El depósito para recurrir

La disposición adicional decimoquinta exime al Ministerio Fiscal y a las Administraciones territoriales con sus organismos autónomos. Fuera de la disposición, otras leyes eximen a más: la Ley 1/1996, por ejemplo, a quien tiene reconocida la asistencia jurídica gratuita (art. 6.5). La acusación popular es justo lo contrario: en el orden penal es la única parte a la que se exige el depósito. Los colegios profesionales y las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público, pero la LOPJ no las exime.

Sin depósito no se admite el recurso. Si el defecto no se subsana, se dicta un auto que pone fin al trámite y la sentencia recurrida queda firme. El decreto contra el que cabe revisión es la otra vía de la misma regla, y solo vale para el recurso de reposición contra una resolución del letrado de la Administración de Justicia, que aquí no es el caso. La ley no deja seguir el recurso sin depósito ni da un segundo plazo.

El apartado 4 excluye del depósito la reposición que la ley exige con carácter previo a la queja. Un ejemplo de reposición previa a la queja es la que prevé la Ley reguladora de la jurisdicción social contra el auto que pone fin al trámite de la casación o que declara desierto el recurso (arts. 210.4 y 223.3). Las otras tres sí necesitan depósito según el mismo apartado. La diligencia de ordenación es una resolución del letrado de la Administración de Justicia, y el apartado 4 exige el depósito a quien recurre en reposición sus resoluciones. La providencia y el auto no definitivo son resoluciones del juez que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación, y recurrirlas también lo requiere.

La regla general de la disposición adicional decimoquinta es que los recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde requieren depósito en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. El penal no entra en la regla: allí el depósito solo se exige a la acusación popular, y por eso no son los cuatro órdenes. Dejar fuera el social, o cambiarlo por el penal, falla la regla; lo que el social tiene son excepciones, como la de los trabajadores en los procedimientos concursales.

Basta con que el recurso se estime en parte para recuperar todo el depósito, y la devolución se acuerda en la misma resolución que estima el recurso, no en un trámite aparte ni esperando a la firmeza. La ley no reparte el depósito según lo que se gane, ni lo da por perdido por no ganarlo todo: se pierde solo cuando se inadmite el recurso o se confirma la resolución recurrida.

Lo dice la propia notificación de la resolución que se puede recurrir: así la parte sabe, antes de recurrir, que tiene que consignar y cómo. Esperar a la admisión no tendría sentido, porque la admisión ya exige que el depósito esté consignado. El requerimiento para subsanar solo llega si el depósito tiene un defecto. Y una resolución firme ya no se puede recurrir.

La exención no se queda en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales: alcanza también a los organismos autónomos que dependen de ellos. La exención no distingue entre recursos: vale igual para la casación que para la apelación, y no la limita al Estado. Tampoco depende de que haya condena en costas, que es otra cosa: la ley exime a estas Administraciones y sus organismos sin condiciones.

El depósito se ingresa en una entidad de crédito, en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre del juzgado o tribunal, y tiene que acreditarse. La sección 13 del Ministerio de Justicia aparece en la ley en otro momento: es donde generan crédito los depósitos perdidos, no donde se consignan. La Caja General de Depósitos y el pago en metálico ante la oficina judicial no son lo que dice la ley.

La regla general es que quien recurre en reposición o en revisión una resolución del letrado de la Administración de Justicia constituye depósito. Pero la LOPJ exceptúa expresamente la revisión contra el decreto que resuelve una reposición, y por eso falla el «toda». La ley no condiciona la exención a que el decreto ponga fin al proceso ni a lo que pasara con el depósito anterior.

En estas acciones la ley protege a la parte laboral: el depósito solo lo constituye quien no tiene la condición de trabajador o de beneficiario del régimen público de la Seguridad Social. Exigírselo solo a los trabajadores da la vuelta a la regla; exigírselo a todos borra la exención, y no exigírselo a nadie la convierte en una exención general que la ley no da.

La regla general es que el depósito se pierde cuando se inadmite el recurso o se confirma la resolución recurrida. En la reposición contra una resolución del letrado de la Administración de Justicia, la ley retrasa ese momento hasta que la resolución recurrida sea firme, porque todavía puede discutirse por otra vía. Por eso no se pierde con la notificación del decreto que desestima. Tampoco se devuelve siempre ni depende de las costas.

Lo que se pierde no va a la otra parte ni al Consejo General del Poder Judicial. Queda afectado a las necesidades del Ministerio de Justicia y se destina en concreto a pagar la asistencia jurídica gratuita y a modernizar e informatizar por entero la Administración de Justicia. A la parte recurrida le compensan los gastos las costas, que son otra cosa.