Los actos procesales: las actuaciones, las resoluciones y la comunicación

El art. 57.2 permite entregar la copia o la cédula sin constituirse en el domicilio del interesado: a los parientes, familiares, empleados o porteros que nombra el 57.1, y también a quien, por su relación con el destinatario, pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto. Dejarla en la oficina no es entregarla a nadie, y fijarla en la puerta no es una forma de comunicación de la ley.

El art. 56.5 remite las comunicaciones electrónicas al art. 162 de la LEC para quienes están obligados a ellas o las eligen, pero cierra una puerta propia del orden social: no cabe obligar contractualmente al trabajador a esa relación electrónica. Es coherente con el art. 44, que le deja elegir en todo momento si usa medios electrónicos.

El art. 48.1 cuenta el plazo desde la notificación de que los autos están a disposición del interesado, no desde que los recoge: así la parte no alarga el plazo tardando en ir a buscarlos. La entrega física puede sustituirse por un soporte informático o por el acceso telemático, pero eso cambia la forma de entregar, no el inicio del plazo.

El art. 60.4 resuelve cómo se comunica con un órgano colectivo sin personalidad propia: la diligencia se entiende con su presidente o su secretario y, si faltan, con cualquiera de sus miembros. No hace falta notificar a cada miembro, y el empresario, que suele ser la parte contraria, no es el cauce.

El art. 54.3 no suprime la notificación: permite retrasarla, con una resolución motivada y solo durante el tiempo indispensable para lograr la efectividad de la medida. Esperar a la sentencia sería omitirla, no demorarla, y los edictos son para quien no se encuentra (art. 59), no para ocultar una medida a quien sí se encuentra.

El último párrafo del art. 43.4 declara hábiles, para las acciones laborales derivadas de los derechos de la Ley Orgánica 1/2004, los dos periodos que la regla general del orden social hace inhábiles: el mes de agosto y los días del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. La ley no distingue entre los dos: no hay ninguno de los dos que siga siendo inhábil.

El art. 43.4 declara inhábiles en lo social agosto y los días del 24 de diciembre al 6 de enero, salvo en una lista cerrada de modalidades, y la impugnación de las altas médicas está en ella. De la Seguridad Social solo entra el alta médica: las demás prestaciones, como la incapacidad permanente, siguen el calendario común. La impugnación de sanciones y el procedimiento de oficio tampoco figuran en la lista.

El despido es una de las modalidades en las que agosto no es inhábil, y el art. 43.4 extiende la excepción a todo el proceso: «tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución». No hace falta habilitar nada: los días ya son hábiles por ley. La excepción no se queda en la instancia, que es la idea que hace caer.

Según el art. 53.2, el domicilio y los datos designados en el primer escrito surten plenos efectos, y las notificaciones intentadas en ellos sin efecto son válidas mientras la parte no facilite otros: mantenerlos actualizados es carga procesal suya y de sus representantes. Por eso no hay que averiguar el nuevo domicilio ni acudir a los edictos.

El art. 51 permite los autos orales, en las mismas condiciones que la sentencia oral, al término de la comparecencia celebrada en cualquier incidente suscitado durante el proceso: lo oral va unido a un acto con las partes delante. Fuera de un acto así no hay auto verbal, y la ley no lo limita a la reposición.

El art. 61 declara nulas las comunicaciones que no se ajustan a la ley, pero las salva si el interesado se dio por enterado o si consta de forma suficiente su conocimiento, «procesal o extraprocesal», de los elementos esenciales de la resolución. Basta que conste, y el efecto se produce desde ese momento, no desde el intento defectuoso. Exigir además que comparezca sin denunciar la nulidad es la regla de la LEC (art. 166.2), no la del orden social.

El art. 44 remite la forma de presentar escritos al art. 135 de la LEC, pero deja a salvo a los trabajadores, que pueden elegir «en todo momento» si actúan por medios electrónicos o no. La elección no queda fijada con el primer escrito ni se cierra con el señalamiento: pueden cambiarla durante todo el proceso.

El art. 43.6 manda que, a efectos del plazo para recurrir, la fiesta local o autonómica que medie en las actuaciones conste por diligencia: así queda en los autos que ese día no cuenta y nadie tiene que probarlo después. No es una carga de la parte que recurre, ni se publica en un tablón.

El art. 54.2 permite notificar, cuando así se mande, a quienes la resolución afecte o tengan interés legítimo, y fija lo que se les notifica en especial: además de la resolución que pone fin al proceso, la admisión a trámite y el señalamiento de la vista, que es lo que les permite acudir a tiempo. Las medidas cautelares y la prueba admitida no están entre las que la ley nombra.

La regla del art. 43.4 es que en lo social agosto es inhábil, y la excepción es una lista cerrada de modalidades (despido, extinciones, movilidad, vacaciones, materia electoral, tutela, altas médicas…) en la que la reclamación de salarios no está. Por eso el plazo para recurrir se detiene en agosto y sigue corriendo en septiembre. Que en el despido agosto sí sea hábil, también para recurrir, es lo que hace tentadora «Sí, porque en lo social agosto es hábil para recurrir».

El art. 43.3 hace perentorios e improrrogables todos los plazos y términos del proceso social, con una sola salvedad: los señalados para dictar resolución. Los de las partes son justo los que no se prorrogan, y solo se suspenden y se abren de nuevo en los casos taxativos de las leyes. Que una modalidad tenga agosto hábil (43.4) cambia el calendario, no la prorrogabilidad de sus plazos.

El art. 50 solo obliga a la sentencia escrita cuando en el procedimiento no interviene «abogado ni graduado social»: basta que intervenga uno de los dos para que el juez pueda pronunciarla de viva voz. «No: sin abogado, la sentencia ha de ser escrita» es la regla del juicio verbal de la LEC (art. 210.3), que solo nombra al abogado. La renuncia a recurrir no es requisito de la sentencia oral, sino lo que permite declararla firme en el acto.

El segundo párrafo del art. 43.4 añade a la lista de modalidades otra excepción, que no depende de la modalidad: agosto y las fiestas de Navidad tampoco son inhábiles para los actos preparatorios, las medidas precautorias y las cautelares, en particular en prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No hace falta habilitar el día, ni que la medida sea anterior a la demanda.

El art. 52 añade a lo que toda resolución dice de sus recursos algo propio del orden social: los depósitos y las consignaciones que sean necesarios para recurrir y la forma de hacerlos, porque su falta puede cerrar el recurso. Los motivos del recurso no se indican en la resolución: son cosa de quien recurre. Tampoco se fijan ahí las costas.

El art. 45.1 fija el lugar de esa presentación: el servicio común procesal creado a tal efecto y, donde no exista, la sede del órgano judicial. Los registros administrativos y la oficina de correos valen para escritos dirigidos a la Administración, no para los escritos procesales sujetos a plazo. Tampoco vale el órgano de guardia (45.2).