La oralidad, la publicidad, la lengua y los medios técnicos

El art. 233 declara secretas las deliberaciones y el resultado de las votaciones, «sin perjuicio» de lo que la propia ley dispone sobre la publicación de los votos particulares: esa es la única puerta que deja abierta. Ni la petición de una parte, ni un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, ni la firmeza de la sentencia levantan el secreto de la deliberación.

El art. 230.1 no deja el uso de la tecnología a la elección del órgano: juzgados, tribunales y fiscalías «están obligados» a utilizar los medios que se pongan a su disposición. Los únicos límites que fija son los de la protección de datos personales —el capítulo I bis del mismo título y la normativa orgánica sobre la materia—, no el consentimiento ni la oposición de las partes, ni un acuerdo de la Sala de Gobierno.

La regla del art. 230.3 es la prohibición: lo grabado y documentado en soporte digital no se transcribe. La excepción solo la abre la ley, y «expresamente»; no basta con que lo pida una parte ni con que el juez lo acuerde por su cuenta. Por la misma razón es falso el «en ningún caso»: la ley puede prever supuestos de transcripción.

El art. 229.3 admite la videoconferencia, u otro sistema similar, para las declaraciones, los interrogatorios, las vistas y las demás actuaciones del 229.2, y le pone una condición sin excepciones: asegurar «en todo caso» la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. No exige que las partes consientan el medio, ni que el letrado esté junto a quien declara, ni la asistencia de un perito: lo que la ley protege es la defensa, no una presencia física.

El art. 235 bis hace público el acceso a los datos personales de los fallos condenatorios firmes por ciertos delitos contra la Hacienda Pública, y el letrado de la Administración de Justicia ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La excepción mira a la reparación: no se aplica si el condenado o, en su caso, el responsable civil satisfizo o consignó la totalidad del perjuicio antes de la firmeza. Ni la clase de pena, ni un recurso de amparo, ni la intimidad del condenado la evitan.

El art. 235 abre las resoluciones, o algunos de sus extremos, y otras actuaciones a quien acredita un interés legítimo y directo sin ser parte, pero condiciona el acceso a la protección de los datos personales que contengan: disociación, anonimización u otra medida, con pleno respeto a la intimidad y a la garantía del anonimato de las víctimas cuando proceda. No pide el consentimiento de las partes, ni que la resolución sea firme, ni un informe del Consejo General del Poder Judicial.

El art. 231.4 da plena validez y eficacia a lo actuado y presentado en la lengua oficial de una comunidad autónoma «sin necesidad de traducción al castellano». La traducción de oficio queda para los supuestos que el mismo apartado enumera y, según la STC 105/2000 (FJ 12), para cuando el juez no comprenda el documento; en ningún caso condiciona su validez, que no espera a una traducción, ni jurada ni de oficio.

El art. 232.2 fija la periodicidad y el día: el primer día hábil de cada semana, con la fecha y la hora de cada señalamiento, el tipo de actuación y el número de procedimiento. Velan por ello los letrados de la Administración de Justicia, y la publican los funcionarios competentes de la oficina judicial. No es al cierre de la semana, ni una relación quincenal o mensual.

El art. 231.2 permite a jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios usar «también» la lengua oficial propia de la comunidad, sin petición de las partes ni autorización de nadie. Su único límite es que una parte se oponga alegando que la desconoce y que eso puede producirle indefensión. Y no distingue entre actuaciones orales y escritas: las resoluciones no quedan fuera.

El art. 234.1 encarga esa información a los letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios competentes de dos oficinas: la judicial y la fiscal. Dejar fuera la oficina fiscal o reducirlo a los letrados es quedarse con media frase. Tampoco hace falta una resolución del juez: la ley manda facilitar la información que el interesado solicite.