La unidad de mercado y la extinción de los partidos políticos

El art. 127 ter.7 dice que, admitida la intervención, no se retrotraen las actuaciones: quien entra tarde toma el proceso en el estado en que lo encuentra, aunque es parte a todos los efectos y puede defender las pretensiones ya formuladas o las suyas propias si todavía tiene oportunidad procesal para ello. Por eso no se vuelve al momento de la interposición ni se abre un trámite para que presente su demanda, y su entrada no deja el proceso en suspenso: las partes ya fueron oídas antes de admitirla.

El art. 127 ter.6 dice qué implica la sentencia estimatoria: la corrección de la conducta infractora y el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya causado, incluido el lucro cesante. No se queda en anular, y la indemnización no se deja en manos de la Administración: la reconoce la sentencia, conforme al art. 71. Tampoco sanciona a la Administración; la ley habla de corregir y de resarcir.

El art. 127 ter.6 permite convocar a las partes para dictar la sentencia de viva voz y añade que la no comparecencia de todas o de alguna de ellas no impide dictarla así. No hay nueva citación ni hay que pasar a escribirla, y la ausencia no tiene por desistida a la parte: la ley no le anuda esa consecuencia aquí. Lo que sí hace el letrado de la Administración de Justicia, si la sentencia es oral, es expedir en cinco días una certificación con todos los pronunciamientos del fallo.

El art. 127 quinquies.1.c) manda notificar al registro la sentencia que declara la extinción, para que cancele la inscripción del partido: la extinción la declara el órgano judicial y surte efectos desde su anotación en el registro (Ley Orgánica 6/2002, art. 12 bis.4). No hace falta que la ratifiquen las Cortes Generales ni que el Gobierno acuerde después la disolución, y la ley no la hace depender de su publicación en un boletín.

El art. 127 bis.1 legitima a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para este recurso cuando considera que una disposición, un acto, una actuación, una inactividad o una vía de hecho de cualquier Administración pública es contraria a esas libertades en los términos de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. La Secretaría para la Unidad de Mercado tienta por el nombre: tramita las reclamaciones del art. 26 de la Ley 20/2013, pero la LJCA no le da este recurso. La Comisión Nacional del Mercado de Valores supervisa los mercados de valores, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vela por la estabilidad presupuestaria.

El art. 127 ter.3 da al recurrente diez días improrrogables para formalizar la demanda, contados desde que el letrado de la Administración de Justicia (la ley aún dice Secretario judicial) le pone de manifiesto el expediente y las demás actuaciones. El plazo no se prorroga a petición de parte ni se cuenta desde un emplazamiento, y no son ocho días sino diez; la contestación tiene después otros diez días, comunes e improrrogables (art. 127 ter.4).