La rectificación registral de la mención relativa al sexo y la adecuación documental

El art. 49.2 permite pedir la reexpedición de cualquier documento, título, diploma o certificado «a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada, cualquiera que sea su naturaleza». Alcanza también a las entidades privadas, se pide directamente a quien lo expidió y no se canaliza por el Registro Civil ni por un trámite único estatal.

El art. 48 reconoce a las personas trans menores de edad el derecho a inscribir el cambio de nombre por razones de identidad sexual, «hayan iniciado o no» el procedimiento de rectificación. Los requisitos de esa inscripción son los de la Ley 20/2011, del Registro Civil, a la que remite el artículo, pero no haber iniciado la rectificación no es un obstáculo. El nombre no queda atado a la rectificación del sexo, y el art. 51.1 obliga a expedir sus documentos con el nombre inscrito, sin esperar a la mayoría de edad.

El art. 49.1 ordena expedir un nuevo DNI y, en su caso, un nuevo pasaporte ajustados a la inscripción rectificada, y cierra: «En todo caso, se conservará el mismo número del documento nacional de identidad». Es una regla sin excepciones: ni se asigna un número nuevo ni la persona puede elegirlo.

El art. 44.3 dice que el ejercicio del derecho «en ningún caso» podrá condicionarse a la previa exhibición de un informe médico o psicológico sobre la disconformidad con el sexo inscrito, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal por procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. Las dos exclusiones van juntas: ninguna de las dos piezas se puede pedir, ni sola ni con la otra.

El art. 43.3 las legitima para pedirla ellas mismas, «con las medidas de apoyo que en su caso precisen», y el 44.11 obliga a garantizarles los medios para que reciban la información, formen y expresen su voluntad y den su consentimiento. El apoyo ayuda a decidir: no sustituye a la persona, no se convierte en un consentimiento ajeno que haya que recabar y no exige pasar antes por un juez.

El art. 44.5 manda informar en la comparecencia inicial de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, y de las medidas de asistencia e información disponibles a lo largo del procedimiento. No depende de la edad de la persona solicitante y no se deja para un trámite posterior.

El art. 49.3 manda adecuar esas tasas al principio de capacidad económica que recoge la Ley de Tasas y Precios Públicos. No declara el trámite gratuito ni ata la tasa al coste del servicio, y la reciprocidad entre Administraciones no es un criterio de cuantía.

La disposición transitoria segunda extiende el capítulo I del título II a los procedimientos en tramitación «si la persona interesada solicita» del encargado del Registro Civil su reconducción a la nueva normativa. Depende de esa petición: no opera de oficio, no la decide el encargado por su cuenta y tampoco está cerrada a esos procedimientos.

La solicitud puede presentarse ante la persona encargada de cualquier Oficina del Registro Civil (44.2), y el art. 45 atribuye la tramitación a la de la oficina en la que se hubiera presentado. Ni el lugar de nacimiento ni el domicilio desplazan la competencia, y la ley no la reserva a la Oficina Central.

El art. 44.9 da a la persona encargada un mes como máximo para resolver, «a contar desde la fecha de la segunda comparecencia», previa comprobación de la documentación del expediente. El cómputo no arranca con la presentación de la solicitud, y el plazo de resolución no es de tres meses.

El art. 46.3 dispone que la rectificación y el cambio de nombre no alteran el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004. La ley no lo condiciona a nada: ni a una petición en la comparecencia ni a que pase el plazo de la reversión.

El art. 47 permite a quien promovió la rectificación recuperar la mención anterior una vez «transcurridos seis meses» desde su inscripción en el Registro Civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en ese capítulo para la rectificación. No es un año, y la reversión no exige autorización judicial.

Entre los catorce y los dieciséis años la solicitud la presenta la propia persona, asistida en el procedimiento por sus representantes legales (43.2); si estos discrepan entre sí o con ella, se nombra un defensor judicial. Sin asistencia la pide quien ya tiene dieciséis (43.1), y la autorización judicial es la vía de quien tiene entre doce y catorce (43.4). La solicitud es de la propia persona: sus representantes la asisten, no la presentan en su nombre.

El art. 51.2 obliga a Administraciones, entidades y particulares a darle el trato que corresponda a las personas del sexo con el que se identifica, sin discriminación por ese motivo. Pero el 51.3 añade que el cambio de nombre no afecta a los derechos que le correspondan según su sexo registral, que sigue siendo el inscrito: trato por un lado y derechos por otro, sin cruzarlos.

Según el art. 44.4, la comparecencia debe incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo que la persona quiera conservar el que tiene y ello sea conforme a los principios de libre elección del nombre de la normativa del Registro Civil. La regla es elegir uno nuevo, con esa salvedad; no es obligatorio cambiarlo a la fuerza, no se aplaza a otro momento y quien elige es la persona solicitante, no quien está a cargo del Registro.

El art. 50.1 exime a estas personas del requisito de la nacionalidad española y les permite interesar, ante la autoridad competente, la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan. Lo que se adecua son esos documentos, no una inscripción en el Registro Civil español, y el cambio alcanza también al nombre.