Los expedientes de Derecho sucesorio y de obligaciones

El art. 93.2.b) pide autorización judicial a los tutores, a los curadores representativos y, en su caso, a los defensores judiciales «para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos». Aceptar a beneficio de inventario es justo lo que no la necesita: protege al tutelado, porque no responde de las deudas de la herencia más allá de lo que recibe. Lo arriesgado es aceptar sin esa protección o renunciar.

El art. 95.3 hace recurrible la resolución en apelación «con efectos suspensivos». Es la excepción a la regla de las normas comunes, en las que la apelación contra la resolución definitiva de un expediente no suspende, salvo que la ley diga otra cosa (art. 20.2): aquí la ley lo dice, porque aceptar o repudiar una herencia no se puede deshacer. La revisión es el recurso contra lo que decide el letrado, y la reposición, contra las resoluciones interlocutorias (art. 20.1); esta es la resolución definitiva del juez.

El art. 93.2.a) exige autorización judicial a los progenitores para repudiar en nombre de sus hijos menores de 16 años, o de los mayores de esa edad que, sin llegar a la mayoría, no prestan su consentimiento. Una hija de diecisiete que consiente queda fuera de los dos supuestos; el art. 166 del Código Civil pide que ese consentimiento conste en documento público, y aquí consta. Por debajo de los dieciséis, en cambio, su consentimiento no basta. La intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva en estos expedientes (art. 94.3), pero no dispensa de la autorización.

El art. 98.2 da la competencia al órgano del lugar donde deba cumplirse la obligación y, si puede cumplirse en varios, a cualquiera de ellos a elección del solicitante, que aquí es el deudor que consigna. El domicilio del deudor es solo el fuero subsidiario, para cuando no hay lugar de cumplimiento. Hoy es la sección civil del tribunal de instancia de ese lugar (la ley dice «Juzgado de Primera Instancia»).

El art. 91.4 reparte la decisión: corresponde al juez, salvo los supuestos del número 1.º del apartado 1 —la renuncia del albacea a su cargo y la prórroga del plazo del albaceazgo—, que resuelve el letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015). La remoción, la rendición de cuentas y la autorización para actos de disposición son los números 2.º a 4.º, y esos los decide el juez: son los que pueden afectar a los derechos de herederos y legatarios.

El art. 97.3 hace contencioso este expediente si hay oposición: el letrado de la Administración de Justicia cita a los interesados a una vista y la tramitación continúa con arreglo al juicio verbal, no al ordinario. Es una de las excepciones que deja abierta la regla de las normas comunes, según la cual la oposición no hace contencioso el expediente ni impide que siga hasta resolverse, salvo que la ley lo prevea (art. 17.3).

La regla general del art. 94.1 lleva el expediente al último domicilio del causante, pero el mismo apartado tiene una regla especial: cuando el llamado a la herencia es un menor o una persona con medidas judiciales de apoyo, es competente el órgano del lugar en que este reside. No hay elección del solicitante; la mayor parte de los bienes solo cuenta si el causante tuvo su domicilio en el extranjero. Hoy es la sección civil del tribunal de instancia de ese lugar (la ley dice «Juzgado de Primera Instancia»).

El art. 99.6 pone los gastos a cargo del acreedor si la consignación se acepta o se declara bien hecha, y del promotor si se declara improcedente o si retira la cosa consignada. No se reparten por mitad ni los fija el juez. Tampoco vale aquí la regla de la conciliación, cuyos gastos son de quien la promovió (art. 146).

Según el art. 99.4, si el acreedor autoriza la retirada, el letrado de la Administración de Justicia (en el texto, «Secretario judicial») archiva el expediente por decreto, el acreedor pierde toda preferencia que tuviere sobre la cosa y los copromotores y fiadores quedan libres (el art. 1181 del Código Civil, que dice lo mismo, habla de codeudores). El crédito no se extingue: el pago no se ha hecho. Y los gastos no son suyos: cuando el promotor retira la cosa consignada, los paga el promotor (art. 99.6).