Los derechos, los deberes, la jornada y los permisos de los funcionarios de Justicia

El art. 498.3.a).4.º declara incompatible con la función de los Cuerpos Especiales emitir certificados médicos de defunción, salvo que se presten servicios en el Registro Civil y solo en el ejercicio de esas funciones. La ley no abre ninguna otra puerta: ni una autorización del Instituto, ni hacerlo gratis fuera de la jornada, ni que no haya un proceso abierto.

El art. 498.2 exige la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con competencias asumidas. El Consejo General del Poder Judicial gobierna a jueces y magistrados, no a los Cuerpos de funcionarios, y ni la Presidencia del Tribunal de Instancia ni el letrado autorizan compatibilidades.

El art. 504.1 fija la licencia por matrimonio en quince días y la concede con plenitud de derechos económicos: el funcionario cobra todas sus retribuciones durante ella.

El art. 499.3 remite a los médicos forenses a las prescripciones de las normas procesales sobre la recusación de peritos. La regla general para el resto de funcionarios es la del apartado 2: los trámites de la recusación de los letrados de la Administración de Justicia, con sus excepciones.

La letra k) del art. 495.1 añade al Régimen General o al de Clases Pasivas el Mutualismo Judicial, regulado por el Real Decreto Legislativo 3/2000. Ninguno de los otros tres mutualismos figura en este artículo.

La letra l) del art. 497 nombra a los Abogados, los Procuradores y los Graduados Sociales. Mediadores, Registradores y peritos no figuran en esa lista. Los Graduados Sociales vuelven a salir junto a Abogados y Procuradores en las incompatibilidades de los Cuerpos Generales (art. 498.3.b).

El art. 500.1 la deja en una resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación con los sindicatos más representativos. Las comunidades informan, pero no la fijan cada una; el Consejo General del Poder Judicial informa el calendario laboral (art. 500.4), no la duración de la jornada, y la ley no pide real decreto.

El art. 501.1 lo atribuye al Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias asumidas y los Colegios de Abogados y Procuradores, y también fija los horarios y condiciones de la guardia. Al Ministerio y a las comunidades les toca otra cosa (art. 501.2): garantizar la asistencia y decidir, previa negociación sindical, cuántos funcionarios la prestan.

El art. 498.2 cierra la compatibilidad para una actividad privada a quienes desempeñen puestos con dedicación especial, y también a los médicos forenses y técnicos facultativos que dirijan o subdirijan los Institutos de Medicina Legal o el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Trabajar en una Oficina de Justicia, en un servicio común o en jornada de mañana y tarde no la excluye por sí solo. La ley general a la que remite el 498.1 atiende a las retribuciones complementarias del puesto, no a dónde se presta el servicio.

El art. 499.2.c) da al recusado el día siguiente a la recepción del escrito. Cinco días es otro plazo del mismo apartado, pero no del recusado: es el del letrado, que dentro del quinto día, si el recusado niega la causa, practica las comprobaciones y remite lo actuado a quien ha de resolver (letra d).

La letra d) del art. 496 condiciona la huelga al mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia. El artículo no la somete a autorización del Ministerio, ni fija una proporción de plantilla, ni un plazo de preaviso.

Las licencias de la letra b) del art. 504.2, que dependen de las necesidades del servicio y de las disponibilidades presupuestarias, dan derecho a las retribuciones básicas y a las prestaciones por hijo a cargo. Sin limitación de haberes son las de la letra a), para los cursos de los planes de formación, y sin retribución alguna, las licencias por asuntos propios (art. 504.3).

El art. 504.3 pone el tope en tres meses cada dos años de servicios efectivos, y su concesión depende de las necesidades del servicio. No hay que confundir esta licencia por asuntos propios, sin sueldo, con el permiso retribuido por asuntos particulares del art. 503.1.

El art. 503.1 iguala los permisos de estos funcionarios a los de la Administración del Estado, con una única excepción que fija la propia LOPJ: el de asuntos particulares, que dura nueve días. Es la cifra que no hay que cruzar con la del TREBEP o la de la Administración General del Estado si se estudian a la vez: aquí rige la de la LOPJ.

El art. 500.4 pide el informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Las comunidades autónomas con competencias asumidas no informan el calendario: lo aprueban, junto al Ministerio de Justicia, cada uno en su ámbito. Informan, en cambio, la duración anual de la jornada (art. 500.1).

El art. 499.1 dirige la abstención a quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia; si la estima, al funcionario lo reemplaza quien deba sustituirle, y si no, sigue en el asunto. El letrado del que depende funcionalmente aparece en la recusación, donde instruye el incidente (art. 499.2.a), no en la abstención.

El art. 504.5 fija un máximo de doce meses prorrogables por otros seis. Pasados esos plazos, las licencias se prorrogan hasta la jubilación por incapacidad permanente o el alta, sin poder pasar nunca de treinta meses desde la solicitud de la licencia inicial: los treinta meses son el techo absoluto, no el primer tramo.

El art. 504.5 obliga a comunicar la imposibilidad de asistir el mismo día en que se produce, y a solicitar la licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo a aquel en que empezó la ausencia. Son dos cosas distintas: avisar es inmediato; pedir la licencia, al cuarto día.

El art. 503.1 reconoce iguales permisos y con la misma extensión que los de la normativa aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, y el 503.2 les da también sus mismos derechos económicos. Las comunidades autónomas conceden los permisos en su ámbito (art. 505.1), pero no fijan su duración, y el calendario laboral distribuye la jornada, no los permisos.

El art. 495.2 extiende a los interinos los derechos de los funcionarios de carrera en la medida en que la naturaleza de cada derecho lo permita, y para la Seguridad Social los integra en el Régimen General. El Mutualismo Judicial es, con el Régimen General o el de Clases Pasivas, lo que la letra k) reserva a los de carrera y en prácticas; MUFACE es la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado, no la de Justicia.