El despido disciplinario

La regla del art. 102.2 es la contraria a absolver: advertida la inadecuación en cualquier momento desde la demanda, se da al asunto la tramitación que corresponde a lo que se pide, completando los trámites que falten y con el régimen de recursos de la modalidad adecuada. Solo hay dos excepciones: que no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento o que el actor persista en la modalidad inadecuada. Que se advierta tarde no basta, porque la ley dice «en cualquier momento», y un régimen de recursos distinto no impide el cambio: se aplica el de la modalidad correcta.

El art. 108.3 manda al juez pronunciarse sobre el móvil de nulidad con independencia de cuál haya sido la forma del despido. Así, un despido discriminatorio o con vulneración de derechos fundamentales no se queda en improcedente porque además tuviera un defecto formal. Tampoco se envía a otra modalidad: se resuelve dentro del propio proceso de despido.

El art. 108.1 permite que el juez autorice una sanción adecuada cuando los hechos probados no bastan para el despido pero sí constituyen una falta menor no prescrita. El empresario la impone en los diez días siguientes a la firmeza, de caducidad, y solo tras readmitir al trabajador en debida forma. Al trabajador le da otro plazo, de veinte días desde la notificación, para revisarla por incidente de ejecución: no hay que confundir los dos eslabones.

El art. 111.2 dice que, cualquiera que sea el sentido de la opción, se tiene por no hecha si el tribunal superior declara nulo el despido; si confirma la sentencia, en cambio, no puede alterarse. Con la nulidad no hay nada que elegir (art. 113). Tampoco se salva la opción por readmitir: también ella se tiene por no hecha.

El art. 105.2 cierra la oposición del empresario a lo que escribió: para justificar el despido no se le admiten en el juicio otros motivos que los contenidos en la comunicación escrita. Ni la prueba documental, ni el expediente disciplinario, ni alegarlo en el acto de juicio abren la puerta a un motivo nuevo: si el empresario quiere invocarlo, la carta es el único sitio.

El art. 113 no deja opción en el despido nulo: condena a la inmediata readmisión con abono de los salarios dejados de percibir, y la sentencia se ejecuta de forma provisional aunque se recurra. La elección entre readmitir e indemnizar es propia del despido improcedente (art. 110), que es la confusión que buscan las otras opciones.

El art. 108.1 da dos vías a la improcedencia: que no se acredite el incumplimiento alegado en la carta o que se hayan incumplido los requisitos de forma del art. 55.1 del Estatuto. Probar la causa no salva un despido sin forma, y el defecto formal no lo hace nulo: la nulidad queda para los supuestos del art. 55.5 del Estatuto (art. 108.2).

El art. 109 dice que, estimado procedente, se declara convalidada la extinción que el despido produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. En la procedencia no queda nada que cobrar por la extinción: la indemnización y los salarios de tramitación son consecuencias de la improcedencia (art. 110).

El art. 111.1.b) dice que, optado por la indemnización, no procede la readmisión mientras penda el recurso, lo interponga el empresario o el trabajador; durante su tramitación el trabajador está en situación legal de desempleo involuntario. La readmisión provisional es la consecuencia de la otra opción, la de readmitir (art. 111.1.a), que remite al art. 297.

El art. 110.1.b) evita una opción inútil: si consta que la readmisión no es realizable, a solicitud del demandante la sentencia puede tener por hecha la opción por la indemnización, declarar extinguida la relación en ella misma y condenar a abonar la indemnización calculada hasta la fecha de la sentencia. La imposibilidad de readmitir no convierte el despido en nulo ni obliga a otra empresa del grupo.

El art. 110.1.a) permite anticipar la opción en el acto de juicio, con manifestación expresa, y el juez se pronuncia sobre ella en la sentencia. La ley la sitúa ahí, no en la papeleta ni en un escrito previo; y tras la sentencia ya no se anticipa nada: se opta en el plazo del art. 110.3.

El art. 102.3 lleva las acciones del trabajador autónomo económicamente dependiente al proceso ordinario o a la modalidad adecuada a lo que pida, con el plazo de prescripción o de caducidad que tenga previsto. Para cuando no lo haya, fija uno supletorio: un año de prescripción desde que pudieran ejercitarse. Cinco años es el plazo general de las acciones personales sin plazo especial en el Código Civil (art. 1964.2), que aquí no rige: la LRJS fija el suyo.

El art. 110.4 da siete días desde la notificación de la sentencia para un nuevo despido cuando el primero fue improcedente por defecto de forma y se optó por readmitir. No subsana el primero: es un despido nuevo, con efectos desde su fecha. Los cinco días son los de la opción del art. 110.3, otro eslabón.

El art. 111.1.b) deja al empresario cambiar su opción en los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia que, en el recurso del trabajador, eleva la indemnización. Si lo hace, la readmisión retrotrae sus efectos económicos a la fecha de la primera elección, descontando lo que el trabajador cobró como prestación por desempleo. Ni la notificación, ni la firmeza ni la reincorporación marcan el arranque: el trabajador no pierde el tiempo que pasó esperando el recurso.

El art. 106.2 obliga a la demandada a aportar el expediente contradictorio legalmente exigido cuando despide a miembros del comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales: es la garantía de los representantes, y su falta se ve en el propio proceso. La ley no pide informe de la Inspección ni autorización del comité.

El art. 104.d) pide indicar si el trabajador está afiliado a algún sindicato cuando alegue la improcedencia por haberse despedido sin la previa audiencia de los delegados sindicales: es el dato que hace exigible ese trámite, que protege al afiliado. Los nombres de los delegados, la antigüedad de la sección sindical o un informe posterior no figuran entre los requisitos de la demanda.

La regla general del art. 110.1 da la opción al empresario, pero el art. 110.2 la traslada al trabajador cuando se declara improcedente el despido de un representante legal o sindical. Es una garantía de la representación: el empresario no puede apartar al representante pagando. Ni el juez ni el sindicato eligen por él.

El art. 103.1 excluye del cómputo los sábados, los domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional: cuenta el calendario del lugar donde se demanda, no el del domicilio del trabajador. Agosto, en cambio, sí corre para el despido: el art. 43.4 lo exceptúa de la inhabilidad de ese mes, así que la opción que lo excluye es la trampa de mezclar las dos reglas.

El art. 102.1 cierra el título de las modalidades procesales con una regla de remisión: en todo lo que no esté expresamente previsto en él, rigen las disposiciones del proceso ordinario. Por eso el despido, que solo regula sus especialidades, se tramita en lo demás como un proceso ordinario: demanda, conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia y juicio. La ley no manda buscar la modalidad más parecida ni deja la laguna al criterio del juez, y el procedimiento de oficio es una modalidad más, no la norma común.

El art. 103.2 protege a quien demanda por error a quien no era su empresario: puede presentar una nueva demanda contra el verdadero, o ampliar la que tiene si aún no se celebró el juicio, y el plazo de caducidad no empieza a contar hasta que consta quién es el empresario. No hay que esperar a una sentencia firme que absuelva a la primera demandada, y tampoco se cuenta desde el despido, que es justo lo que la regla evita.