Los letrados de la Administración de Justicia: el cuerpo y su estatuto

Todo letrado tiene una categoría personal, y para consolidarla debe desempeñar puestos de esa categoría al menos cinco años continuados o siete con interrupción: la ley alarga el plazo cuando el desempeño no ha sido seguido. Las dos cifras van juntas, y ninguna de las otras parejas aparece en el artículo.

El art. 445.1 equipara las situaciones administrativas y la jubilación de los letrados a las de Jueces y Magistrados: se declaran en los mismos supuestos y con los mismos efectos. Es la trampa del capítulo, porque en derechos y deberes la remisión es otra: el art. 444.1 los iguala a los del libro VI. Ni el Estatuto Básico del Empleado Público ni el reglamento orgánico fijan el régimen de las situaciones de los letrados: lo fija la remisión del art. 445.1.

El reemplazo es inmediato: el letrado recusado deja paso a su sustituto legal desde el momento en que se presenta el escrito de recusación, sin esperar a la admisión, a su informe ni a la resolución. En la abstención es distinto: allí el sustituto legal solo entra si la abstención se confirma.

El sustituto es el último recurso del art. 451: primero se acude a la suplencia por otro letrado, y solo si no es posible y existe disponibilidad presupuestaria se nombra un sustituto, que debe tener la titulación exigida para ingresar en el Cuerpo. La falta de voluntarios no abre esa puerta: entonces se designa con carácter forzoso al suplente ordinario (art. 451.2). Ni la vacante sin concurso ni la duración de la ausencia son, por sí solas, la condición.

El art. 444.2.d) da a las asociaciones profesionales de los letrados el derecho a ser oídas en todas las materias que afecten a su estatuto orgánico. Es un derecho a ser oídas por materia, no por cada convocatoria. La productividad no se negocia con ellas: su cuantía individual la fija una resolución del Ministerio de Justicia previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas (art. 448.4). Y la ley no les da ningún papel en la libre designación.

Para los puestos del Tribunal Supremo, el art. 450.1 no deja elegir el sistema: van por libre designación y con un listón propio, que suma dos antigüedades. Al menos veinte años en la primera o la segunda categoría, en una de ellas o entre ambas, y quince años de servicio en el orden jurisdiccional que corresponda a la plaza.

En la convocatoria ordinaria, las vacantes del turno libre se ven «acrecentadas» por las de promoción interna que no se cubran, y todas se cubren por oposición o, en su caso, concurso-oposición, dentro de las previsiones presupuestarias. Que no puedan pasar al turno libre es la regla contraria, y la ley la reserva al proceso extraordinario que se convoca cuando no hay oferta de empleo público.

La regla del art. 441.3 tiene dos piezas: no se puede empezar a consolidar una categoría superior sin haber consolidado antes la inferior, y aun así el tiempo en un puesto de categoría superior cuenta para consolidar la inferior. Por eso ese tiempo no se pierde, pero tampoco sirve para la superior. Y no vale para las dos a la vez: el art. 441.4 impide usar el mismo periodo para consolidar categorías diferentes.

El art. 442.1 nombra los dos sistemas y los jerarquiza: la oposición es el sistema ordinario de ingreso y el concurso-oposición libre tiene carácter excepcional, con pruebas de conocimiento de contenido análogo a las de la oposición libre. Los dos deben garantizar igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Lo de los años sin oferta de empleo público es otra cosa: el proceso extraordinario de promoción interna del art. 442.2, no un sistema de ingreso libre.

El letrado debe abstenerse en los mismos casos que los jueces, y su abstención se formula por escrito motivado dirigido al Secretario Coordinador Provincial, que es quien la decide. Si la confirma, al letrado lo reemplaza su sustituto legal; si la deniega, sigue actuando en el asunto. No la decide el órgano judicial en el que sirve el letrado, ni los órganos superiores del Cuerpo.

El art. 450.1 exige para estos nombramientos el informe previo del órgano competente de la comunidad autónoma: la comunidad informa, pero no propone ni tiene que dar su conformidad. Además, el sistema de provisión de cada puesto debe constar en las relaciones de puestos de trabajo. El nombramiento del Secretario de Gobierno tiene un régimen propio (art. 464.3), que no es el de estos puestos.

El art. 442.3 pide para el ingreso, «cualquiera que sea su forma de acceso», ser español y licenciado en Derecho, no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, y superar las pruebas selectivas y el curso teórico-práctico. No deja margen a la convocatoria ni distingue entre plazas: la nacionalidad española es requisito para entrar en el Cuerpo, por cualquier turno.

El art. 441.1 fija que el ingreso tiene lugar por la tercera categoría. La numeración va de abajo arriba: la primera es la más alta, y a ella no se llega al entrar, sino consolidando categorías con años de desempeño. Tampoco depende del puesto que se obtenga en la primera adjudicación: todo letrado entra por la misma categoría.

El proceso extraordinario del art. 442.2 es la excepción a la regla de que la promoción interna se convoca con la oferta de empleo público: cabe cuando no hay oferta y las circunstancias de la Administración de Justicia lo aconsejan, previa autorización del ministerio competente en función pública, y su tope es el quince por ciento de las plazas vacantes. Además, las plazas que no se cubren en él no pueden ofertarse después por turno libre.

A la recusación de los letrados se le aplica el art. 223, el de los jueces, pero con excepciones, y una de ellas cambia quién resuelve: la pieza de recusación la resuelve el Secretario de Gobierno. Si el recusado reconoce la causa y esta es legal, el Secretario de Gobierno lo tiene por recusado mediante decreto, contra el que no cabe recurso. No la resuelve el juez del asunto ni ningún órgano de gobierno de los tribunales.