La demanda, su admisión y el señalamiento

El art. 82.4 permite someter el litigio a mediación sin que eso suspenda la comparecencia, salvo que las dos partes lo pidan de común acuerdo justificando la sumisión. La suspensión dura el tiempo máximo que fije el procedimiento de mediación, y nunca más de quince días.

El art. 82.4 manda consignar en las cédulas que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Las otras tres dicen lo contrario de lo que la cédula advierte: los actos no se suspenden por la incomparecencia del demandado, salvo causa justificada; las partes pueden conciliarse sin esperar al señalamiento, por comparecencia ante la oficina judicial; y la mediación no suspende la comparecencia, salvo que lo pidan las dos de común acuerdo.

El art. 81.1 da a la parte cuatro días para subsanar los defectos u omisiones de su demanda en los presupuestos procesales o en los documentos de aportación preceptiva. Tres días es otro plazo del mismo trámite: el del juez para decidir sobre la admisibilidad si la parte no subsana (art. 81.2). La falta de la conciliación previa tiene su regla propia (art. 81.3).

El art. 80.1.e) pide al demandante que litiga por sí mismo que designe un domicilio, de ser posible en la localidad donde resida el juzgado o tribunal (hoy, la sección de lo social del tribunal de instancia), con todos sus datos y, si los tiene, el fax, el teléfono y la dirección electrónica. El centro de trabajo y el domicilio de la empresa sirven para elegir el órgano competente (art. 10), no para recibir las diligencias; y el lugar de la conciliación previa no cuenta para nada aquí.

Pasado el plazo del art. 82.5, solo se admiten los documentos sobre el fondo que estén en alguno de los tres casos de la ley, y el segundo es justamente este: documentos de fecha anterior cuando quien los presenta justifica no haber sabido antes que existían. Que sea anterior no basta para rechazarlo, y la admisión no depende de que la otra parte calle: oponerse sirve cuando el documento no está en ninguno de los casos. La multa solo cabe si el tribunal aprecia ánimo dilatorio o mala fe.

El art. 82.1 manda que el letrado señale el día y la hora de la conciliación y el juicio en la misma resolución que admite la demanda, y que entre la citación y la celebración medien al menos diez días. Es un mínimo: el señalamiento puede ser más tardío, pero no más próximo.

El art. 80.2 manda acompañar a la demanda la documentación que justifique haber intentado la conciliación o la mediación previa, o que pasó el plazo sin celebrarse, o que se agotó la vía administrativa, cuando proceda, «o alegación de no ser necesarias éstas». Si el proceso está exceptuado, basta con alegarlo. No se presenta una papeleta que no hacía falta ni se pide al servicio un certificado de que no procede, y tampoco se calla: la demanda lo alega y el letrado lo revisa al admitirla (art. 81).

El art. 82.5 manda requerir en la citación que la prueba documental o pericial se traslade entre las partes o se aporte con diez días de antelación al juicio, y en formato electrónico salvo que la parte no esté obligada a relacionarse así con la Administración de Justicia. Cinco días es otra antelación: la de la prueba voluminosa o compleja en el despido colectivo (art. 124.10).

El art. 82.3 encaja la conciliación anticipada entre dos topes: se celebra a partir de los diez días desde la admisión de la demanda y, en todo caso, con una antelación mínima de treinta días al juicio, salvo los supuestos que fija la ley. Así, si no hay acuerdo, el juicio sigue en su fecha.

El art. 81.3 advierte al demandante con el archivo: si no acredita la celebración o el intento de la conciliación en el plazo, se archivan las actuaciones y el señalamiento que ya se había hecho queda sin efecto. La falta no se deja para la sentencia, no hay segundo plazo con multa y el juicio no se queda en suspenso esperando la conciliación.

