La conciliación

El art. 148.2 da quince días, contados desde que se celebró la conciliación, y la demanda se sustancia por el juicio que corresponda a su materia o cuantía. Los cuatro años son el plazo general de la acción de nulidad de los contratos en el Código Civil, el distractor tentador porque las causas sí son las de los contratos (art. 148.1); el plazo, en cambio, es el corto de esta ley. Mientras se resuelve, la ejecución de lo convenido queda en suspenso (art. 148.3).

El art. 143 vincula el efecto a la presentación seguida de admisión: la prescripción, adquisitiva y extintiva, queda interrumpida, y con efectos desde el momento de la presentación, no desde la admisión. Es interrupción y no suspensión, porque el plazo vuelve a computarse desde el decreto del letrado de la Administración de Justicia o el auto del juez de paz que pone término al expediente, y no depende de que haya acuerdo.

El art. 139.1 sanciona el uso del expediente para fines distintos del suyo, cuando supone un manifiesto abuso de derecho o entraña fraude de ley o procesal, con la inadmisión de plano: la petición no llega a tramitarse. Tener la conciliación por intentada sin más trámites es lo que pasa en otros supuestos, como una cuestión de competencia o de recusación (art. 140.2) o una cuestión que impide seguir con el acto (art. 145.2), y ahí la petición sí se había admitido.

El art. 141.3 lo dice sin excepciones: en la conciliación no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, sea cual sea la cuantía o el órgano. Que no sean obligatorios no impide valerse de ellos: el art. 144.1 permite a las partes comparecer por sí mismas o por medio de procurador. La cifra de 2.000 euros es la que la Ley de Enjuiciamiento Civil usa para eximir de abogado y procurador en los juicios, no una regla de la conciliación.

El art. 140.1 prevé que, si las averiguaciones fracasan o el requerido aparece en otro partido judicial, el letrado de la Administración de Justicia (por decreto) o el juez de paz (por auto) den por terminado el expediente, con la reserva de que el solicitante lo promueva de nuevo ante el juzgado competente. No se remite de oficio a otro juzgado ni se cita por edictos, y tampoco se tiene por intentada la conciliación: eso es lo que pasa cuando el requerido, citado, no comparece (art. 144.3). La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 148.1 cierra la vía a cualquier otro remedio: contra lo convenido solo cabe la acción de nulidad, y solo por las causas que invalidan los contratos, porque lo convenido es un acuerdo de las partes y no una decisión de nadie. No hay recurso contra el acuerdo, ni de revisión ni de apelación, y la nulidad no se abre a cualquier defecto del acto, sino a lo que invalidaría un contrato.

El art. 140.1 atribuye la conciliación al juez de paz o al letrado de la Administración de Justicia del domicilio del requerido; si no lo tiene en España, el de su última residencia en España. El del solicitante solo entra como fuero adicional cuando el requerido es una persona jurídica con delegación, sucursal, oficina abierta al público o representante autorizado en ese lugar, y la ley no deja elegir libremente ni atiende al lugar de la obligación. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia. Los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil son hoy las Secciones Civil y de lo Mercantil del Tribunal de Instancia.

El art. 144.3 no hace esperar a nadie: el acto se celebra con quien ha venido, y en cuanto a los que no comparecen la conciliación se tiene por intentada, que es lo mismo que pasaría si faltara un requerido único. No se suspende para volver a citarlos, salvo que acrediten justa causa (art. 144.4), y el desistimiento es la consecuencia de que falte el solicitante, no los requeridos.

El art. 144.2 permite al requerido que acudió en balde reclamar al solicitante ausente la indemnización de los daños y perjuicios que le originó comparecer, salvo que el solicitante acredite que faltó por justa causa. De la reclamación se da traslado por cinco días al solicitante y resuelve el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz, sin ulterior recurso. No son costas, porque los gastos del acto ya son siempre de quien lo promovió (art. 146), ni una multa: es una indemnización a favor del requerido. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 146 los pone siempre a cargo de quien promovió el acto, sea cual sea su resultado: no se reparten por mitad ni se cargan al requerido por no avenirse, y la ley tampoco los aplaza a lo que decida un pleito posterior. El requerido solo puede reclamar al solicitante algo más cuando este no comparece sin justa causa: los daños y perjuicios que le haya originado comparecer (art. 144.2).

El art. 139.2 cierra la conciliación a los juicios en que están interesados el Estado, las comunidades autónomas y las demás Administraciones públicas, corporaciones o instituciones de igual naturaleza, y un ayuntamiento es una de ellas. Las otras tres son controversias entre particulares sobre materias que admiten transacción, que es justo para lo que existe el expediente: evitar un pleito con un acuerdo (art. 139.1). En la misma lista están también los juicios en que están interesados los menores y las personas con discapacidad con medidas de apoyo.

El art. 147.1 exige los dos testimonios juntos: el del acta y el del decreto del letrado de la Administración de Justicia o el auto del juez de paz que hace constar la avenencia. Con ellos se forma el título ejecutivo al que se refiere el art. 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así que no hace falta una demanda declarativa previa. El acta sola no basta, y la grabación del art. 145.4 documenta el acto, pero no es título. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 147.2 distingue dos casos. Si el asunto es de la competencia del juzgado que tramitó la conciliación, la ejecuta ese mismo juzgado; si no lo es, el Juzgado de Primera Instancia al que habría correspondido conocer de la demanda (hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia). El juzgado que tramitó la conciliación es la respuesta tentadora, pero solo vale en el primer caso, y la ley no deja elegir el órgano ni atiende al domicilio de quien ejecuta.