Los órganos de gobierno de los tribunales y las Salas de Gobierno

Primero entra el sustituto (art. 151.5); si también cesa, el puesto es para el candidato no elegido que obtuvo mayor número de votos (art. 151.6). Las elecciones parciales son el último recurso: solo se convocan si no quedan candidatos. El Consejo General convoca las elecciones y dicta sus instrucciones, pero no designa a nadie para el puesto, y la ley no lo deja vacante.

En todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y con la propia LOPJ. Que una comunidad autónoma haya recibido traspasos en materia de Justicia no le recorta ese ámbito, y tampoco se limita a los órganos de ámbito estatal. Las Salas de Gobierno no le restan territorio: el mismo apartado las hace actuar con subordinación al Consejo.

El art. 149.2 suma a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia a los Presidentes de las Audiencias Provinciales de la comunidad autónoma, además de un número igual de jueces y magistrados elegidos por la Carrera Judicial destinada en ella. De las Audiencias Provinciales entra su Presidente, no su magistrado más antiguo; las Presidencias de Sección de los Tribunales de Instancia no tienen puesto por su cargo, y la Fiscalía no forma parte de los órganos de gobierno de los tribunales.

El 152.1.4.º permite completar provisionalmente la composición de las Salas cuando, por circunstancias sobrevenidas, lo exige el funcionamiento del servicio, pero «siempre sin perjuicio de respetar el destino específico de los magistrados de cada Sala». No fija un plazo en meses, no pide la autorización previa del Consejo General del Poder Judicial y no limita la medida a los magistrados suplentes.

El art. 104.1, que abre el libro dedicado al gobierno del Poder Judicial, nombra dos principios: unidad e independencia. La jerarquía y la autonomía aparecen en otros lugares de la LOPJ, pero no son los principios con que el art. 104.1 organiza el Poder Judicial; por eso cae cualquier opción que lleve una de las dos, aunque la acompañe uno de los principios buenos.

El art. 149.2 integra en la Sala a las Presidencias de los Tribunales de Instancia liberadas totalmente del trabajo jurisdiccional «con la consideración de miembros electos a todos los efectos», aunque no hayan pasado por la elección. No las hace miembros natos, no les quita el voto y no las coloca como suplentes de nadie.

El 152.1.9.º refiere los datos de la memoria al 31 de diciembre y manda que contenga, en todo caso, las medidas que se consideren necesarias para corregir las deficiencias advertidas. Los asuntos se detallan por Sala —iniciados, terminados y pendientes, con el año en que se iniciaron—, no por magistrado, y la fecha de referencia no es la del año judicial.

Seis miembros, a partes iguales: tres natos y tres electos (art. 149.3). Los designa el Pleno, que también cubre las vacantes, y la Comisión se renueva cada año en la misma proporción, presidida por quien ejerza la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Ni son ocho, ni el reparto da mayoría a los natos.

La regla del art. 106.1 es que las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en su propio Tribunal; la de la Audiencia Nacional las ejerce, además, sobre el Tribunal Central de Instancia. Los Tribunales de Instancia de Madrid y las Audiencias Provinciales quedan bajo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad (art. 106.2), y ese Tribunal Superior tiene la suya propia.

El 152.2.4.º les encarga tomar conocimiento de los planes, aprobarlos provisionalmente —con las correcciones que procedan— y remitirlos al Consejo General del Poder Judicial, que es quien los aprueba definitivamente; después, velar por su cumplimiento. La aprobación definitiva no es suya, los planes les llegan ya elaborados y el Ministerio de Justicia no interviene en ellos.