La Carrera Judicial y el ingreso en ella

El art. 309 da una sola segunda oportunidad: quien no supera el curso puede repetirlo en el siguiente, con la nueva promoción, y si tampoco lo supera queda definitivamente excluido y decae su expectativa de ingreso derivada de la oposición aprobada. No pierde la oposición al primer suspenso, pero tampoco hay más repeticiones.

El art. 307.5 fija dos suelos: el curso teórico no puede durar menos de nueve meses y las prácticas tuteladas, menos de cuatro, que es también el mínimo del periodo de sustitución o apoyo. Seis meses se queda corto para el curso teórico y excede el mínimo de las prácticas.

El art. 311.7 las hace acrecer al turno de pruebas selectivas y de especialización, si estuvieren convocadas, y solo en otro caso al de antigüedad. El orden es ese y no el inverso, y no se guardan para el siguiente concurso de juristas.

El art. 301.7 da esa facultad al Ministerio de Justicia, que puede ejercerla en colaboración con las comunidades autónomas competentes, y añade que las comunidades autónomas con competencias en la materia tienen «iguales facultades». No es, por tanto, solo del Ministerio; y ni las Salas de Gobierno ni la Comisión de Selección con el Fiscal General figuran entre quienes pueden instarla.

Según el art. 304.2, lo designan de forma conjunta el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado. Al Pleno del Consejo le toca designar a los dos magistrados vocales, no al presidente; y el Ministerio de Justicia designa al abogado del Estado y al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 311.2 pide tres años de servicios efectivos como juez para ascender por escalafón y, «sin embargo», solo dos para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización, cualquiera que sea la situación administrativa del candidato. Las cifras no son intercambiables: la mayor es la del ascenso.

Según el art. 301.4, los aprobados optan por una u otra Carrera según el orden de la puntuación obtenida y de acuerdo con las plazas convocadas. La elección es suya y se hace al aprobar, no al inscribirse; ni la Comisión de Selección ni el tribunal los asignan: a la Comisión solo le toca fijar el plazo para optar.

El art. 313.7 limita la entrevista, de una hora como máximo, a acreditar la realidad de la formación jurídica y la capacidad que el candidato aduce con sus méritos, y prohíbe que se convierta en un examen general de conocimientos jurídicos. El dictamen es una prueba práctica distinta que prevén las bases (313.3).

El art. 311.1 reserva una tercera parte de esas vacantes a miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría. La reserva no es de dos tercios, y los fiscales no tienen cupo en este concurso: su vía de acceso a la Carrera Judicial es otra.

El art. 301.6 mira hacia delante: no se puede alcanzar la edad de jubilación durante el tiempo máximo que dure el proceso selectivo, hasta la toma de posesión, incluido, si es el caso, el curso de selección en la Escuela Judicial. No se corta en la solicitud ni en la lista de aprobados, y la toma de posesión entra en el cómputo.

El art. 305.1 da la presidencia a dos de sus miembros, un vocal del Consejo General del Poder Judicial y un Fiscal de Sala, que la ejercen «anualmente con carácter alternativo». El magistrado y los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos son miembros de la Comisión, pero no la presiden, y el Presidente del Consejo no forma parte de ella.

El art. 299.3 ata la categoría al ejercicio: «Sólo» la adquieren quienes efectivamente pasan a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros del Tribunal Supremo. No basta el nombramiento sin llegar a ejercer, ni el puesto en el escalafón, ni presidir una Sala de un Tribunal Superior de Justicia.

El art. 303 incapacita a los procesados o inculpados por delito doloso «en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento». La rehabilitación es lo que levanta la incapacidad de los ya condenados, no la de quien solo está procesado; y una sentencia firme condenatoria no la levantaría, así que no vale cualquier fallo.

El art. 300 encarga el escalafón al Consejo General del Poder Judicial, que lo aprueba cada tres años como máximo, y por períodos menores cuando haga falta, y se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Ministerio de Justicia no lo aprueba, y cinco años excede el máximo que fija la ley.

El art. 308.2 dispone que toman posesión ante el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que quedan adscritos. No es el Presidente ni la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia, ni el Director de la Escuela Judicial.