El régimen disciplinario de los funcionarios de Justicia

El procedimiento penal no impide iniciar el expediente; lo que se aplaza es la resolución, hasta la sentencia firme o el auto de sobreseimiento. Y las dos vías no se excluyen: puede recaer sanción penal y disciplinaria por los mismos hechos cuando no hay identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido. Es un supuesto distinto del art. 534.4, en el que los indicios de criminalidad aparecen durante la instrucción del expediente y lo que se hace es suspender su tramitación y ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El art. 535 enumera los derechos que el procedimiento disciplinario ha de garantizar al funcionario expedientado, y el último es actuar asistido de letrado o de los representantes sindicales que él mismo determine, sin limitarlo a una de las dos asistencias ni a un grado de falta.

El art. 534.1 nombra también a los letrados de la Administración de Justicia, aunque las faltas y sanciones de estos se regulan aparte (arts. 468 bis a 469 bis). Los fiscales tienen su propio régimen en su Estatuto Orgánico, y ni el personal laboral ni los peritos o intérpretes figuran en el art. 534.1.

Lo que convierte la negligencia en la custodia de documentos en falta muy grave es que dé lugar a su difusión o conocimiento indebidos (art. 536.a.6); sin eso, es falta grave (art. 536.b.4). Causar daño grave en los documentos es otra conducta, y la LOPJ la califica como falta grave (art. 536.b.9), no como muy grave.

Realizar actividades declaradas incompatibles por ley es falta muy grave (art. 536.a.12). Las otras tres son faltas graves (art. 536.b.7, b.14 y b.13): ejercer sin autorización una actividad que sí podía compatibilizarse, promover la propia abstención de forma claramente injustificada y obstaculizar las labores de inspección.

Incoar y tramitar los expedientes e imponer las sanciones corresponde al Ministerio y, para los funcionarios destinados en su territorio, a los órganos que determinen las comunidades autónomas con competencias asumidas. Pero la separación del servicio la acuerda el Ministro de Justicia en todo caso, también para quien está destinado en esas comunidades. El Consejo General del Poder Judicial es quien ejerce la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados, no sobre los funcionarios de los cuerpos.

Por falta muy grave, la suspensión va de un año a tres años; por falta grave, no excede de un año.

La LOPJ pone dos condiciones a la vez: que la falta sea muy grave o grave (no basta con las muy graves) y que de la inducción o el encubrimiento se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos. Las mismas condiciones alcanzan a los superiores que consintieren la falta. Ojo con el TREBEP, que no es la norma de esta pregunta: allí quien induce incurre en la misma responsabilidad que el autor, sin exigir daño, y la condición del daño grave solo se pone al encubrimiento.

La LOPJ gradúa la misma conducta por su calificativo: la desobediencia grave o reiterada es falta muy grave (art. 536.a.10), y la desobediencia expresa es falta grave (art. 536.b.1); en los dos casos, salvo que las órdenes sean manifiestamente ilegales. «Abierta» es el calificativo del TREBEP para su falta muy grave, no el de la LOPJ.

Para estos funcionarios, las faltas prescriben a los dos meses (leves), a los seis meses (graves) y al año (muy graves). Cuatro meses, un año y dos años son los plazos de prescripción de las sanciones ya impuestas (art. 540.4), no de las faltas. Y no hay que cruzarlo con el TREBEP, cuyos plazos son otros.

El traslado forzoso impuesto por falta muy grave impide volver a obtener destino en el municipio de origen durante tres años. El año es el plazo cuando el traslado se impuso por falta grave.

Es falta grave la tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses. Por debajo de eso, la ausencia injustificada por un día es falta leve (art. 536.c.4).

La LOPJ fija cuatro principios para graduar las sanciones: la intencionalidad, el perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos, el grado de participación en la comisión de la falta y la reiteración o reincidencia.

Cuando el traslado forzoso supone pasar del territorio de una comunidad con competencias asumidas al de otra, lo acuerda el Ministro de Justicia, y el informe favorable que se exige es el de la comunidad a cuyo territorio se traslada al funcionario sancionado, es decir, la de destino.

El plazo vuelve a correr si el expediente queda paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al funcionario. El mes es la paralización que reanuda la prescripción en la Ley 40/2015 (art. 30.2), no en la LOPJ.