Las funciones de los letrados de la Administración de Justicia

Con grabación, la vista puede celebrarse sin el letrado, en los términos que prevea la ley, pero «en todo caso» el letrado garantiza la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido: así se mantiene su fe pública sin estar presente. La ley no le pide transcribir la grabación ni revisarla con las partes, y sus funciones no se delegan (art. 452.1).

Organizar la dación de cuenta es responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia, y cómo se realiza lo dicen las leyes procesales. El funcionario de Gestión es el distractor tentador: el artículo 476.1.a le encarga gestionar la tramitación «de la que dará cuenta» al letrado, es decir, da cuenta, pero no organiza la dación de cuenta. El juez es su destinatario, no quien la organiza.

El artículo 452.1 reparte tres principios según la función: legalidad e imparcialidad rigen en todo caso; autonomía e independencia, en el ejercicio de la fe pública judicial; y unidad de actuación y dependencia jerárquica, en todas las demás funciones. Esta última es la tentadora, pero es la de las otras funciones, no la de la fe pública. Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación son principios de la Administración pública del artículo 103 de la Constitución, no de este artículo.

La fe pública judicial es del letrado de la Administración de Justicia «con exclusividad y plenitud». La capacidad de certificación que el artículo 476.1.b da al Cuerpo de Gestión en las comparecencias no es fe pública compartida: se limita a lo que ese funcionario practica y firma. Tampoco cabe delegarla (art. 452.1), y en las vistas grabadas sin el letrado la fe pública no pasa al juez.

Las funciones del letrado no se delegan ni se habilitan. La única salvedad es la que la propia ley prevé en el artículo 451.3: cuando no haya letrados suficientes para las entradas y registros simultáneos acordados por un único órgano judicial de la Audiencia Nacional, los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa pueden intervenir como fedatarios en sustitución del letrado. Es un supuesto excepcional fijado por la ley, no una delegación que acuerde un superior; y la ausencia de un letrado se cubre por suplencia de otro letrado (art. 451.1 y 2), no por habilitación.

La Comisión la integran el Ministerio de Justicia, una representación de las comunidades autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Las Cortes Generales aparecen en el artículo 461.2, pero como destinatarias de la información estadística, no como miembros de la Comisión.

El artículo 453.4 es tajante: en el ejercicio de la fe pública no precisan de la intervención adicional de testigos. La fe pública del letrado basta por sí sola, y la ley no hace excepción para los actos fuera de la sede, para el otorgamiento de poderes para pleitos (que el letrado autoriza y documenta según el 453.3) ni para cuando lo pida una parte.

Los letrados elaboran la estadística y los Secretarios de Gobierno respectivos velan por su cumplimiento contrastando la veracidad de los datos. La Comisión Nacional de Estadística Judicial aprueba los planes estadísticos y fija criterios uniformes (art. 461.3), y el Consejo General del Poder Judicial es uno de sus integrantes y de sus destinatarios (art. 461.2), pero ninguno de los dos contrasta los datos.

El artículo 456.2 enumera cuatro clases de diligencias, en una lista cerrada: de ordenación, de constancia, de comunicación y de ejecución. «De investigación» no figura entre ellas.

Las resoluciones de tramitación del letrado se llaman diligencias, y pueden ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución. Los decretos son otra resolución del letrado, reservada a admitir la demanda, poner término a un procedimiento de su exclusiva competencia o razonar su decisión (art. 456.3); los acuerdos son sus resoluciones gubernativas (art. 456.5). Las providencias son resoluciones de jueces y tribunales (art. 245.1.a), no del letrado.

La regla es que el letrado tiene competencias en la ejecución, cuando lo prevean las leyes procesales; la excepción son las competencias que esas leyes reservan a jueces y magistrados. No es una materia solo judicial, ni se limita a ejecutar sus propios decretos. Documentar los embargos es una función del Cuerpo de Gestión (art. 476.1.c), y proceder a ejecutarlos, del de Auxilio (art. 478.b): no definen la competencia del letrado.

Las cantidades y valores, consignaciones y fianzas se depositan en las instituciones que se determinen, siguiendo las instrucciones que se dicten, y el letrado responde de ese depósito. La custodia «en los locales dispuestos a tal fin» es la regla del artículo 459.1 para otra cosa: los bienes y objetos afectos a los expedientes y las piezas de convicción de las causas penales.

Las resoluciones gubernativas del letrado son acuerdos. Los decretos y las diligencias son resoluciones procesales (art. 456.2 y 3). «Instrucciones» es la tentadora: el artículo 457 habla de las órdenes e instrucciones con que el letrado dirige al personal de la Oficina judicial, pero no es el nombre que la ley da a sus resoluciones gubernativas.

La ley exceptúa directamente los autos y expedientes formados para la instrucción de causas penales seguidas por delito; el reglamento puede añadir otros, en especial por su valor cultural, social o histórico. Que se aportaran documentos originales no impide la destrucción: lo que la ley prevé es que antes el letrado dé audiencia a las partes para que pidan su desglose.

El letrado dirige al personal de la Oficina judicial en el aspecto técnico-procesal, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estime pertinentes. No es una dirección disciplinaria ni retributiva, y lo jurisdiccional es de jueces y magistrados. El artículo 454.2 lo dice en la misma clave: dirección del personal «en aspectos técnicos procesales».

El decreto es la resolución del letrado para tres casos: admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. La diligencia de ordenación sirve a la tramitación ordinaria (art. 456.2), el acuerdo es su resolución gubernativa (art. 456.5) y el auto es una resolución de jueces y tribunales (art. 245.1.b), no del letrado.

La regla general es la destrucción a los seis años desde la firmeza de la resolución que puso término de manera definitiva al procedimiento. Antes, el letrado concede a las partes que estuvieron personadas una audiencia no inferior a quince días (no años) para que pidan el desglose de los documentos originales que aportaron.

Las normas de reparto las aprueban las Salas de Gobierno; el letrado no las hace, garantiza que el reparto se haga conforme a ellas y responde del registro de recepción de documentos. La Junta de Jueces es la tentadora: en los Tribunales de Instancia propone las normas de reparto, pero quien las aprueba es la Sala de Gobierno (art. 167.1). Ni el Consejo General del Poder Judicial ni los Secretarios de Gobierno las aprueban.