La jurisdicción y la competencia del orden social

El art. 10.2.d) fija para las materias de las letras j) y l) del art. 2 —la constitución de sindicatos y asociaciones empresariales, la impugnación de sus estatutos y su modificación— el juzgado «de la sede del sindicato o de la asociación empresarial». El lugar de los efectos es el fuero de las letras k) y m), el funcionamiento interno y la responsabilidad, y la oficina pública decide en la impugnación de la denegación del registro de las actas electorales, no aquí.

La letra d) del art. 2 lleva al orden social el régimen profesional, individual y colectivo, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes de la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidas sus reclamaciones de responsabilidad por daños. Los demás autónomos no entran por esta vía, ni por estar dados de alta ni por emplear a otros ni por su cliente: lo que decide es la dependencia económica. Su protección por cese de actividad es otra cosa, una prestación de la letra o).

La letra e) del art. 2 lleva al orden social la impugnación de las actuaciones de las Administraciones en prevención de riesgos laborales respecto de todos sus empleados, «bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral», que actúan en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena. Aquí ser funcionaria no lleva el asunto al contencioso-administrativo, y la ley no lo parte: la reclamación de los daños por el incumplimiento también está dentro. Las competencias de la Inspección de Trabajo quedan a salvo, pero no deciden el orden.

El art. 9.a) atribuye a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en única instancia, la impugnación de los actos de las Administraciones atribuidos al orden social «cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros». La Audiencia Nacional se queda con los de Ministro o Secretario de Estado (art. 8.2). Y si el acto es de los que la ley lleva al orden social, no conoce de él ninguna Sala de lo Contencioso-administrativo. Si lo impugnado fuera una disposición general, como un real decreto, no conocería el orden social (art. 3.a).

Cuando un Tribunal Superior tiene varias Salas de lo Social, como en Andalucía, el art. 11.3 resuelve el caso de efectos que alcanzan a varias de ellas sin salir de la comunidad: «conocerá la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia». La ley no da preferencia a la sede, a la que conoció primero ni al número de afectados.

El art. 5.5 cuenta la suspensión desde la presentación de la demanda: lo que el trabajador consumió del plazo antes de demandar no lo recupera, pero el tiempo que el asunto pasa ante un órgano sin jurisdicción no le corre. No se cuenta desde que se dicta ni desde que se notifica el auto, y la fecha del despido es cuando empieza a correr la caducidad, no cuando se suspende.

El art. 9.d) da a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo las demandas de error judicial cuando el órgano al que se imputa pertenece al orden social, «salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones»: solo entonces va a la Sala del art. 61 de la LOPJ. Un Tribunal Superior de Justicia no es ese caso, y la ley no deja la demanda dentro del propio Tribunal Superior.

La letra o) del art. 2 incluye las cuestiones litigiosas sobre la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad, y también la dependencia de la Ley 39/2006, «teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración» que las relativas a las prestaciones de la Seguridad Social. Que el grado lo reconozcan los servicios sociales es lo que empuja hacia el contencioso-administrativo, pero la ley lo trae al social sin condicionarlo al origen de la discapacidad ni a que haya pensión.

El art. 6.2 da a los Juzgados de lo Social —hoy, las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia— los actos de las Administraciones autonómicas «salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno», los de las entidades locales y los de cualquier otro organismo o entidad de derecho público con competencias en esas materias. Los del Consejo de Gobierno los conoce en única instancia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (art. 7.b). Un consejero no es el Consejo de Gobierno: sus actos van al juzgado.

El art. 15 separa quién instruye y quién decide. Si el recusado es un Juez de lo Social —hoy, juez de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia—, instruye un magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior designado por turno de antigüedad (15.2.c), y decide la Sala de lo Social de ese Tribunal «en Pleno, si no estuviera dividida en Secciones o, en caso contrario, la Sección primera» (15.3.g). El magistrado por turno es el instructor, y de ahí la confusión.

El art. 3.f) excluye del orden social los actos en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con ella, y los de gestión recaudatoria de la Tesorería General; la letra s) del art. 2, que trae al social los demás actos en materia de Seguridad Social, los exceptúa expresamente. Unir el acta de liquidación a una de infracción no cambia nada: la vinculada con la liquidación está en la misma exclusión. Y la ley no distingue por el número de trabajadores afectados.

El art. 7.e) da a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia las cuestiones de competencia «entre los Juzgados de lo Social de su circunscripción» —hoy, las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia—, en línea con la regla del art. 13.2: las decide el inmediato superior común. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo solo entra cuando no hay otro superior jerárquico común (art. 9.e), y la ley no deja la decisión a la presidencia del Tribunal ni al órgano que conoció primero. La LOPJ dice lo mismo con el nombre nuevo: la Sala de lo Social del Tribunal Superior conoce de las cuestiones de competencia «entre las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma» (art. 75.3.º).

El art. 6.2.a) deja a los Juzgados de lo Social —hoy, las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia, tras la LO 1/2025— los actos de la Administración General del Estado y de sus organismos «siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado». Los de Ministro o Secretario de Estado van a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (art. 8.2), o a la del Tribunal Superior de Justicia en el caso del art. 7.b), y los del Consejo de Ministros, a la del Tribunal Supremo (art. 9.a). Un Director General está por debajo del umbral, así que sus actos sí van al juzgado. El ámbito territorial del órgano no cuenta para esta regla.

La segunda regla del art. 14 permite al demandante, estimada la declinatoria, deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, y protege la caducidad: el plazo se entiende suspendido «hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme». No basta con que se dicte o se notifique la sentencia, y la reanudación no espera a que el nuevo órgano admita la demanda.

El art. 10.2.c) fija un fuero propio: «En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido», que hoy es la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia que la dictó. Aquí no juegan las reglas generales del lugar de los servicios o del domicilio, ni la sede de la Administración demandada.

La letra ñ) del art. 2 lleva al orden social las cuestiones «contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral». Que sea un organismo público no lo manda al contencioso-administrativo: lo que decide es que la responsabilidad nace de la legislación laboral. Y que el Fondo se subrogue después en los créditos que paga no convierte en civil la reclamación que se le dirige.

La letra c) del art. 2 lleva al orden social los litigios entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores, pero «exclusivamente por la prestación de sus servicios»: lo que el socio discuta solo como socio, al margen de su trabajo, no entra por esta letra. Dentro de la prestación de servicios la ley no distingue entre el cese, la retribución o la jornada. Y que el socio trabajador no tenga contrato de trabajo no lo saca del orden social: la ley lo trae por la prestación de servicios, no por el contrato.

El art. 3.d) deja fuera del orden social las disposiciones que garantizan los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga, con los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal, «sin perjuicio de la competencia del orden social» para las impugnaciones «exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos». La ley separa las dos cosas: la disposición no entra en el orden social, y no la junta con la designación en un mismo proceso.

La letra b) del art. 2 atribuye al orden social las acciones de los trabajadores por los daños originados en la prestación de servicios o causados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, «incluida la acción directa contra la aseguradora». Que el seguro sea un contrato aparte y la aseguradora no sea la empleadora es lo que hace tentador el orden civil, pero la ley no parte la reclamación entre dos órdenes ni exige demandar a la vez a la empresa. Lo que deja a salvo es la acción de repetición, que se ejerce ante el orden competente.

El art. 4.4 solo suspende la ejecución por una cuestión prejudicial penal si la falsedad documental «se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo», y aun entonces limita la suspensión a las actuaciones ejecutivas que dependen directamente de ella. Si el documento ya se valoró en la sentencia, la falsedad es anterior al título y no suspende nada; la apertura del juicio oral y la caución no están entre las condiciones.