La demarcación y la planta judicial

La ley pone un nombre en cada instancia. En la primera, los magistrados de las plazas especializadas de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante se integran en el Tribunal de Marca de la Unión Europea (art. 3.6); en la segunda, las Secciones especializadas de la Audiencia Provincial de Alicante se denominan Secciones de Marca de la Unión Europea (art. 3.7). Las dos extienden su jurisdicción a todo el territorio nacional.

La Jefatura del Servicio de Inspección la cubre un magistrado del Tribunal Supremo o quien sea promovido a esa categoría. Por eso, al cesar, el art. 24 lo adscribe al Tribunal Supremo, no al Consejo General ni a su destino anterior, hasta que obtenga destino definitivo.

Estas Salas tienen en Andalucía tres sedes. Las de Granada llevan Almería, Granada y Jaén; las de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla; y las de Málaga, solo su provincia. Por eso no entran en el grupo de Granada ni Córdoba, que va con Sevilla, ni Málaga, que tiene Salas propias.

El art. 2.5 integra las dos ciudades en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: no tienen tribunal superior propio. La misma lógica sigue en la segunda instancia provincial, porque el art. 3.3 las lleva a Secciones de las Audiencias Provinciales de Cádiz y de Málaga. Ni Madrid, ni Murcia, ni Canarias tienen papel en ellas.

El art. 4.2 pone en el partido judicial la Sección Civil, la de Instrucción, la Sección Única de Civil y de Instrucción y tres especializadas: Familia, Infancia y Capacidad; Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; y Violencia sobre la Mujer. Lo Mercantil, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo son Secciones provinciales (art. 3.1.b).

El art. 12.2 lo fija la propia ley: los Presidentes de la Sala de lo Penal y de la de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional presiden también su respectiva Sección Primera. Elegir la Sección al principio del mandato es lo que hace, según la LOPJ, el Presidente de una Audiencia Provincial con varias Secciones; y la de Apelación de la Audiencia Nacional es una Sala, no una Sección de la de lo Penal.

El art. 1, en la redacción que le dio la Ley Orgánica 1/2025, da jurisdicción en toda España a tres órganos: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Central de Instancia, que ocupa el lugar de los antiguos Juzgados Centrales. Tener la sede en Madrid no da ese alcance: el Tribunal Superior de Justicia la tiene en su comunidad (art. 2.1), la Audiencia Provincial en su provincia (art. 3.1) y el Tribunal de Instancia en su partido judicial (art. 4.1).

El segundo párrafo del art. 20.1 permite transformar las plazas de una Sección en plazas de otra Sección de la misma sede del Tribunal de Instancia, cualquiera que sea su orden jurisdiccional. Se hace por real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General y con audiencia preceptiva de la comunidad autónoma: no hace falta una ley, y el Consejo General informa, pero no decide. Quien ocupa la plaza conserva los procedimientos pendientes hasta su conclusión.

El art. 8.3 se lo encarga al Gobierno, que oye antes a la comunidad autónoma afectada y al Consejo General del Poder Judicial. La ley autonómica decide la sede de otras Secciones cuya jurisdicción no coincide con la provincia (art. 8.2), y el Ministro de Justicia tiene en esta ley otras facultades, como fijar la fecha de efectividad de las plazas (art. 20.4).

El art. 20.2 da preferencia a un criterio: cuántos litigios hay en la circunscripción. La población cuenta en otro precepto, los 150.000 habitantes del art. 21.2 para que sirvan magistrados ciertas plazas; y los medios de comunicación y las comarcas naturales son criterios de la LOPJ para modificar los partidos judiciales (art. 32.2), no para crear Secciones.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia preside también la Sala de lo Civil y Penal. De los demás magistrados, si son dos, uno se nombra a propuesta en terna de la Asamblea Legislativa; si son cuatro, dos, en la forma que prevé el art. 330 de la LOPJ. En los dos casos es la mitad: ni uno solo cuando son cuatro, ni todos.

