El ingreso, la promoción y la condición de funcionario de Justicia

Cuando el curso o las prácticas son selectivos, el art. 485.1 da una segunda oportunidad y solo una: quien no lo supera puede repetirlo en el siguiente curso, al que se incorpora con la nueva promoción (no con la suya), y si tampoco lo supera pierde el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera. La calificación sirve siempre para fijar el orden de prelación, pero si el curso es selectivo, además, hay que superarlo.

El art. 491 no hace una lista propia: remite al régimen del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, del libro V, tanto para adquirir la condición de funcionario de carrera como para perderla. El distractor tentador es el Estatuto Básico, al que la LOPJ sí remite para los sistemas de acceso (art. 484), pero no para la pérdida de la condición. Las comunidades autónomas gestionan personal, pero no fijan las causas de pérdida.

El art. 487.2 reparte así los tribunales que se constituyen en esas comunidades: dos de cada cinco vocales los propone el órgano competente de la comunidad. Proponer no es nombrar: todos los miembros de los tribunales los nombra el Ministerio de Justicia. El reglamento fija la composición, que en todo caso ha de tener un número impar de miembros.

El art. 485.2 les da la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y obligaciones que establezca el reglamento. No son interinos —el interino se nombra para cubrir una necesidad del servicio, no para formarse en un proceso selectivo— ni personal laboral, y tampoco quedan sin vínculo mientras dura la formación. Ese curso o esas prácticas pueden hacerse en los centros de formación de las comunidades autónomas o en las Oficinas judiciales de su territorio (art. 485.3).

El art. 490.2 obliga a convocar cada año procesos de promoción interna por un número de plazas equivalente a la mitad de las que la oferta de empleo público incluye para cada cuerpo, y además de ellas: no se restan del nuevo ingreso. La cuenta se hace cuerpo a cuerpo. Aparte, el Ministerio puede convocar con carácter extraordinario procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias lo aconsejen.

El art. 490.3 fija el concurso-oposición, en los términos del reglamento de ingreso, provisión de puestos y promoción profesional, y con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ni la oposición sola ni el concurso de méritos solo: se combinan. Las convocatorias pueden eximir de las pruebas sobre conocimientos ya exigidos para entrar en el cuerpo de origen y valorar los cursos de formación superados, pero eso no cambia el sistema.

El art. 488.3 da prioridad a quien ya es funcionario: los puestos que se ofrecen al nuevo ingreso tienen que haber pasado antes por un concurso de traslado. Lo que queda se adjudica a los nuevos según sus peticiones y el orden obtenido en el proceso selectivo, y esos destinos no son provisionales: tienen carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

El art. 490.2 cierra las dos salidas, y lo hace «en ningún caso»: las plazas de promoción interna que no se cubren no pasan al turno libre ni se suman a la oferta de empleo público. Vale igual para la convocatoria anual ordinaria y para la extraordinaria («en ambos casos»), así que tampoco pueden decidir otra cosa las bases.

Las pruebas del acceso son comunes a todo el Estado (art. 483.2), y estas son la única salvedad: el aspirante elige si las hace, no pueden eliminarle en ningún caso y su puntuación solo cuenta, según el baremo que se establezca, para adjudicar destino dentro de esa comunidad. Ni son obligatorias para optar a sus plazas ni se vuelven eliminatorias para quien se presenta.

La prueba adicional del art. 483.5 no es una convocatoria nueva y abierta: está reservada a quienes llegaron al último ejercicio del proceso anterior. Haber aprobado solo el primer ejercicio no basta, y ser interino en esas plazas no da acceso a ella. Es una facultad del Ministerio («podrá convocar»), no una obligación.

El art. 482.5 reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes. Es un mínimo, no una cifra cerrada, y no basta con tener la discapacidad: quien opta por el cupo tiene que superar las pruebas selectivas y acreditar el grado de discapacidad y la compatibilidad con las funciones del puesto. Ninguna de las otras cifras aparece en el art. 482.

El art. 493 distingue dos grupos. A quien perdió la condición por la nacionalidad o por incapacidad permanente le basta con que desaparezca la causa objetiva; a quien la perdió por inhabilitación o por condena a pena privativa de libertad por delito doloso se le exige que estén extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su caso, cancelados los antecedentes penales. Cumplir la pena no basta, y la ley no fija un plazo de años. También pueden ser rehabilitados los separados del servicio por sanción disciplinaria.

El art. 490.5 da a quien accede por promoción interna preferencia, «en todo caso», para ocupar los puestos vacantes ofertados frente a los aspirantes que no vienen de ese turno. No depende de la nota ni de compararla con la del turno libre, y no consiste en conservar el puesto de origen: se elige entre los puestos vacantes que se ofertan. El mismo apartado exige la titulación del cuerpo o especialidad, al menos dos años de antigüedad en el cuerpo de origen y superar las pruebas.

El art. 482.1 manda que esas necesidades sean objeto de una oferta única y anual, elaborada con los criterios que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fija para el sector público estatal. No hay una oferta propia de cada comunidad autónoma para estos cuerpos, ni ofertas trienales, ni una oferta por cuerpo a demanda: la periodicidad y la unidad las fija la propia ley.

La prolongación es voluntaria para el funcionario, pero no automática: el art. 492.3 obliga a la Administración Pública competente a resolver de forma motivada si la acepta o la deniega. Pedirla a tiempo no basta para obtenerla, y la ley no la hace depender de un informe del superior jerárquico. El mismo apartado fija la jubilación forzosa de oficio a los 65 años y el tope de la prolongación en los 70.