La jurisdicción voluntaria: disposiciones generales

El art. 2.3 separa dos cosas: impulsar y dirigir el expediente es siempre tarea del letrado, mientras que la decisión de fondo se reparte entre el juez y el letrado según el caso. La opción tentadora mezcla las dos y hace depender la dirección de quién decide; no es así: aunque el fondo lo resuelva el juez, el expediente lo ordena el letrado. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 3.2 no impone abogado y procurador en todo expediente: los exige en aquellos en que la propia ley lo prevea, y deja a las partes que lo deseen actuar asistidas o representadas aunque no sea obligatorio. Que el expediente lo resuelva el juez o el letrado no cambia esa regla, ni la ley deja al juez decidirlo caso a caso. (El «Letrado» de la cita es el abogado, no el letrado de la Administración de Justicia.)

El art. 6.2 no deja que un expediente conviva con un proceso que tiene su mismo objeto: acreditada la demanda, se archiva el expediente y sus actuaciones se remiten al tribunal del proceso para que las incorpore a los autos. La suspensión es el distractor tentador, pero es la respuesta del art. 6.3 para otro caso: cuando existe un proceso contencioso cuya resolución solo pudiera afectar al expediente. Y acumular no cabe: un expediente no es acumulable a ningún proceso contencioso (art. 15.3).

El art. 4 llama al fiscal cuando el expediente afecta al estado civil o condición de la persona, cuando está comprometido el interés de un menor o de una persona con discapacidad con medidas de apoyo, y en los demás casos en que la ley lo declare expresamente. Los actos de disposición de derechos tientan porque están en la lista del art. 2.3, pero esa lista decide si el expediente lo resuelve el juez, no si interviene el fiscal.

El art. 6.1 resuelve la duplicidad por prioridad temporal: sigue el expediente que se inició primero y se archivan los incoados después. La acumulación es la trampa, porque la ley la prevé para expedientes distintos pero conexos; si el objeto es idéntico no hay nada que decidir junto, y sobra uno. Tampoco importa ante quién se tramite cada uno.

El art. 1.2 define el expediente por dos notas: hace falta que intervenga un órgano jurisdiccional para tutelar derechos o intereses de Derecho civil y mercantil, y no existe una controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Por eso falla la idea tentadora de un «proceso rápido» entre partes enfrentadas: si hay litigio que resolver, el cauce es el proceso, no el expediente. La ley regula los expedientes que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales (art. 1.1), aunque otras normas atribuyan algunos a notarios y registradores.

El art. 3.2 hace necesaria en todo caso la actuación de abogado y procurador en dos supuestos: para recurrir en revisión o en apelación la resolución definitiva y «a partir del momento en que se formulase oposición». La admisión de la solicitud, la prueba o la intervención del Ministerio Fiscal no cambian la postulación; la oposición sí, porque el expediente pasa a tener a alguien enfrente.

El art. 2.2 deja la competencia territorial en manos del precepto que regula cada expediente y cierra la puerta a modificarla por sumisión, «expresa o tácita». El distractor tentador es el de la sumisión expresa, porque en muchos procesos civiles es el modo normal de elegir tribunal; aquí tampoco vale, ni pactada por escrito ni con el visto bueno del fiscal.

El art. 7 pone los gastos del expediente a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa, pero hace una regla propia para testigos y peritos: los paga quien los propone. Por eso la opción tentadora, que aplica la regla general a todo, falla con el testigo. Tampoco rige aquí el criterio del vencimiento de las costas de un proceso: en el expediente no hay controversia que ganar.

El art. 5 da la decisión sobre la prueba a quien conoce del expediente: el juez o el letrado, «según quien sea el competente». No la reserva al juez por ser una decisión con peso, ni se la da siempre al letrado por dirigir el expediente: dirigir (art. 2.3) y decidir sobre la prueba son cosas distintas, y aquí manda la competencia. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.