El art. 26 completa el art. 166.2 de la LOPJ: la liberación total de quien ostenta la Presidencia del Tribunal de Instancia se efectúa en los partidos judiciales con cuarenta o más plazas judiciales en el Tribunal. La cifra es de esta ley; la LOPJ regula, además, la liberación excepcional que puede acordar el Consejo General.

Para la violencia sobre la mujer (art. 15.4), igual que para la violencia contra la infancia y la adolescencia (art. 15.5), el juez sale de la Sección de Instrucción o de la Sección Única de Civil y de Instrucción. Para los asuntos de familia (art. 15.3), en cambio, sale de la Sección Civil o de la Única: es el cruce que conviene tener claro. En los tres casos lo acuerda el Consejo General, previo informe de las Salas de Gobierno, y ese juez conoce de esos asuntos en todo el partido judicial.

La separación la establece el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe previo de las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia (art. 21.1), y obliga a modificar los anexos (art. 21.3). El Ministro de Justicia aparece en el apartado siguiente, para que sirvan magistrados ciertas plazas; el Consejo General propone, pero no decide.

Modificar los límites de los municipios adapta sola la demarcación judicial (art. 4.3), con reglas fijas: si los municipios que se fusionan eran de partidos distintos, el resultante va al partido del que tuviera mayor población de derecho. No deciden ni la extensión ni la capitalidad, y no hace falta una ley autonómica, porque la adaptación es automática.

El art. 25 admite hasta diez plazas de jueces o magistrados, diez de fiscales, diez de secretarios judiciales —hoy letrados de la Administración de Justicia— y dos de médicos forenses. El diez es la cifra de los otros tres cuerpos, no la de los forenses. Se proveen por concurso de méritos que convoca y resuelve el Ministerio, no incrementan su relación de puestos de trabajo, y quienes las ocupan mantienen el régimen retributivo de su cuerpo.

El umbral es un partido de más de 150.000 habitantes de derecho, o con aumentos de población de hecho que superen esa cifra, y además tiene que exigirlo el volumen de cargas competenciales: las dos condiciones van juntas. Vale para la Sección Única y para las de Familia, Infancia y Capacidad, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y Violencia sobre la Mujer, que fuera de la capital de provincia no son, por regla, plazas de magistrado (art. 15.2.b).

El art. 15.2 distingue. Las plazas de las Secciones Civiles y de Instrucción y las de lo Mercantil, lo Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria, lo Contencioso-Administrativo y lo Social son de magistrado sin más (letras a y c). Las de la Sección Única y las de Familia, Infancia y Capacidad, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y Violencia sobre la Mujer lo son si la Sección tiene su sede en la capital de provincia, o en los casos que fijen los anexos (letra b). Fuera de eso, el Ministro de Justicia puede disponer que las sirvan magistrados en partidos de más de 150.000 habitantes (art. 21.2). La capital autonómica, extenderse a varios partidos o el número de plazas no son criterios del art. 15.2.

Cuando la jurisdicción de la Sección no coincide con una provincia, sea menor o mayor, el art. 8.2 la sitúa en la capital del partido que señale la ley de la comunidad autónoma, y la Sección toma el nombre de ese municipio. La sede que fija el Gobierno, oídos la comunidad y el Consejo General, es la de las Secciones de Vigilancia Penitenciaria (art. 8.3); y la ley no tiene una regla de la provincia más poblada.

Determinar el edificio de los órganos judiciales es competencia del Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma respectiva (art. 10.1), y en los Juzgados de Paz se hace a propuesta del Ayuntamiento: el Ayuntamiento propone, no decide. Ni el Consejo General ni la Sala de Gobierno intervienen. La ley conserva el nombre de «Juzgados de Paz»; tras la Ley Orgánica 1/2025, la LOPJ habla de jueces de paz y de Oficinas de Justicia en los municipios.