, una vez liquidados los intereses y tasadas las costas. Contra el decreto cabe recurso directo de revisión ante el tribunal. La diligencia de ordenación sirve para dar curso a los autos, no para decidir una suspensión.

El art. 529.1 da cinco días desde la notificación del despacho, o de la actuación concreta a la que se opone, y el escrito se presenta al tribunal de la ejecución. Diez días es el plazo de la oposición a la ejecución ordinaria, que es la cifra con la que se confunde.

El art. 523 distingue dos cosas. Si el título extranjero tiene fuerza ejecutiva en España lo deciden los tratados y las normas de cooperación jurídica internacional (523.1); pero, una vez que la tiene, la ejecución se tramita con las reglas de la LEC, salvo que un tratado vigente en España disponga otra cosa (523.2). El procedimiento no lo pone la ley del Estado de origen ni la que eligieron las partes.

Remitidos los autos al tribunal de la apelación, el art. 527.2 pide al solicitante que obtenga de él, antes, testimonio de lo necesario para la ejecución y lo acompañe a su solicitud. La ejecución la sigue despachando el tribunal de primera instancia (art. 524.2), no la Audiencia; y no hay que reclamar los autos ni esperar a la sentencia, que cerraría el plazo para pedirla.