El acuerdo y las modalidades de negociación previa

Las partes la designan de mutuo acuerdo para que emita una opinión no vinculante; solo si todas aceptan sus conclusiones nace un acuerdo con los efectos del art. 13 (art. 18.4). Que la opinión no vincule es lo que la distingue de la aceptación de una oferta vinculante (art. 17).

En el Derecho colaborativo el acta final la redactan los abogados que intervinieron, y recoge las partes, los profesionales, las sesiones, los acuerdos y lo que quedó sin acuerdo. En la conciliación privada, en cambio, el acta final la elabora la persona conciliadora (art. 16.i).

Aceptada expresamente la oferta, quien la formuló queda obligado a cumplir y la aceptación es irrevocable. El mes del art. 17.4 es el plazo para aceptar, no para retractarse.

El art. 14 reparte las conciliaciones: la notarial, por la Ley del Notariado (cap. VII del tít. VII); la registral, por el título IV bis de la Ley Hipotecaria; la del letrado de la Administración de Justicia, por el título IX de la Ley 15/2015, y la del juez de paz, por ese mismo título y además por el art. 47 de la LEC. El título IX solo es lo de la conciliación ante el letrado.

Basta manifestarlo en la demanda y acompañar el justificante de haber enviado la oferta y de que la otra parte la recibió, sin mencionar su contenido, porque la oferta es confidencial en todo caso (art. 17.3). La oferta no pasa por ningún conciliador ni exige notario.

Las partes pueden compelerse a elevar el acuerdo a escritura pública y, si la requerida no atiende, la solicitante la otorga unilateralmente, haciendo la solicitud por medio del notario autorizante, que deja constancia en el instrumento. No hace falta ningún tribunal, y el mismo apartado aclara que no es necesaria la presencia del tercero neutral en el otorgamiento.

El art. 12.1 enumera el contenido del documento: identidad y domicilio de las partes (y, en su caso, de sus abogados y del tercero neutral), lugar y fecha, las obligaciones que asume cada parte y que se ha seguido un procedimiento ajustado a la ley. Las cuestiones sin acuerdo no figuran aquí: las recoge el acta final del Derecho colaborativo (art. 19.3); los honorarios se fijan en el acta de inicio de la conciliación privada (art. 16.c).

El acuerdo firmado ya vincula (art. 13.1), pero para ejecutarlo hace falta algo más: elevarlo a escritura pública, que lo homologue el tribunal cuando proceda o, si viene de una conciliación registral, que conste en la certificación del art. 103 bis de la Ley Hipotecaria. Ni la firma del tercero neutral ni un acta de los abogados lo convierten en título ejecutivo.

Para la conciliación ante el registrador, el art. 13.2 añade una tercera vía: que el acuerdo conste en la certificación a la que se refiere el art. 103 bis de la Ley Hipotecaria. No basta con inscribir ni con un acta: la ley nombra esa certificación.

Entre las funciones de la persona conciliadora (art. 16.c) está documentar un acta de inicio firmada por todas las partes con el objeto de la controversia, los honorarios y si comparecen solas o asistidas. El encargo puede hacerlo una sola parte (art. 15.3), y el acta final y la certificación llegan al terminar, con acuerdo o sin él.

En las acciones individuales de consumidores, la reclamación extrajudicial previa a la empresa, sin respuesta en plazo o con una respuesta no satisfactoria, ya cumple el requisito. Acudir a las entidades de resolución alternativa de consumo es posible («sin perjuicio»), pero no obligatorio.

El art. 15.1 habla de una persona con conocimientos técnicos o jurídicos, pero el 15.2 exige además estar inscrita como ejerciente en un colegio profesional (abogacía, procura, graduados sociales, economistas, notariado, registradores u otro reconocido) o como mediadora en los registros correspondientes. Los conocimientos solos no bastan.

El art. 18.3 da diez días hábiles, contados desde la comunicación del dictamen, para hacer observaciones o propuestas antes de aceptar la opinión. El mes es el plazo para aceptar la oferta vinculante (art. 17.4).

La oferta decae si se rechaza o si no se acepta expresamente en un mes o en el plazo mayor que fije quien la hace: se puede alargar, no acortar. Los diez días hábiles son los de la opinión de persona experta (art. 18.3).

El acuerdo es vinculante desde que se alcanza y cierra la puerta a una demanda con el mismo objeto. La escritura pública o la homologación no lo hacen vinculante: le dan valor de título ejecutivo (art. 13.2), que es otra cosa.

El art. 16.k encarga a la persona conciliadora que, si la parte requerida rehúsa participar, lo haga constar en el certificado que emita. Así quien la requirió tiene con qué acreditar el intento de negociación; archivar sin documento lo dejaría sin prueba.