La protección y la reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia

El art. 70.3 trata esa negativa, por ser un componente fundamental del desarrollo personal de la persona menor, como algo que «deberá tenerse en cuenta» para valorar una situación de riesgo, conforme al art. 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. Es un elemento de la valoración: no lleva por sí solo al desamparo, no exige que haya además violencia y no abre la emancipación.

El art. 68 garantiza a estas víctimas una atención integral y especializada que comprende, al menos: información y orientación accesibles sobre sus derechos y los recursos disponibles; asistencia psicológica y orientación jurídica; atención a sus necesidades laborales y sociales; y servicios de traducción e interpretación y de apoyo a la comunicación. Una ayuda de pago único, el alojamiento en un centro de acogida o el anticipo de la indemnización no están en esa lista.

El art. 74.2 permite a las personas progenitoras, de común acuerdo, pedir que la mención del sexo figure en blanco cuando el parte facultativo indique la condición intersexual de la persona recién nacida, por el plazo máximo de un año. No basta la petición de una sola de ellas. Pasado ese año la mención del sexo es obligatoria, y han de solicitar su inscripción.

El art. 70.2.e) manda a las Administraciones proteger a las personas menores de edad LGTBI declaradas en riesgo o en desamparo, y extiende esa protección a las personas jóvenes mayores de edad o emancipadas que carezcan de recursos económicos propios y que hubieran sido declaradas en riesgo o en desamparo durante su minoría de edad. Las dos condiciones van juntas: no alcanza a cualquier joven LGTBI, y no basta haber tenido esa declaración si se cuenta con recursos propios.

El art. 69.1 dispone que, cuando las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar, «se dictará una orden de protección», y para su régimen remite al art. 544 ter.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una resolución judicial: no la sustituye una orden de la Administración ni un requerimiento de la Autoridad Independiente, y no es una medida de acogimiento.

El art. 69.3 permite a la víctima pedir a sus empleadores la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro, siempre que exista una sentencia condenatoria por violencia doméstica u otra de las resoluciones judiciales que el artículo nombra. Los empleadores «deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas»: es un deber, pero a la medida de lo que su organización permita. No es un derecho incondicionado, y no depende del convenio ni de un informe de la Inspección.