La evitación del proceso y los principios del proceso social

La multa del art. 75.4 va de seiscientos a seis mil euros, sin superar la tercera parte de la cuantía del litigio, y la impone el juez o tribunal por auto motivado, en pieza separada y con proporcionalidad. La horquilla de ciento ochenta a seis mil euros es la de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 247.3): el techo coincide, el suelo no.

Cuando la lesión nace de la inactividad o de una vía de hecho, el art. 70 no hace correr el plazo desde la reclamación ni desde que empezó la inactividad: lo inicia transcurridos veinte días desde la reclamación, igual que cuando se interpone potestativamente un recurso administrativo. No hay que esperar a una resolución expresa.

Aunque demande a una Administración, el despido es una acción sujeta a caducidad, y el art. 69.3 no le aplica el plazo general de la demanda contra la Administración (art. 69.2), sino veinte días hábiles (o el especial que corresponda) desde el día siguiente al acto.

La reclamación previa ante la entidad gestora es requisito para demandar en materia de prestaciones (art. 71.1), y la propia norma exceptúa la impugnación de las resoluciones expresas de alta médica dictadas al agotarse los trescientos sesenta y cinco días de la incapacidad temporal. La incapacidad permanente, la viudedad o la jubilación siguen la regla, y también el alta médica dictada antes de agotarse esos trescientos sesenta y cinco días: primero, reclamación previa.

Para las partes, la acción caduca a los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo; para el tercero que puede sufrir perjuicio, que no estuvo en el acto, el art. 67.2 cuenta el plazo desde que pudo haberlo conocido. La ley no exige notificárselo ni espera a que se inste la ejecución.

El art. 75.3 no manda al perjudicado a un pleito aparte ni a otro orden: reclama la indemnización ante el juzgado o tribunal que está conociendo o conoció del asunto principal (hoy, la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia o la Sala que corresponda). El domicilio del causante no decide nada aquí, y la Sala de Gobierno solo interviene en la alzada contra la multa del art. 75.4.

El art. 74.1 nombra cuatro principios: inmediación, oralidad, concentración y celeridad, y el 74.2 extiende su función orientadora a las modalidades procesales. La publicidad de las actuaciones judiciales rige también en lo social, pero por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, no por esta lista. La obligación alcanza a jueces y tribunales y a los secretarios judiciales, hoy letrados de la Administración de Justicia (disp. adic. 1.ª de la Ley Orgánica 7/2015), en la ordenación del procedimiento.

El art. 75.5 reparte las medidas por destinatario: apremios pecuniarios a las partes y multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos del art. 241.2 y 3, con posibilidad de ser oídos en justicia. Cambiarlas de sitio es la trampa; la ley no prevé ni la condena automática en costas ni la pérdida de la prueba.

El art. 63 sitúa la conciliación o mediación previas fuera del juzgado: ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma esas funciones, creado por los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos del art. 83 del Estatuto de los Trabajadores (o por los acuerdos de interés profesional de los autónomos). La conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia existe, pero es otra: la del art. 84, que se intenta ya presentada la demanda, justo antes del juicio. Ni el juez ni la Inspección de Trabajo intervienen en este trámite previo.

El art. 71.6 fija treinta días para demandar en materia de prestaciones y los reduce a veinte en las altas médicas. Siete días es el plazo de la entidad para contestar la reclamación en las altas, y once el del interesado para presentarla.

Cuando quien falta es el solicitante, el art. 66.2 tiene por no presentada la papeleta y archiva lo actuado: no hay trámite cumplido y, sin él, la demanda no puede tramitarse. «Intentada sin efecto» es la consecuencia de que falte la otra parte (66.3), y las costas también son para el que no comparece habiendo sido citado como contraparte.

El compromiso arbitral suscrito al amparo de un acuerdo interprofesional o de un convenio colectivo suspende la caducidad igual que la solicitud de conciliación, pero la reanudación no llega con la suscripción ni cuando se dicta o se notifica el laudo: el art. 65.3 espera a su firmeza, y si se recurre en anulación, a la firmeza de la sentencia que resuelva el recurso.

El art. 70 dispensa de agotar la vía administrativa la demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones en materia laboral y sindical: la regla general de demandar a una Administración después de agotarla (art. 69) cede aquí, sin condiciones. Dispensar no es prohibir: la ley admite que se interponga potestativamente un recurso administrativo, y entonces fija desde cuándo corre el plazo. Tampoco hay reclamación previa, que es el trámite de las prestaciones de Seguridad Social (art. 71). La contrapartida es un plazo corto, que corre desde el día siguiente a la notificación del acto.

El art. 67.1 da dos vías: las partes ejercitan la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, y los posibles perjudicados la fundan en la ilegalidad o la lesividad del acuerdo. Las causas de invalidez de los contratos son la tentación, pero son las de las partes. La falta de homologación judicial no es causa de impugnación: el art. 67.1 no la nombra.

El art. 64.2.b exceptúa del intento previo los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de dirigir la papeleta o la demanda contra unas personas, haga falta dirigirla o ampliarla frente a otras distintas. Por eso no hay que volver a conciliar con la segunda empresa. La opción que limita la excepción a antes de la contestación falla en eso: la ley dice «en cualquier momento del proceso».

El art. 73 da a la reclamación previa el mismo doble efecto que a la conciliación: interrumpe la prescripción y suspende la caducidad. La caducidad se reanuda al día siguiente de notificarse la resolución o de transcurrir el plazo en que debe entenderse desestimada; si se reanudara al presentarla, la suspensión no serviría de nada, y el recibo de presentación solo acredita la fecha.

El art. 65.1 reanuda el cómputo al día siguiente de intentada la conciliación o, si no se celebra, transcurridos quince días hábiles desde la presentación. Los treinta días hábiles son otra cosa: el plazo del art. 65.2 tras el cual el procedimiento se tiene por terminado y el trámite por cumplido.

El art. 72 vincula el proceso a lo que se discutió en la vía previa: no caben variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. Que la entidad callara no levanta la vinculación, y negar también los hechos nuevos olvida la salvedad.

El art. 65.4 manda tramitar la impugnación y el recurso de anulación de los laudos del orden social sin procedimiento especial por los trámites del procedimiento ordinario, y solo por exceso, vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. No se acude a la acción de anulación de la Ley de Arbitraje, que es la de los laudos civiles, ni a la modalidad de conflicto colectivo aunque el laudo resuelva uno, ni a la oposición a la ejecución.

Según el art. 69.1, la notificación que trae el texto íntegro pero omite alguno de los demás requisitos (si es definitiva, los recursos, el órgano y el plazo) mantiene suspendida la caducidad e interrumpida la prescripción, y solo surte efecto cuando el interesado realiza actuaciones que suponen conocer el contenido y alcance de la resolución, o interpone el recurso que proceda. Llevar el texto íntegro no basta, y no hay un plazo fijo que la convalide.