El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales

El art. 121.2 pide dos cosas encadenadas: que la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, desviación de poder incluida, y que como consecuencia de ella vulneren un derecho de los susceptibles de amparo. Falla la opción que se conforma con la infracción sin derecho vulnerado, que es materia del recurso ordinario, y la que la reduce a la Constitución: basta cualquier infracción del ordenamiento si de ella resulta la lesión del derecho.

El art. 121.1 manda dictar sentencia en cinco días desde que las actuaciones quedan conclusas: un plazo más corto que el general, coherente con la preferencia de todo el procedimiento. Los otros números tientan porque este capítulo está lleno de plazos breves y distintos para cada trámite, pero ninguno de ellos es el de la sentencia.

El art. 116.1 da al órgano administrativo un plazo máximo de cinco días, contados desde que recibe el requerimiento, para remitir el expediente en soporte electrónico con los informes y datos que estime procedentes. El requerimiento se hace el mismo día de la presentación del recurso o el siguiente. Los plazos más largos tientan a quien trae los de otros trámites: la urgencia del procedimiento especial acorta también este.

El art. 115.2 exige que el escrito de interposición exprese «con precisión y claridad» el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales del recurso. No basta con nombrar el derecho e identificar el acto: hacen falta también los argumentos, aunque sea de forma concisa; tampoco hace falta una demanda completa, que se formaliza después, ni aportar ya la prueba de la vulneración, que tiene su propio período.

El art. 122 quater da a esta tramitación carácter preferente y manda resolverla por auto en un plazo máximo de tres días naturales. La trampa está en los días hábiles, que son la regla general de los plazos procesales: la ley dice naturales, de modo que cuentan también los inhábiles, porque una medida sanitaria urgente no puede esperar al lunes. El caso es el del art. 8.6, párrafo segundo: una medida plasmada en un acto singular que afecta a particulares identificados.

El art. 117.2 limita la comparecencia a una cuestión de cauce: si procede dar al recurso la tramitación del procedimiento especial. Si la respuesta es que no, el recurso se inadmite por inadecuación del procedimiento. Si hubo vulneración del derecho es el fondo, y se decide en la sentencia. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

Si se interpuso potestativamente un recurso administrativo, el art. 115.1 no cuenta el plazo desde la notificación del acto ni espera a que ese recurso se resuelva: lo hace arrancar una vez transcurridos veinte días desde su presentación. La opción que espera a la resolución tienta por analogía con otros cauces, pero aquí la ley no deja la tutela pendiente de la Administración. La misma espera de veinte días rige cuando la lesión viene de la inactividad, contada desde la reclamación, y de una vía de hecho sin requerimiento, desde su inicio.

El art. 122.1 da a los promotores cuarenta y ocho horas desde la notificación de la prohibición, o de la modificación que no acepten, y les encarga trasladar copia registrada del escrito a la autoridad gubernativa para que remita enseguida el expediente. Veinticuatro horas es el plazo en que se resuelve la autorización del art. 122 bis.1, otro procedimiento de este capítulo; los plazos en días no responden a la urgencia de una reunión con fecha.

El art. 116.4 es tajante: la falta de envío del expediente dentro del plazo «no suspenderá el curso de los autos». En un procedimiento preferente, esperar a la Administración sería dejar en sus manos la tutela, y el apercibimiento del art. 48 al que remite el 116.1 sigue pesando sobre ella. Suspender hasta que llegue el expediente es justo lo que la ley descarta; tampoco convierte el retraso en allanamiento ni carga al recurrente con aportar el expediente.

El art. 122.2 manda al tribunal oír a todos los personados, de manera contradictoria, y resolver «sin ulterior recurso». La reunión tiene una fecha, y cualquier recurso posterior llegaría tarde: por eso la ley cierra la vía tanto ante el propio tribunal como ante uno superior. Lo que se decide, además, es limitado: mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas (art. 122.3). Eso cierra los recursos de la jurisdicción ordinaria; queda, fuera de ella, el amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 44 LOTC).

El art. 114.3 no pone límites a la preferencia: la tramitación de estos recursos la tiene «a todos los efectos», en cualquier fase, también en la apelación y en la ejecución, y sin que nadie tenga que pedirla. Las otras opciones la recortan a una instancia, la excluyen de la ejecución o la hacen depender de una solicitud del recurrente, y ninguna de esas condiciones está en la ley: la preferencia la da la propia naturaleza del procedimiento.

El art. 114.2 admite en este proceso las mismas pretensiones que en el procedimiento ordinario (arts. 31 y 32), con una condición: que tengan como finalidad restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales se recurre. La ley no excluye ninguna de ellas por su clase, y por eso fallan las opciones que dejan fuera una parte de lo que se puede pedir o un tipo de actividad: el art. 115.1 menciona expresamente la inactividad al regular el plazo. Y el recurso administrativo previo no es un requisito: el mismo art. 115.1 lo trata como potestativo.

El art. 122 ter.7.b) obliga al tribunal que ve contraria al Derecho de la Unión la decisión de la Comisión a dictar auto planteando una cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal nacional no puede invalidar ni inaplicar por sí esa decisión: la autorización solo puede concederse si el Tribunal de Justicia la declara inválida. Concederla directamente tienta porque es lo que se pidió; el Tribunal Constitucional no juzga el Derecho de la Unión.