El juicio verbal: la demanda y la contestación

El art. 438.10 manda dictar sentencia, sin previa celebración de la vista, cuando la única prueba admitida es la de documentos ya aportados y no impugnados, o cuando hay informes periciales y el tribunal no considera útil la presencia de los peritos. La vista del verbal no es siempre preceptiva: el auto del mismo artículo decide si es pertinente.

El art. 438.6 exige que la resolución que tiene por opuesto al demandado fije día y hora exactos para el lanzamiento, que deberá verificarse antes de treinta días desde la fecha señalada para la vista. Los diez días son los del requerimiento al demandado (art. 438.5), y los veinte, la espera general para despachar ejecución (art. 548), que no se aplica a los desahucios por falta de pago ni por expiración del plazo (art. 549.4).

El art. 438 bis.4 manda al letrado de la Administración de Justicia acordar el desistimiento por decreto «sin condena en costas», sin salvedad alguna a petición del demandado. El reparto de cada parte las suyas y las comunes por mitad es otra regla del mismo artículo (apartado 5): la que puede aplicar el tribunal cuando el demandante insistió en continuar pese a que la providencia lo consideraba innecesario.

El art. 439 bis obliga a la entidad que rechaza la reclamación a comunicar razonadamente sus motivos, «sin que pueda alegar otros diferentes en el proceso judicial que se siga». Puede discutir la cantidad y valerse de la prueba que admita la ley; lo que se le cierra es cambiar de razones.

El art. 437.3 bis permite dirigir esa demanda «genéricamente contra los desconocidos ocupantes», sin perjuicio de notificarla a quien se encuentre en el inmueble al hacerlo; el actor ha de acompañar el título en que funda su derecho a poseer. No hace falta una identificación policial previa, el padrón no designa al demandado y el Ministerio Fiscal no representa a los ocupantes.

El art. 439.1 inadmite las demandas de retener o recobrar la posesión interpuestas «transcurrido el plazo de un año» desde el acto de la perturbación o el despojo. El plazo se cuenta desde ese acto, no desde que el poseedor lo conoce.

El art. 438.10 dice que contra ese auto cabe recurso de reposición, «que tendrá efecto suspensivo». Es una excepción a la regla general, porque la interposición de la reposición no suspende, como norma, lo acordado (art. 451.3). La apelación no cabe contra este auto, ni con efecto suspensivo ni sin él: el artículo solo da reposición.

El art. 439.3 no admite la demanda de desahucio de finca urbana por falta de pago si el arrendador no indica las circunstancias que puedan permitir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio, porque de ellas depende que el arrendatario pueda pagar y seguir en la finca. La fianza, la renta de mercado o una oferta de nuevo contrato no son requisitos de admisión.

El art. 439.6 obliga a especificar en la demanda si el actor es gran tenedor de vivienda y, si dice que no lo es, a adjuntar certificación del Registro de la Propiedad con la relación de propiedades a su nombre. Su propia declaración no basta, el Catastro no es el medio previsto y el informe de los servicios sociales no es lo que la ley pide adjuntar.

El juicio verbal principia por una demanda con el contenido y la forma de la del ordinario (art. 437.1), y le alcanzan también las reglas de preclusión de alegaciones y de litispendencia. La demanda sucinta y el impreso normalizado existen, pero el art. 437.2 los reserva a los verbales en que no se actúa con abogado y procurador; la demanda sucinta «con fundamentos de derecho» no es ninguna de las dos formas.

El art. 438.8 permite a la parte actora, «dentro del mismo plazo de cinco días» que tienen las partes para proponer prueba, alegar sobre las excepciones procesales que puedan impedir una sentencia sobre el fondo. Ya no se esperan a la vista: el tribunal las resuelve por auto antes de decidir si hay vista (art. 438.10).

El art. 438.2 excluye la reconvención «en ningún caso» en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada. En los demás, incluidos los de cuantía, se admite si no hace improcedente el verbal y guarda conexión con la demanda; que el demandado actúe sin abogado o que el actor haya acumulado acciones no la impide.

El art. 438.8 manda al letrado de la Administración de Justicia dar traslado de la contestación al actor y conceder a ambas partes «el plazo común de cinco días» para proponerla e indicar a quién hay que citar a la vista. Diez días es el plazo de la contestación, con el que se confunde.

El art. 438.3 permite oponer en la contestación un crédito compensable, pero si su cuantía supera la que determina el juicio verbal el tribunal tendrá por no hecha la alegación en la vista y lo advertirá al demandado, para que use de su derecho ante el tribunal y por los trámites que correspondan. El verbal no se transforma en ordinario, no se admite la compensación en parte y el pleito no se suspende.

El art. 438 bis.2 dice que la suspensión se acuerda por auto y que contra él cabe recurso de apelación, que se tramitará de modo preferente y urgente. La revisión es el recurso contra los decretos del letrado, la reposición no es la que prevé este artículo y la resolución sí es recurrible.

El art. 439.2.3.º inadmite esas demandas si no se acompaña certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante. La nota simple no es certificación, la escritura de adquisición no acredita la vigencia del asiento y el Catastro no da fe de derechos.

El art. 438.5 dice que la aceptación del compromiso del art. 437.3 «equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21». No es una transacción que haya que homologar ni una satisfacción extraprocesal, que es otra forma de terminar el proceso, y tampoco lo deja en suspenso.

El art. 438.1 da traslado de la demanda admitida al demandado para que la conteste por escrito «en el plazo de diez días», conforme a lo dispuesto para el ordinario. Los veinte días son los de la contestación en el juicio ordinario (art. 404.1), que es el plazo con el que se confunde; si no comparece en plazo, se le declara en rebeldía. Los procesos especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, aunque siguen el verbal, tienen veinte días (art. 753.1).

El art. 438.2 remite la reconvención admitida a las normas del juicio ordinario, con una salvedad: el plazo para contestarla es de diez días, el mismo que tiene el demandado para contestar la demanda del verbal, y no los veinte del ordinario. La contestación oral en la vista no cabe: en el verbal la demanda se contesta por escrito (art. 438.1).

El art. 439.5 inadmite estas demandas si no se acompaña el documento que justifique haber hecho una reclamación previa extrajudicial a quien concede préstamos de forma profesional, para que reconozca el carácter abusivo de la cláusula y devuelva lo cobrado. El cálculo de lo que hay que devolver lo hace el banco al responder a esa reclamación (art. 439 bis), no es un requisito previo; ni el informe del Banco de España ni la certificación registral se exigen.