Las votaciones y las clases de resoluciones

El art. 214.2 da tres días a quien dictó la resolución para resolver la petición de aclaración. No hay que confundirlos con los dos días hábiles que tiene la parte para pedirla, ni con los cinco del complemento de una sentencia o un auto incompletos (art. 215.2).

Definitiva y firme son dos cosas (art. 207). Definitiva es la que cierra la primera instancia o decide el recurso contra ella; firme, la que ya no admite recurso, por no preverlo la ley o por haber pasado el plazo sin recurrir, y es la firme la que pasa en autoridad de cosa juzgada. Una sentencia definitiva puede no ser firme todavía.

El art. 214.4 cierra la vía: contra lo que decide sobre la aclaración o la corrección no cabe recurso alguno, lo que no impide recurrir la sentencia misma si es recurrible. La revisión es el recurso contra ciertos decretos del letrado de la Administración de Justicia (art. 454 bis), y la queja, contra la inadmisión de un recurso devolutivo.

Perder la condición de juez es una de las excepciones del art. 194.2, pero la propia norma la levanta para los jubilados por edad: a ellos se les sigue aplicando la regla del apartado 1, y la sentencia es suya. Repetir el juicio con el sustituto es lo que ocurre cuando el juez queda impedido y no puede dictar la resolución (art. 200.1).

El art. 213 bis lleva al libro de decretos solo los definitivos, igual que el libro de sentencias recoge las resoluciones definitivas del tribunal (art. 213). Los decretos de trámite, como el que admite la demanda, no van a él.

El art. 215.2 manda resolver por auto, tanto para completar la sentencia con el pronunciamiento omitido como para denegarlo; no se dicta una sentencia nueva. El decreto es la forma en que el letrado de la Administración de Justicia completa sus propios decretos (art. 215.4).

El art. 215.2 da cinco días desde la notificación para pedir el complemento, y otros cinco a las demás partes para alegar. Dos días hábiles, desde la publicación, es el plazo de la aclaración (art. 214.2), y tres, el que tiene quien dictó la resolución para resolverla. Veinte días es el plazo de la apelación, no el de este trámite.

La regla 1.ª del art. 209 pone en el encabezamiento quiénes litigan, con su legitimación, representación y defensa, y sobre qué. Los antecedentes recogen las pretensiones, los hechos y las pruebas; los fundamentos, las razones y las normas; y el fallo, los pronunciamientos.

El art. 210.1 manda pronunciar en el acto las resoluciones distintas de sentencia, y documentarlo con el fallo y una motivación sucinta, diciendo además si son firmes y qué recurso cabe. No se dejan para después salvo que la ley lo permita, y lo oral no exime de motivar, aunque sea en breve.

La sentencia pone fin a la instancia «una vez que haya concluido su tramitación ordinaria» (art. 206.1.3.ª); lo que acaba antes reviste la forma de auto, salvo que la ley mande terminar por decreto, que entonces lo dicta el letrado de la Administración de Justicia. Por eso el distractor de la sentencia falla: poner fin a la instancia no basta.

La regla 4.ª del art. 209 lo prevé justo para este caso: el fallo contiene, numerados, los pronunciamientos sobre cada pretensión «aunque» su estimación o desestimación pudiera deducirse de los fundamentos. Lo que se ejecuta es el fallo, y no puede quedar implícito.

La parte pide la aclaración «dentro del mismo plazo» que tiene el tribunal para hacerla de oficio, que se cuenta desde la publicación (art. 214.2). El complemento de una sentencia incompleta, en cambio, se pide desde la notificación (art. 215.2): es el gemelo que más se confunde.

El art. 215.4 manda al letrado de la Administración de Justicia seguir el mismo camino que el tribunal cuando hay que subsanar o completar los decretos que él dictó. No pasa al tribunal ni exige recurrir: el recurso de revisión es para impugnar lo decidido, no para suplir lo omitido.

Dejar pasar el plazo basta: el art. 207.4 la da por firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, sin declaración del tribunal ni renuncia expresa. La renuncia en el acto solo hace falta para declarar la firmeza en el mismo momento de una resolución oral (art. 210.2).

La justa causa evita la corrección disciplinaria, pero el art. 211.2 exige que conste en la resolución misma: así queda a la vista de las partes y de quien deba valorar el retraso.

El ponente que discrepa declina la redacción y formula su voto particular; el Presidente encarga la resolución a otro magistrado y corrige el turno de ponencias para que el reparto siga siendo igual (art. 203). El ponente no redacta lo que no comparte, y la ley no da la redacción al Presidente ni al más antiguo.

El art. 204.3 exige la firma del letrado «bajo pena de nulidad»: no es una irregularidad que la firma del juez sane. La corrección disciplinaria es la consecuencia de dictar fuera de plazo sin justa causa (art. 211.2), no de esta falta.

El escrito del art. 210.4 solo anuncia el interés en recurrir y delimita su alcance: dice qué pronunciamientos se impugnan. Los motivos se exponen después, al interponer el recurso, cuyo plazo no corre hasta el día siguiente a que se notifique la sentencia por escrito.

El art. 194 bis extiende al letrado de la Administración de Justicia la regla del art. 194: si celebró la comparecencia, la resolución que deba dictar después le corresponde a él, aunque haya dejado de ejercer en esa oficina, salvo las mismas excepciones que para los jueces. La ley no la limita a la ejecución ni la deja a lo que acuerde el juez.

El art. 210.3 permite la sentencia oral en el juicio verbal con una sola salvedad: los procedimientos en que no interviene abogado por estar exceptuado según el art. 31.2, como los verbales por cuantía de hasta 2.000 euros. La rebeldía, la prueba pericial o la materia no la excluyen.