Los institutos forenses y el registro de personal de Justicia

El art. 481.1 lo pone en el Ministerio de Justicia, que inscribe a todo el personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y anota todos los actos que afectan a su vida administrativa. Las comunidades autónomas no lo llevan: pueden establecer, si quieren, registros propios del personal que presta servicios en su territorio (art. 481.2), pero el central es uno y estatal. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no gestionan a este personal.

La regla del art. 480.6 es que los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional dependen jerárquicamente de su Director, y por eso es el distractor tentador; pero la misma frase añade la salvedad: o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios. El Facultativo trabaja para juzgados, tribunales y Ministerio Fiscal, que le piden análisis y dictámenes, pero eso no los convierte en sus superiores jerárquicos.

Lo autoriza el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia (art. 479.2). La comunidad autónoma con competencia en la materia interviene antes, con su petición, pero ni propone ni decide; y el Ministerio propone, pero no autoriza. El art. 479.2 no da ningún papel aquí al Consejo General del Poder Judicial. La autorización solo tiene sentido cuando la capital administrativa es distinta de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia.

El art. 479.1 los define como órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las comunidades autónomas con competencia en la materia: donde la comunidad la tiene, el Instituto es suyo. La adscripción al Ministerio en todo caso es la del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (art. 480.1), que no pasa a las comunidades; de ahí sale el distractor tentador. El Consejo General del Poder Judicial gobierna a jueces y magistrados, no los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, y no tiene Institutos adscritos.

El art. 480.1 da al Instituto Nacional una misión principal con tres piezas además de auxiliar a la Justicia: contribuir a la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. La valoración integral y la asistencia especializada a las víctimas son de las unidades de valoración forense integral de los Institutos de Medicina Legal (art. 479.3). Con esos Institutos el Instituto Nacional actúa como centro de referencia en las materias de su actividad (art. 480.1.f), no como inspector; y la ley no le encarga formar ni acreditar a los médicos forenses.

El art. 479.7 da a los médicos forenses dos destinos posibles: un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Trabajan para juzgados, tribunales y fiscalías, y también informan a solicitud del Registro Civil (art. 479.5), pero lo hacen desde el Instituto: ni la Sección de Instrucción ni el Registro Civil son su destino, y cualquier opción que los incluya sobra.

El art. 479.2 ata el Instituto al Tribunal Superior de Justicia: habrá uno en cada ciudad donde este tenga su sede oficial. La Audiencia Provincial y la Fiscalía Provincial darían un Instituto por provincia, y el Tribunal de Instancia, uno por partido judicial; ninguna de esas sedes es la que fija la ley. Que el Gobierno pueda autorizar después otros Institutos en las demás ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior, con el ámbito de actuación que se determine, es una salvedad que no cambia la sede de partida.