Los medios adecuados de solución de controversias y el intento previo de negociación

El art. 5.1 exige identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, y aclara que basta aunque las pretensiones que se ejerciten en vía judicial sobre ese objeto puedan variar. Por eso pedir que las pretensiones sean idénticas es justo lo que la ley descarta. Ni quién representó a cada parte ni la cuantía son la medida de esa identidad.

El art. 4.1 admite acuerdos totales o parciales y, en los parciales, deja que las partes demanden respecto a los extremos en los que se mantenga la discrepancia: lo pactado queda resuelto y lo demás sigue abierto. No hay arbitraje obligatorio ni una nueva negociación forzosa. Los tres meses son el plazo tras la primera reunión a partir del cual se entiende terminado el proceso sin acuerdo (art. 10.4.c), no un trámite añadido.

El art. 3.1 ciñe el título a los asuntos civiles y mercantiles y añade expresamente los conflictos transfronterizos, que define por remisión al art. 3 de la Ley 5/2012, de mediación. Lo laboral no entra: el art. 3.2 lo excluye en todo caso, junto a lo penal y lo concursal. Y no se extiende a todos los órdenes: es una regulación de lo civil y lo mercantil.

El art. 9.1 declara confidenciales el proceso de negociación y la documentación utilizada en él, con una salvedad: si las partes acudieron o no al intento de negociación previa y cuál era el objeto de la controversia. Es justo lo que hace falta para comprobar el requisito de procedibilidad (identidad de objeto, art. 5.1) sin enseñar lo que se dijo. Las propuestas, lo reconocido y los documentos quedan bajo la confidencialidad.

Con persona conciliadora, el art. 7.2.b acorta el plazo a quince días naturales desde que recibe la solicitud: si en ese tiempo no ha intentado comunicarse con la otra parte, el cómputo se reinicia (prescripción) o se reanuda (caducidad). Los treinta días naturales son la regla de la solicitud que una parte dirige directamente a la otra (art. 7.1), y los tres días, el plazo para anunciar que se irá con abogado (art. 6.3).

El art. 5.1 lo dice expresamente: se considera cumplido el requisito cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, o entre sus abogados bajo sus directrices y con su conformidad. El tercero neutral es posible pero no obligatorio (art. 2). Lo que habrá que hacer es acreditar el intento: sin tercero, con un documento firmado por ambas partes o con la prueba de que la otra recibió la invitación (art. 10.2). Los seiscientos euros solo deciden si la negociación va preferentemente por medios telemáticos (art. 8.2).

El art. 5.4 resuelve el empate con un criterio temporal: si todas las partes quieren acudir a un medio adecuado y no se ponen de acuerdo sobre cuál, se emplea el que se haya propuesto antes. Ni la última propuesta ni quién vaya a demandar deciden, y el letrado de la Administración de Justicia puede derivar a las partes, pero no elige entre lo que ellas proponen.

El art. 7.4 ata la conducta en la negociación a dos pronunciamientos: las costas (o su tasación) y la imposición de las multas o sanciones previstas, en los términos de la LEC; ahí cuentan la colaboración de las partes y el eventual abuso del servicio público de Justicia. No toca la prueba, la cuantía ni la competencia, que se rigen por sus propias reglas; lo negociado, además, es confidencial y en principio ni siquiera se admite como prueba (art. 9.2).

El art. 5.4 admite tres orígenes: una de las partes, las dos de común acuerdo, o una decisión de derivación del juez o del letrado de la Administración de Justicia. Las partes están en todas las opciones; lo que se discrimina es quién más puede derivarlas, y el precepto solo nombra al juez y al letrado de la Administración de Justicia. Ni el Ministerio Fiscal, ni un servicio de medios adecuados, ni la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aparecen en él.

El art. 2 lo define por la negociación: cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes acuden de buena fe para encontrar una solución extrajudicial, por sí mismas o con un tercero neutral. Por eso no es un trámite dentro del pleito, no se limita a la mediación y la conciliación (caben las de leyes autonómicas y otras actividades negociadoras) y no es el arbitraje, donde el tercero decide en lugar de ayudar a negociar.

