La reposición, la revisión, la queja y el recurso de suplicación

El art. 188.2 reparte la revisión: si se cumplen los requisitos, la admite el letrado de la Administración de Justicia mediante diligencia de ordenación y da traslado a las demás partes; si no, la inadmite el juez o tribunal mediante providencia, y contra lo que se decida sobre la admisión no cabe recurso. El auto es la resolución con la que el juez resuelve después la revisión; el decreto, la forma en que el letrado inadmite la reposición contra sus diligencias y decretos (art. 187.2).

La reclamación no alcanza el umbral del art. 191.2.g), pero el art. 191.3.b) abre la suplicación «en todo caso» en dos supuestos: cuando la cuestión afecta a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios, y cuando la sentencia de instancia es susceptible de extensión de efectos. El tamaño de la plantilla, la condición pública de la demandada o la voluntad del juez no cambian el régimen de recursos, que fija la ley.

El art. 204.1 manda que el fallo confirmatorio condene a la pérdida de las consignaciones, a las que se da su destino cuando la sentencia es firme. Mantenerse hasta que el condenado cumpla es lo que el art. 204.3 dispone para otra garantía, los aseguramientos de la condena (un aval, por ejemplo), no para el dinero consignado. La devolución de las consignaciones solo procede si la Sala revoca la sentencia, del todo o en parte (art. 203).

El art. 192.1 fija la cuantía, con varios demandantes o con reconvención, por la reclamación cuantitativa mayor, y sin contar intereses ni recargos por mora. La suma es la regla del art. 192.2 para otro caso: un solo actor que formula varias pretensiones y reclama cantidad por cada una. Con varios demandantes no se suman las reclamaciones de unos y otros para alcanzar el umbral de la suplicación. Los intereses y los recargos por mora no cuentan en ningún caso.

El art. 191.2.g) cierra la suplicación en los procesos de impugnación de alta médica, cualquiera que sea la cuantía de la incapacidad temporal que cobraba el trabajador. Las otras tres están en la lista contraria, la del art. 191.3, en la que la suplicación procede en todo caso: el reconocimiento o la denegación de prestaciones de la Seguridad Social (letra c) y las sentencias en procedimientos de oficio y de tutela de derechos fundamentales (letra f). El alta médica es materia de Seguridad Social, pero tiene su exclusión expresa.

El art. 191.4.a) abre la suplicación contra los autos que resuelven la reposición interpuesta contra la resolución que, antes del juicio, declara la falta de jurisdicción o de competencia por razón de la materia, de la función o del territorio. Así la parte no se queda sin segunda instancia en una decisión que le cierra ese órgano. La revisión es el recurso contra los decretos del letrado, no contra los autos del juez, y la queja es el recurso contra el auto que tiene por no anunciado el recurso (arts. 195.2 y 230.4), no contra este.

El art. 194 da cinco días desde la notificación de la sentencia para anunciar la suplicación, y basta la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social o representante, al notificársela, de su propósito de recurrir; también vale la comparecencia o el escrito dentro de ese plazo. Los diez días son el plazo del paso siguiente, la interposición (art. 195.1).

El art. 186.4 excluye la reposición contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos en una lista cerrada de procesos: los de conflictos colectivos, los de materia electoral, los de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y los de impugnación de convenios colectivos. En ellos, lo que se quiera oponer se alega en el acto de la vista. El despido no está en esa lista, así que en él rige la regla general del art. 186.2: reposición contra todas las providencias y autos ante el mismo juez.

El art. 191.2.g) cierra la suplicación a las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 euros: con esa cifra o menos, la sentencia de instancia es firme salvo que concurra alguno de los casos del art. 191.3, como la afectación general. Los 18.000 euros son otro umbral del mismo artículo: el de la impugnación de actos administrativos en materia laboral con valoración económica (art. 191.3.g), que abre el recurso cuando la cuantía los excede.

El art. 199 da cinco días para subsanar y, si no se hace, la Sala dicta auto que inadmite el recurso, declara firme la resolución recurrida y devuelve el depósito. Perderlo, con las costas, es la consecuencia de otra inadmisión, la del art. 200.2, que no admite subsanación.

El art. 193.b) limita la revisión de los hechos probados a lo que resulta de las pruebas documentales y periciales practicadas. La suplicación es un recurso extraordinario: la Sala no vuelve a valorar los testigos ni el interrogatorio de las partes, que el juez de instancia vio y oyó en el juicio. Por eso el escrito de interposición ha de señalar el documento o la pericia concretos en que se basa cada motivo de revisión de hechos (art. 196.3).

El art. 200.1 permite a la Sala, oído el recurrente por tres días, inadmitir la suplicación por dos causas: el incumplimiento manifiesto e insubsanable de los requisitos para recurrir y la existencia de doctrina jurisprudencial unificada del Tribunal Supremo en el mismo sentido que la sentencia recurrida. La doctrina de la propia Sala no es causa de inadmisión, en ningún sentido; y si la del Supremo es contraria a la sentencia, el recurso no se inadmite: tiene visos de prosperar.

El art. 197.1 permite al recurrido alegar en la impugnación, además de motivos de inadmisibilidad del recurso, rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque la sentencia no las estimara. Quien ganó en la instancia no necesita recurrir —ni podría, porque el fallo le favorece— para defenderlo por otra razón. Si lo hace, las demás partes alegan sobre ello por escrito en dos días (art. 197.2), sin que la Sala tenga que abrir ningún trámite.

El art. 186.1 manda la reposición contra las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos ante el secretario judicial que los dictó —hoy, el letrado de la Administración de Justicia—, salvo que la ley prevea un recurso directo de revisión. Ante el juez va la reposición contra sus providencias y autos (art. 186.2), no contra lo que resolvió el letrado: la reposición vuelve siempre al mismo autor de la resolución. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conoce de la suplicación, no de la reposición.

El art. 202.1 manda a la Sala, sin entrar en el fondo, reponer los autos al momento en que se cometió la infracción procesal, y precisa que, si se cometió en el acto del juicio, se vuelve al momento de su señalamiento: el juicio se celebra de nuevo entero. Reponer al momento de dictar sentencia es lo que prevé el art. 202.2 para otro defecto, la infracción de las normas reguladoras de la sentencia cuando los hechos probados no bastan para resolver.

El art. 188.1 da recurso de revisión contra el decreto del letrado de la Administración de Justicia que resuelve la reposición: lo resuelve el juez o tribunal, y no tiene efectos suspensivos. «Ninguno, sin perjuicio de alegarlo en el acto de la vista» es lo que dice el art. 187.5 del auto del juez que resuelve la reposición, no del decreto del letrado. La queja es el recurso contra la inadmisión de otro recurso, y la suplicación solo cabe contra los autos que la ley enumera (art. 191.4).

El art. 195.2 manda tener por no anunciado el recurso, mediante auto, cuando la resolución no es recurrible, cuando se anunció fuera de plazo o cuando no se subsanan los requisitos del anuncio, y la sentencia queda firme. Contra ese auto cabe recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que se tramita conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 189). La queja existe precisamente para que el órgano que debía conocer del recurso controle que no se le haya cerrado el paso. Y la reposición, cuando cabe, se interpone ante quien dictó la resolución (art. 186), nunca ante la Sala.