Las partes, la representación y la defensa

El art. 21.2 exige al demandante que haga constar en la demanda que comparecerá asistido de abogado, representado por graduado social o por procurador, con los datos de contacto del profesional, y la falta de ese requisito supone la renuncia de la parte a valerse de ellos en el acto del juicio. Que la defensa sea facultativa en la instancia (art. 21.1) quiere decir que puede elegir ir con abogado, no que pueda decidirlo el mismo día sin avisar: el aviso existe para que la otra parte pueda igualar fuerzas. Por eso tampoco se suspende el juicio.

El art. 20.2 presume concedida la autorización, salvo declaración en contrario del afiliado; al sindicato le toca acreditar en la demanda la condición de afiliado y que le comunicó su voluntad de iniciar el proceso. No hace falta un escrito previo ni una ratificación. Si en realidad no la había otorgado, el afiliado puede exigir al sindicato la responsabilidad que proceda, que se decide en un proceso social independiente.

El art. 19.2 obliga a designar un representante común cuando demandan de forma conjunta más de diez actores, y con él se entienden las sucesivas diligencias del litigio. La misma cifra rige cuando la acumulación de varias demandas contra un mismo demandado hace que el proceso afecte a más de diez actores, o cuando se demanda a más de diez demandados sin intereses contrapuestos (art. 19.3).

El art. 16.5 dice quién comparece por cada sujeto sin personalidad jurídica. Por las comunidades de bienes y los grupos, quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como sus organizadores, directores o gestores, y solo en su defecto como socios o partícipes, sin perjuicio de la responsabilidad que les pueda corresponder. No cuenta la cuota de cada comunero, no hace falta que comparezcan todos juntos y el juez no nombra a nadie para el proceso.

Para el representante común, el art. 19.2 cierra la lista: ha de ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. El cónyuge de uno de ellos podría representar a un solo trabajador, porque el art. 18.1 admite a cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, pero no ser el representante común. El comité de empresa y el gestor administrativo tampoco están en la lista.

El art. 17.5 abre la legitimación, con autorización expresa de la persona afectada, a sindicatos, partidos, asociaciones LGTBI y otras organizaciones para defender a las víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Pero cierra el apartado con una excepción: en los litigios sobre acoso discriminatorio por esas causas, la persona acosada es la única legitimada. Por eso no basta la autorización expresa, que es la regla general del apartado y la trampa de la pregunta, ni los fines de la asociación, ni que la trabajadora renuncie a demandar.

Con empresas en concurso, ya declaradas insolventes o desaparecidas, el art. 23.2 manda al secretario judicial —hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)— citar como parte al Fondo de Garantía Salarial y darle traslado de la demanda, para que asuma sus obligaciones legales. Fuera de esos casos el Fondo puede personarse por su cuenta en cualquier fase (art. 23.1), que es lo que hace tentadora la opción de que solo interviene si quiere. Y no se le notifica solo la sentencia: también la admisión, el señalamiento y las demás resoluciones de las que puedan derivarse responsabilidades para él.

El art. 18.1 enumera tres formas de otorgar el poder: la comparecencia ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, el registro electrónico de apoderamientos apud acta y la escritura pública. El documento privado no está entre ellas, por habitual que sea fuera del proceso. Solo para el representante común añade el art. 19.2 una vía más, la comparecencia ante el servicio administrativo de conciliación, mediación o arbitraje.

El art. 18.1 permite a las partes comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. No hace falta ser profesional ni que el juez lo autorice: lo que la ley pide a la representante es esa capacidad. Otra cosa es el representante común de los actores que demandan juntos, para el que el art. 19.2 sí cierra la lista.

El art. 24.2 manda dictar decreto que haga constar la subrogación —lo dicta el secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)— y notificarlo a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes se ofrece constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días por los créditos que conserven frente a la empresa. Lo que se obtenga se reparte a prorrata entre el Fondo y los trabajadores, en proporción a sus créditos.

El art. 21.2 da al demandado los dos días siguientes al de su citación para el juicio para comunicar por escrito al órgano judicial —hoy la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, por la LO 1/2025— que irá con abogado, graduado social o procurador, con los datos de contacto del profesional. Así el actor, que ya debía decirlo en su demanda, puede igualar fuerzas: designar abogado en otro plazo igual, valerse de graduado social o de procurador o pedir abogado del turno de oficio.

El art. 23.5 separa los efectos de la interrupción: la reclamación extrajudicial frente al empresario, o su reconocimiento de la deuda, no interrumpen la prescripción frente al Fondo de Garantía, que es absuelto, sin perjuicio del pronunciamiento que proceda frente al empresario, para quien la prescripción sí quedó interrumpida. Por eso no se absuelve a los dos. La excepción es el reconocimiento de la deuda ante un servicio administrativo de mediación, arbitraje o conciliación o en acta de conciliación judicial: entonces la interrupción alcanza también al Fondo.

El art. 22.2 atribuye la representación y defensa de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, aunque para supuestos determinados cabe conferirla por las reglas generales del art. 18 o designar abogado al efecto. El Estado y los demás entes del sector público van por otro camino, el de la LOPJ y la ley de asistencia jurídica al Estado a las que remite el art. 22.1; y el Ministerio Fiscal interviene donde la ley lo prevé (art. 17.4), sin representar a esas entidades.