El art. 4.1 cierra la puerta a los conflictos sobre materias que no están a disposición de las partes, y añade que tampoco por derivación judicial: que lo proponga el tribunal no cambia lo que las partes pueden pactar. La homologación es el distractor tentador porque la ley la nombra justo después, pero para otra cosa: sí cabe negociar los efectos y medidas de los arts. 102 y 103 del Código Civil, sin perjuicio de la homologación judicial del acuerdo.

El art. 3.2 nombra tres materias excluidas en todo caso: la laboral, la penal y la concursal. La mercantil no puede estar en la lista, porque el art. 3.1 la incluye expresamente junto a la civil. La de familia tampoco está excluida como tal: el art. 4.1 admite negociar los efectos y medidas de los arts. 102 y 103 del Código Civil, y el requisito del art. 5 solo exceptúa algunas materias concretas, como la filiación.

La oferta vinculante es el único medio en el que el art. 6.2 exige abogado, pero con dos excepciones, y la primera es que la cuantía del asunto no supere los dos mil euros: con 1.500, no es preceptivo. Los seiscientos euros son otro umbral, el de la negociación preferentemente telemática (art. 8.2), y no deciden nada sobre el abogado.

El art. 5.3 deja fuera del requisito la iniciación de los expedientes de jurisdicción voluntaria, con dos excepciones que sí lo exigen: la intervención judicial por desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales, y la intervención judicial por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Son desacuerdos entre personas que pueden negociar; la ausencia, el defensor judicial o una autorización no lo son.

El art. 5.2 alcanza a todos los procesos declarativos del libro II de la LEC —el ordinario y el verbal— y a los procesos especiales del libro IV, con una lista de materias exceptuadas. La ejecución queda fuera: el art. 5.3 dice que no hace falta acudir a un medio adecuado para interponer una demanda ejecutiva.

El art. 10.4.c fija tres meses desde la primera reunión sin acuerdo, y añade que las partes pueden seguir negociando de mutuo acuerdo más allá. Los treinta días son otros supuestos de terminación: sin primera reunión ni respuesta a la solicitud inicial (10.4.a) o sin respuesta a una propuesta concreta (10.4.b). El año es el plazo para demandar una vez terminado el proceso (art. 7.3).

La primera de las materias que el art. 5.2 exceptúa es la tutela judicial civil de derechos fundamentales; en la misma lista están, entre otras, las medidas del art. 158 del Código Civil, la filiación y el juicio cambiario. Las otras tres son procesos declarativos o especiales sin excepción, así que exigen haber intentado antes la negociación.

El art. 6.3 da tres días: quien requiere lo dice en el propio requerimiento, y la parte requerida, en los tres días siguientes a recibir la propuesta. Se le comunica a la otra parte, que tiene a su vez otros tres días para decidir si también va con abogado. Los quince días naturales son de otro precepto: el plazo de la persona conciliadora en el art. 7.2.b.

La regla del art. 9.2 es que ni las partes, ni los abogados, ni el tercero neutral pueden declarar o aportar documentación de la negociación en un juicio o un arbitraje, ni ser obligados a ello. La primera excepción es la dispensa, y tiene tres condiciones: todas las partes, de forma expresa y por escrito. No basta la de una sola parte ni una de palabra. El juez civil no puede pedirlo por su cuenta: la excepción judicial es para los jueces del orden penal, mediante resolución motivada (art. 9.2.c).

El art. 10.3 pone la acreditación en manos del tercero neutral: debe expedir, a petición de cualquiera de las partes, un documento con su identidad y cualificación, la de las partes, el objeto, las fechas de las reuniones y la declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe. Si alguna no compareció o rehusó, se hace constar. Sin tercero, basta un documento firmado por ambas partes o la prueba de que la otra recibió la invitación (art. 10.2).