El art. 80.1.c) prohíbe alegar en la demanda hechos distintos de los aducidos en la conciliación o la mediación, y solo salva los hechos nuevos o los que no hubieran podido conocerse antes. Estos los conocía cuando concilió, así que no puede introducirlos. Ratificarlos en el juicio no lo arregla: allí el demandante ratifica o amplía su demanda, pero sin variación sustancial (art. 85.1); y la excepción no depende de que la empresa se oponga o no.

Cuando el letrado ve, al recibir la demanda, que puede faltar jurisdicción o competencia, el art. 81.1 le manda requerir a las partes y al Ministerio Fiscal conforme al art. 5 y, cumplido ese trámite, dar cuenta inmediata al juez para que resuelva. Decidirlo no le corresponde a él, así que no puede inadmitir por decreto. La subsanación es para los defectos de la demanda en los presupuestos procesales y en los documentos, no para la falta de jurisdicción; y la cuestión no se aplaza al juicio.

El art. 82.2 permite señalar la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia en una convocatoria separada y anterior al juicio a instancia de cualquiera de las partes, si estiman razonadamente que hay posibilidad de acuerdo, o de oficio por el propio letrado, si por la naturaleza del litigio o por lo resuelto en casos análogos ve factible el acuerdo. No hace falta que lo pidan las dos y no es iniciativa del juez: la conciliación es del letrado.

El art. 82.6 concede veintidós días de consulta al letrado de la Administración de la Seguridad Social, el mismo plazo que al abogado del Estado para consultar a la Abogacía General del Estado, y extiende ese plazo a las comunidades autónomas y al letrado de las Cortes Generales. El juicio se señala para una fecha posterior a ese plazo.

Para la conciliación o la mediación previa, el art. 81.3 se aparta de la regla general: el letrado resuelve sobre la admisión, hace el señalamiento y advierte al demandante de que tiene quince días, desde el día siguiente a recibir la notificación, para acreditar la celebración o el intento del acto. Los cuatro días son los de la subsanación de los demás defectos de la demanda (art. 81.1), y la propia ley excluye de ellos este caso.

Según el art. 80.1.e), la demanda en la que el demandante designa abogado, graduado social colegiado o procurador la suscribe el profesional, y se entiende que asume su representación con plenas facultades procesales. Lo que queda pendiente es la ratificación del demandante en el juicio, salvo que antes otorgue poder en forma o que después revoque o el profesional renuncie. No es una mera asistencia, ni una representación recortada o limitada a la admisión.

El art. 81.2 reparte la decisión: si la parte subsana, el letrado admite la demanda; si no, da cuenta al juez para que resuelva sobre la admisibilidad en los tres días siguientes. Inadmitir no es cosa del letrado, ni hace falta que nadie lo pida: la cuenta al juez es de oficio. El Ministerio Fiscal se oye cuando se plantea la falta de jurisdicción o competencia (art. 81.1), no por un defecto de la demanda.

El art. 80.1 manda formular la demanda por escrito y permite usar los formularios y procedimientos que facilita la oficina judicial donde deba presentarse. No cabe hacerlo de palabra ni por comparecencia. Tampoco la firma siempre un abogado: en la instancia la defensa es facultativa (art. 21.1), y solo si el demandante designa abogado, graduado social colegiado o procurador tiene que suscribirla ese profesional (art. 80.1.e); si no, la firma él mismo (art. 80.1.f).

Según el art. 82.3, la conciliación anticipada intentada ante el letrado se tiene por celebrada y no se reitera el día de la vista. La única salvedad es que, antes del juicio, las partes manifiesten su intención de llegar a un acuerdo. Por eso no se repite de forma automática ni ante el letrado ni ante el juez, y la ley no deja la repetición a la iniciativa del juez.

El art. 81.5 manda al letrado requerir a la parte demandada, desde la notificación de la demanda, para que designe abogado, graduado social o procurador, salvo que litigue por sí misma. Así se sabe pronto quién la representa. La conciliación anticipada se señala a instancia de parte o de oficio (art. 82.2), sin requerimiento; y los testigos y el reconocimiento de los hechos son cosa del juicio.