Las pretensiones, la acumulación y la cuantía del recurso

El art. 33.2 no deja ni apreciarlo por sorpresa ni ignorarlo: el tribunal lo somete a las partes, advirtiendo que no prejuzga el fallo, y les da un plazo común de diez días para alegar, con el plazo para fallar en suspenso. Descartarlo tienta, pero la ley prevé para este caso justo lo contrario: oír a las partes sobre el motivo. Y no se lo expone solo al demandante: el plazo de diez días es común a todos los interesados.

El art. 37.1 deja acordar la acumulación de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, en cualquier momento procesal, con audiencia previa de las partes por plazo común de cinco días. Esos cinco días son los de la audiencia, no un plazo para pedirla, y no hace falta que la pidan todas las partes ni esperar a un momento concreto del proceso.

El art. 40.3 resuelve el desacuerdo en dos tiempos: primero se decide lo procedente a la vista del escrito del demandado, y después el juez o tribunal resuelve definitivamente la cuestión en la sentencia. La resolución que sigue al escrito tienta porque es la primera respuesta, pero no es la última palabra; y la cuantía no es materia de alegaciones previas.

La petición de ampliación ya suspende el curso del procedimiento (art. 36.2), y si el órgano jurisdiccional accede, la suspensión continúa hasta que lo ampliado alcance el mismo estado que tenía el procedimiento inicial (art. 36.3): así las dos partes del recurso avanzan juntas desde ahí. Los cinco días son los de las alegaciones sobre la petición, anteriores a la decisión; la remisión del expediente o la firmeza de la resolución no marcan el final.

Frente a la vía de hecho, el art. 32.2 permite pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de la actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas del art. 31.2. Las multas coercitivas no son una pretensión del recurso: la ley las prevé para forzar el cumplimiento de lo que el órgano judicial ya ha ordenado; ni se sanciona por esta vía a quien la ordenó, ni se condena a la Administración a dictar el acto que la habría amparado.

El art. 37.2 manda tramitar con carácter preferente uno o varios de esos recursos, oídas las partes por cinco días, y suspender el curso de los demás, en el estado en que se encuentren, hasta que se dicte sentencia en los primeros. No se archivan: firme la sentencia, se notifica a los recurrentes afectados para que, en cinco días, pidan la extensión de sus efectos, la continuación del procedimiento o desistan (art. 37.3), y de ese plazo sale el distractor que más tienta.

El art. 40.2 prevé que, si las partes no la fijan, se requiera al demandante para que lo haga en un plazo no superior a diez días; pasado sin hacerlo, se está a la cuantía que fije el letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia del demandado. La LJCA dice aquí «Secretario judicial»: desde la Ley Orgánica 7/2015 es el letrado de la Administración de Justicia. Callar no deja el recurso sin cuantía: la ley dice quién la fija en ese caso. En la vista del abreviado es distinto: allí la fija el juez (art. 78.9).

El art. 33.1 ata el enjuiciamiento a las pretensiones formuladas por las partes y a los motivos que fundamentan el recurso y la oposición. Los otros límites no están en la ley: el juez no acota el objeto al admitir el recurso, el expediente no fija lo que se juzga al margen de lo pedido, y la lista de preceptos citados en la demanda no es lo mismo que los motivos.

El segundo párrafo del art. 42.2 tiene por de cuantía indeterminada los recursos contra actos en materia de Seguridad Social que tengan por objeto, entre otros, la afiliación, el alta, la baja y las variaciones de datos de trabajadores. No se calcula por lo que se dejaría de cotizar, que es lo que más tienta, ni por el salario o una prestación futura: la ley la deja sin cifrar por la materia.

El art. 34 admite acumular las pretensiones sobre un mismo acto y, cuando son varios, si unos son reproducción, confirmación o ejecución de otros o existe entre ellos cualquier otra conexión directa. Que los dicte el mismo órgano o que los conozca el mismo tipo de tribunal no crea por sí solo esa conexión, y tampoco la coincidencia de fechas: lo que cuenta es la relación entre los actos.

Frente a la inactividad, el art. 32.1 permite pedir que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que estén establecidas. La condena no es a contestar la reclamación, que es lo que tienta si se confunde la inactividad con el silencio, ni a lo que el tribunal estime conveniente, ni a una indemnización que sustituya la prestación: es a cumplir lo que ya está establecido.

El art. 39 solo admite recurso de reposición contra las resoluciones sobre acumulación, ampliación y tramitación preferente. No son irrecurribles, aunque sean cuestiones de ordenación del proceso, y no caben ni la apelación ni la queja: la decisión se revisa ante el mismo órgano que la dictó.

El art. 31.2 permite pretender, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios cuando proceda. Lo demás no es una pretensión del recurso: el órgano judicial no impone sanciones disciplinarias, no se le pide que fije él el contenido discrecional de la licencia, y la sentencia resuelve sobre lo pedido en este recurso, sin dispensas para casos futuros.

El art. 33.3 permite extender el enjuiciamiento a otros preceptos de la misma disposición por razones de conexión o consecuencia con los impugnados, con el mismo trámite que el apartado anterior. No basta con que el tribunal los crea nulos si no guardan esa relación, ni lo decide la petición de la Administración autora; y que un acto los haya aplicado es el terreno del recurso indirecto, no el de esta extensión.

El art. 42.1 remite a las normas de la legislación procesal civil para fijar el valor económico de la pretensión, con las especialidades que enumera a continuación. No remite a la legislación del procedimiento administrativo, aunque el acto recurrido salga de él, ni a la tributaria, aunque el pleito verse sobre un tributo.

El art. 36.4 da dos caminos cuando, recurrido un acto presunto, llega la resolución expresa: desistir del recurso porque se acepta esa resolución, o pedir la ampliación del recurso a ella. Si desiste, el plazo para recurrir la resolución expresa es de dos meses desde el día siguiente a su notificación. Seguir solo contra el presunto tienta, pero la ley no obliga a ignorar la resolución que llega tarde, ni la anula por llegar fuera de plazo.

El art. 36.1 permite pedir la ampliación a un acto que guarde con el recurrido la relación del art. 34 si se dicta o se conoce antes de la sentencia, pero siempre dentro del plazo que señala el art. 46 para interponer el recurso. Por eso falla la opción sin plazo, que es la que tienta: el límite de la sentencia no sustituye al plazo de interposición, que corre igual. La demanda no cierra la puerta.

Aunque las pretensiones vayan en un mismo proceso, con varios demandantes rige el art. 41.2, que atiende al valor económico de la pretensión que deduce cada uno y no a la suma de todas. Sumar las tres multas tienta, pero la ley lo excluye expresamente, y no es indiferente: la cifra decide, por ejemplo, si una sentencia admite apelación. Que haya varios demandantes tampoco hace indeterminada la cuantía, ni se toma la mayor como la de todos.

El art. 41.3 suma el valor de las pretensiones acumuladas para fijar la cuantía, pero esa suma no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de apelación. Lo resuelto sobre una pretensión de 8.000 euros, dictado por estas Secciones, no sería apelable por sí solo (art. 81.1.a), salvo los casos que el 81.2 hace siempre apelables, y la acumulación no lo cambia aunque el recurso valga 58.000: eso desarma la opción que mira la cuantía total. La LJCA aún dice Juzgados de lo Contencioso-administrativo; desde la Ley Orgánica 1/2025 son las Secciones de los Tribunales de Instancia.