El procedimiento abreviado

El art. 78.11 permite cerrar la vista cuando no queda nada que probar ni que discutir —conformidad de los demandados, controversia meramente jurídica, falta de prueba propuesta o inadmisión de toda la propuesta— y las partes no quieren conclusiones: el juez lo aprecia en el acto y, si nadie se opone, dicta sentencia sin más dilación. Si alguna parte se opone, resuelve esa oposición; si la estima, la vista sigue.

El art. 78.3 abre a las partes demandadas una ventana dentro del propio plazo para contestar: sus diez primeros días. Pasados esos días, la petición ya no cabe aunque siga corriendo el plazo para contestar. Cinco días tienta porque son los primeros días del plazo de contestar en que, en el ordinario, se formulan las alegaciones previas (art. 58.1); tres y quince no son plazos de este trámite.

El art. 78.3 abre un trámite de conclusiones de cinco días sucesivos una vez presentada la contestación, pero solo si la parte actora lo había solicitado en su demanda. No es automático, no depende de la Administración demandada y el artículo no lo deja a la apreciación del juez.

El art. 78.5 manda que la vista prosiga en ausencia del demandado cuando solo comparece el actor. La incomparecencia de la Administración no equivale a allanarse ni lleva a una estimación automática: el actor tiene que sostener su pretensión y el juez, resolver lo que proceda en sentencia. Tampoco se repite la citación.

Contra la denegación de pruebas, el art. 78.17 permite recurrir en el acto, y el recurso se sustancia y se resuelve allí mismo, sin abrir plazos que interrumpan el juicio. El artículo lo llama recurso de súplica, y la disposición adicional 8.ª manda entender esas referencias hechas al recurso de reposición. Recurrir por escrito en los días siguientes es el régimen general de la reposición contra providencias y autos (art. 79), no el de este trámite. Pedir en la apelación que se practique la prueba denegada sí cabe (art. 85.3), pero no sustituye a este recurso, que se interpone en el acto.

El art. 78.3 deja la decisión al juez, que resuelve la solicitud mediante auto. La petición de la demandada no abre la vista por sí sola —era lo que decía la redacción anterior del artículo, que mandaba citar a las partes en cuanto se pedía—, y el letrado de la Administración de Justicia no decide: solo cita a las partes cuando la vista se ha acordado. El actor tampoco tiene un veto.

En el abreviado no hay escrito de interposición: el art. 78.2 dice que el recurso se inicia por demanda, con el documento o los documentos en que el actor funde su derecho y los que el art. 45.2 pide al escrito de interposición del procedimiento ordinario. Empezar por un escrito de interposición y presentar la demanda después es lo propio del ordinario, y por eso tienta.

Según el art. 78.5, si no comparece nadie o solo lo hace el demandado, el juez tiene al actor por desistido del recurso y le condena en costas: quien no acude a sostener su demanda la abandona. Seguir con la vista o fallar sobre el expediente sería resolver un recurso que nadie defiende, y la ley no prevé una segunda citación.

El art. 78.1 cierra su lista con todos los asuntos «cuya cuantía no supere los 30.000 euros». Los 30.050 euros, a cincuenta euros de distancia, son otra cifra de la misma ley que decide qué órgano es competente, no el procedimiento; ni 18.000 ni 60.000 son el límite del abreviado.

El art. 78.3 reparte el trámite entre los dos: el letrado de la Administración de Justicia acuerda lo que corresponda para que la prueba pueda practicarse en el juicio, y el juez decide sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio. Que el letrado prepare la prueba no significa que la admita, y por eso tienta que decida él; tampoco la admisión se adelanta a antes de la vista, ni la preparación espera a ella.

El art. 78.1 manda al procedimiento abreviado los asuntos de los órganos unipersonales que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas, y la sanción disciplinaria de un funcionario lo es. Ahí decide la materia, no el importe: el límite de cuantía solo cuenta para los asuntos que no están en esa lista, y por eso el ordinario es la respuesta tentadora. Tampoco depende de que el actor lo pida.

El art. 78.3 no fija un plazo que corra hacia delante desde el requerimiento, sino hacia atrás desde la vista: el expediente, en soporte electrónico, tiene que llegar al menos quince días antes del término señalado para ella. Los veinte días contados desde que se reclama son los del procedimiento ordinario (art. 48.3), donde no hay una vista señalada a la que referirse.

El art. 78.1 enumera las materias que van al procedimiento abreviado por sí mismas, y entre ellas están la extranjería, la inadmisión de peticiones de asilo político y la disciplina deportiva en materia de dopaje. Las sanciones de tráfico no figuran: muchas acaban en el abreviado porque su importe es pequeño, pero lo que las lleva allí es la cuantía, no la materia. Por eso son la opción tentadora.

El art. 78.20 mantiene la regla de dictar sentencia en diez días desde la vista, pero permite dictarla oralmente al concluir ese acto, con los requisitos de forma y las consecuencias del art. 210.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con el fallo de los arts. 68 a 71 de la propia Ley 29/1998. La redacción anterior solo fijaba los diez días y no preveía la sentencia oral. No depende de una petición de las partes ni de que ninguna se oponga.

El art. 78.9 obliga al juez a exhortar primero a las partes a ponerse de acuerdo sobre la cuantía. Si no lo consiguen, decide él y da al proceso el curso que corresponda según la cuantía que determine, y contra esa decisión no cabe recurso alguno, tampoco el de reposición, que es el general contra los autos (art. 79). No la fija el letrado de la Administración de Justicia ni se paraliza el pleito.

Según el art. 78.7, el demandado formula sus alegaciones empezando, en su caso, por las cuestiones de jurisdicción, de competencia objetiva y territorial y cualquier otra que impida terminar el proceso con una sentencia sobre el fondo; el juez las resuelve oído el demandante. Fijar los hechos y proponer la prueba viene después, si el juicio sigue (art. 78.10), y por eso tienta. En el abreviado con vista la contestación no se presenta por escrito: el demandado alega de palabra en el acto.

La petición de vista de las partes demandadas tiene que ir motivada: el art. 78.3 les exige argumentar en qué hechos existe disconformidad y qué medios de prueba, distintos de los que ya constan en las actuaciones, habría que practicar para despejarla. Es lo que justifica celebrar una vista en un pleito que el actor quería resolver por escrito. La indefensión, la cuantía o un expediente incompleto no son lo que el artículo pide.